Como parte del movimiento por los derechos civiles en la década de 1960 se estructuraron Estados Unidos los primeros grupos en defensa de los derechos de las personas homosexuales, que por entonces padecían no sólo discriminación social sino también castigos penales. Una regla de oro del movimiento era la solidaridad entre sus integrantes, que sólo admitía una excepción: aquellos gays o lesbianas que no sólo ocultaran su condición, sino que en forma hipócrita tuvieran actitudes públicas de condena de la homosexualidad o de alguna persona homosexual. En tales casos era aceptable revelar la condición oculta del farsante. Esto se llamaba “outing”, salir (o sacar) del closet.

Aquella lógica puede aplicarse también a otros campos de actividad. En abril de este año, Mirtha Legrand http://www.lanacion.com. ar/mirtha-legrand-t46972 interrogó al senador nacional Juan Manuel Abal Medina http://www.lanacion.com.ar/juan-manuel-abal-medina-t46880: 

–¿Usted, qué era del Abal Medina que intervino en el asesinato del general Aramburu?

El dirigente del Movimiento Evita respondió con sobriedad: 

–Era mi tío. 

La conductora interrogó entonces a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich http://www.lanacion.com.ar/patricia-bullrich-t48176:

–¿Vos sos montonera o fuiste montonera? 

–No, yo fui de la JP –respondió. 

La conductora explicó que le había anticipado la pregunta, por temor a que de otro modo se levantara de la mesa y se fuera. Sentadas esas amables reglas del juego, Bullrich contó que fue cuñada de Rodolfo Galimberti y que en su casa de infancia conoció a Cámpora y al padre de Abal Medina. Es decir, conoció la historia de oídas.

Ahora que Bullrich acusa a cualquier grupo que protesta contra la política oficial de violentos e incluso de terroristas, es oportuno consignar lo que ella decía sobre el tema hace tres décadas. El suyo es uno de los testimonios que Oscar Anzorena recogió para su Historia de la Juventud Peronista (1955-1988), publicado por Ediciones del Cordón. Su testimonio comienza así, en la página 199: “Yo me voy del país en el 77 y vuelvo en el 79. En ese momento nosotros producimos una fractura en Montoneros, en el exterior con Galimberti a la cabeza. Yo me vuelvo en enero del 79, clandestina”. 

En la página 201 y 202 agrega: “Había muchas contradicciones, no sólo por lo que plantéabamos sino por el solo hecho de haber pertenecido a Montoneros, había una barrera muy grande. En ese momento plantear el tema de la JP era para que te bajaran la cortina. Todo el 82, el 83, fueron terribles; un macartismo muy grande. Todo tipo que venía de ahí era mirado con horror; eso también nos llevó a una política de amplitud y a tener que reacomodar muchas cosas en nuