Más allá de la imagen mediática construída por su participación en casos resonantes, la verdadera perfomance de una fiscal se debe medir por los números de su gestión que, por ejemplo, su superior directo presentara en su último informe. Según el -hasta hace pocos meses- fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, la titular de la Unidad Especial de Violencia y Corrupción Institucional Karina Bartocci solo arribó a dos acusaciones concretas sobre sus investigados: una tuvo lugar en el año 2015 y la restante en 2016. El informe cerró en febrero de este año y fue presentado en la Facultad de Derecho. A su favor Bartocci tiene una acusación realizada en el último mes a un grupo de policías de General Lagos, organizados en banda. No mucho más. En rigor, si, bastante, pero en contra: su participación este año en la investigación de las causas de la muerte de la bibliotecaria María de los Angeles Paris, ocurrida en la seccional 10º, donde son más los errores y demoras, que los avances. El listado de cuestionamientos a la funcionaria, tuvo su epítome la última semana, cuando intentó salir a negar que la mujer había muerto a golpes aunque reconociendo que su cuerpo presentaba muchos moretones. Sus superiores actuales, no se la dejaron pasar, y le hicieron un severo llamado de atención.

Los números fríos son los siguientes: "Desde su creación hasta el día 24 de febrero de 20117 se han celebrado 181 (ciento ochenta y uno) audiencias imputativas, 1299 (mil doscientas noventa y nueve) desestimaciones y archivos, 7 (siete) mediaciones, 1 (una) acusación presentada formalmente, 6 (seis) acusaciones en condiciones de presentarse, 4 (cuatro) detenidos, 7 (siete) procedimientos abreviados, y 51 (cincuenta y uno) investigaciones concluidas por el pago mínimo de la multa.

Un dato duro de esta misma estadística es el alto nivel de desestimación de denuncias, en el orden del 40 por ciento. "Al 24 de febrero, las causas ingresadas ante esta Unidad Fiscal Especial de Violencia y Corrupción Institucional, sumaban 3100, de las cuales 1.350 causas fueron desestimadas y/o archivadas, lo que implica que para aquella fecha  tramitaban 1.750 causas".

Conforme surge de la información del sistema, los delitos más denunciados son: casi la mitad son por Incumplimiento de los deberes de funcionario público; una de cada tres por Apremios Ilegales, una de cada diez por Amenazas, y el resto distribuídos en porcentajes menores por Lesiones, Allanamientos Ilegales y Hurtos.

Pero para ser didácticos podemos comparar un año entero de trabajo de Bartocci, a saber el 2016: aquí se puede ver claramente que ingresaron 1535 denuncias: 95 radicadas en comisarías, 243 en Centros Territoriales de Denuncias, 211 en fiscalías, 404 en Asuntos Internos, 156 en la División Judicial, y otras 426 bajo el rubro "otros". Según aclara el resumen oficial en "Otros"‑ se comprenden aquellas denuncias que fueron derivadas a esta Unidad por parte de los Juzgados (en su mayoría correspondientes a menores que denuncian apremios en el marco de su declaración indagatoria), del Colegio de Jueces (denuncias radicadas por los imputados en el marco de la audiencia imputativa), del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, otras Unidades Fiscales, Ministerio de Seguridad y Justicia (I.R.A.R‑ Instituto para la Recuperación del Adolescente de Rosario)".

Aquí no hay ningún desagregado que permita evaluar este ítem formal en Bartocci, pero de la simple consulta sobre las denuncias de menores, solo se conocen movimiento en la causa de Brian Fernández, impulsada en organismos internacionales y mediáticamente por el entonces defensor general Gabriel Ganón. Del resto, no hay demasiadas noticias.

Ahora bien en todo el 2016, la fiscal de violencia institucional, con más de 1500 causas en su escritorio, solo concretó 127 audiencias imputativas, y declinó seguir 827 causas, archivándolas o desestimándolas. Llevó adelante 3 mediaciones, una sola acusación y arribó a seis abreviados. Finalmente puede exhibir que 19 expedientes concluyeron con el pago de una multa.

De todas maneras, no todo parece negro en el horizonte de esta fiscalía: "para este año 2017, se aspira proponer al Ministerio de Seguridad medidas que pongan fin a la problemática sobre las intervenciones de la policía mediante la utilización de armas 'antitumultos con balas de goma', ya que de acuerdo a las investigaciones realizadas se advirtió que se carece de protocolo de acción y utilización de ese tipo de arma. Se cree que de haber instrucción en cómo actuar en estas situaciones, se bajaría el número de lesionados con balas de goma y las denuncias", resumía Jorge Baclini, que pretende llevar a toda la provincia esta estructura.

O tan solo como ejemplo, para develar al forma con la que se trabaja en un crimen donde la fuerza policial está más que sospechada, vale citar que la familia Paris les dijo a los fiscales que a más de dos semanas de la muerte de la bibliotecaria en la seccional 10º, no se habían peritado los celulares de los policías. La fiscal Bartocci manifestó que el personal de la Policía Federal Argentina le ha expresado que "tienen gran cantidad de pericias para realizar y esta no es prioridad".