El gobierno nacional encargó a la consultora internacional Deloitte la revisión de los sistemas de seguridad de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a raíz de la publicación aquí de las sumas blanqueadas por el hermano presidencial, Gianfranco Macrì (622 millones de pesos); el hermano de la vida, Nicky Caputo (465 millones); el presunto comprador de la constructora familiar de los Macrì, Marcelo Mindlin (770 millones); un primo del jefe de gabinete Marcos Peña Braun, que además fue empleado de Socma y actuó en representación de Macrì en la compra de unos terrenos en Salta, Alejandro Jaime Braun Peña (109 millones), y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín, Manuel Torino (353 millones de pesos). Deloitte es la filial argentina de  Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), una sociedad privada del Reino Unido de Gran Bretaña, más confiable para el Poder Ejecutivo que la línea de la AFIP, integrada al fin de cuentas por empleados argentinos del Estado Nacional. 

Cuestiones patrimoniales

Todos los empleados jerárquicos de la AFIP se han convertido en un blanco móvil, mientras el gobierno trata de determinar el origen de la filtración, por métodos informáticos pero también informales. Voceros oficiosos y divulgadores a sueldo afirman que la preocupación no obedece a los datos ya filtrados, sino a los que puedan venir de ahora en adelante y a la via por la cual quedaron desprotegidos. La familia presidencial, se sabe, es numerosa, y además de hermanxs comprende consortes, cuñadxs y suegrxs que están desde hace una semana en estado de alerta. Las cuñadas presidenciales Leila y Zoraida Awada y su suegra, Elsa Esther Baker, ingresaron al blanqueo. Esto no quiere decir que los pocos millones de pesos que declararon sean originados en negocios del presidente o conseguidos con su favor. Pero dada la permisibilidad de este sindiceramiento fiscal, que entre la ley y el decreto distorsivo no excluyó a nadie, tampoco es posible descartarlo. Por más que el blanqueo haya borrado el delito previo, y por eso se lo considera una autoamnistía, la información colocada sobre la mesa permite inferir la magnitud de la fortuna de cada quien y sirve como referencia a socixs comerciales y compañerxs sentimentales. Así como el perro es el mejor amigo del hombre se sabe que la exposa puede ser su peor enemiga. En la familia presidencial hay antecedentes. Lo sabe Mariano Macrì, a quien Maria France Peña Luque acusó de haber incurrido en insolvencia fraudulenta luego de la separación para eludir sus reclamos. En la misma lógica se inscribe el espionaje a Néstor Leonardo, quien era el esposo no deseado por la familia de Sandra Macrì. En un alto de la batalla judicial con sus hijos, el patriarca Franco Macrì asumió la responsabilidad pese a que las escuchas se realizaron con recursos del gobierno de la Ciudad que encabezaba su primogénito. Franco no se casa y concluye sus relaciones afectivas con tal prodigalidad que modifica el horizonte vital de las beneficiarias. En 2007, cuando Maurizio accedió al gobierno porteño, Franco se resignó a colocar la propiedad de las constructoras e inmobiliarias familiares a nombre de su sobrino Angelo Testaferra, de modo de simular que no existía conflicto de intereses. La venta se planteó en términos de generosidad excepcional que no se consiguen fuera de la familia. Pero luego de cerrado el trato, Franco acusó a su hijo de ingratitud e intentó retomar el control. La respuesta fue el reclamo de que se lo declarara incapaz. Cada uno arrastró a una parte de la famiglia. Junto con Maurizio litigaron Gianfranco y Mariano Macrì. Franco, en cambio, conservó la adhesión de las dos hermanas de Maurizio, Sandra y Florencia. La cuestión se renegoció para no obstruir el camino hacia la presidencia. El siguiente episodio fue descargar sobre los mismos hombros la responsabilidad por las empresas en guaridas fiscales descubiertas por los Panama Papers. Franco, que ha cultivado las relaciones con el poder como un activo principal con todos los gobiernos que se sucedieron en más de medio siglo, no haría una excepción justo cuando un miembro de la familia ocupa el Poder Ejecutivo. Pero entre los empresarios calabreses la paz es sólo una pausa en el combate ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Franco reconociera a otrx hijx que reclamara su parte de la herencia?

Marcela Rocca (izquierda, con el primo Paolo) y Elena Bonatti Rocca: blanqueo millonario en una rama lateral de la familia.

Días de furia

La presunta indiferencia por las publicaciones sobre la familia es desmentida por la reacción furibunda del gobierno. El viernes, el relator de fútbol que distribuye por televisión las informaciones y opiniones que le suministran los servicios oficiales anticipó posibles consecuencias de la furia presidencial. Con una pantalla divida entre el detenido dirigente marítimo Caballo Suárez y el secretario general del sindicato y la Federación de Empleados de Edificios, Víctor Santa María, el operador dijo que es intención oficial que el próximo sindicalista privado de su libertad sea el director del Grupo Octubre, al que pertenece este diario. Además de invertir los excedentes en emprendimientos culturales y educativos (medios de comunicación, una universidad, teatros) Santa María es parlamentario del Mercosur y preside el Partido Justicialista de la Capital, de modo que la comparación con Suárez es un desborde de rencor sin asidero y constituye una amenaza abierta a la libertad de buscar y difundir información de interés público por parte de un medio fundado hace tres décadas y en cuya redacción Santa María no tiene injerencia. En el tratamiento parlamentario el presidente Maurizio Macrì debió sacrificar el artículo que castigaba con pena de prisión y multa igual al valor de los bienes exteriorizados a los medios y periodistas que publicaran datos sobre el blanqueo. Por eso la intimidación no es al periodista ni al medio sino a Santa María en su carácter de dirigente sindical.

La ley y el decreto posterior que la enmendó fueron diseñados a la medida de la familia presidencial y del sector del patronato que la acompaña en el gobierno: 

  • Permiten beneficiarse a todos los familiares de los funcionarios.
  • No exigen repatriar todos los bienes fugados del circuito económico. Una vez declarados pueden permanecer fuera del país.
  • No obligan a explicitar desde qué fecha forman parte del patrimonio, con recursos de qué origen fueron adquiridos ni qué porcentaje de la fortuna personal o societaria constituyen.
  • La multa fijada para regularizar la situación es irrisoria: 1, 5 o 10 por ciento según el momento de la presentación y el mecanismo elegido entre diferentes opciones. Esto es en el mejor de los casos un tercio de la escala máxima del impuesto a las ganancias, que es del 35 por ciento y por una sola vez.
  • También se minimizó lo que deben pagar por el impuesto a los bienes personales, al elevarse el monto no imponible, disponerse el pago sobre el excedente del mínimo y ya no sobre el total de los bienes y reducirse la alícuota en forma progresiva hasta un insignificante 0,25 por ciento. De este modo se hizo añicos el impuesto progresivo por excelencia, con el inverosímil argumento de que sería difícil de fiscalizar.

Aparte del sumario interno que instruye el administrador Alberto Abad, la AFIP formuló una denuncia penal que quedó a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. La primera víctima fue el subdirector de sistemas y telecomunicaciones, Jorge Enrique Linskens, quien fue reemplazado por el subauditor interno Néstor Abelardo Sosa. Linskens fue un funcionario de confianza de Macrì durante su desempeño como alcalde porteño, como director de la Agencia de Sistemas de Información de la CABA. Hace apenas tres meses, fue objeto de una alabanza del diario La Nación. En el editorial del 30 de mayo, “Resistencia temprana, reconocimiento tardío” fue mencionado como ejemplo de la prevalencia de los justos como alternativa a la victoria del corrupto. La nota citaba a Linskens y Sosa, junto con Jaime Mecikovsky, entre los “valientes bravos inspectores, jefes de regionales, subdirectores y directores” que desde 2007 investigaron los negocios de Lázaro Báez, “aun a sabiendas del riesgo que corrían” y que se concretó en “una increíble ristra de expulsiones, renuncias forzosas y cesantías que se cobró la cabeza de quienes honestamente se habían empecinado en hacer cumplir la ley”. La nómina se completa con Javier Zabaljauregui, Esteban Mengarelli, Sebastián Paladino, Manuel Rodríguez, Carlos Blanco, Silvia Huici, Gustavo Uría, Pablo Legardón, José Luis Giordano, Norman Williams, Fabiana Comes, y Marcelo Costa, quienes según el diario fueron “desalojados de sus oficinas y despojados de sus cargos, igual que sus jefes de entonces y de ahora Horacio Castagnola en la DGI y Alberto Abad en la AFIP. No es la primera causa judicial que los involucra. Mecikovsky era el abastecedor de información confidencial de las diputadas Margarita Stolbizer y Elisa Carrió. Hace dos meses el doctor Glock sobreseyó a ambas heroínas republicanas, a Castagnola y a Mecikovsky, aunque el caso dista de estar concluido, ya que durante los allanamientos se encontraron carpetas oficiales e información confidencial en computadoras personales, cuya finalidad no es obvia. En la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones de la AFIP queda registro de cada consulta a las bases de datos, que sólo puede hacerse con claves específicas de seguridad. Esa práctica tiene al menos tres décadas, cuando los jóvenes renovadores que llegaron con Alfonsín para cambiar la política descubrieron que antes debían financiarla. Mecicovsky alegó que esa información fue plantada durante el allanamiento.

 

El día de la tradición

El endeudamiento externo y la simultánea fuga de capitales constituyó el modo de acumulación de la oligarquía diversificada y transnacionalizada desde la hiperinflación de 1975 hasta la crisis de fin de siglo. Se revirtió durante la larga década kirchnerista y se reanudó a todo trapo en 2016. El Grupo Macrì no quedó al margen. Nunca será suficiente insistir en que esos sectores no fugan un ahorro realizado sobre sus consumos, que son suntuarios y no reconocen ciclos ni crisis, sino la inversión, que sustraen del circuito económico local. 

Al concluir la dictadura, cuando el actual presidente tenía 24 años, las empresas de la familia habían contraído deudas en el exterior por 170,3 millones de dólares, que fueron socializados por el Banco Central. A valores actuales, aplicando los índices de precios al consumidor de los Estados Unidos, esa suma equivale a 410,4 millones de dólares.

Luego de la crisis de 2001, cuando la fuga de capitales financiada con el blindaje y el megacanje vació las arcas del Banco Central y succionó con ese torbellino al gobierno de la primera Alianza, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora que presidió el diputado justicialista cordobés Eduardo Di Cola, un hombre de consulta conveniente, ya que luego fue interventor del Correo Argentino, cuando el Grupo Macrì dejó de pagar el canon convenido. El informe de la Comisión sobre Fuga de Divisas fue publicado en 2003. Sobre esos datos, el Area de Economía y Tecnología de Flacso que dirige Eduardo Basualdo ordenó en una tabla de mayor a menor a los 50 grupos empresarios o firmas con mayores transferencias de divisas según tipo de empresa. Con 112 millones de dólares sacados del país en 118 operaciones el Grupo Económico Local Macrì-Socma ocupa el puesto 37 en el ranking de esos predadores.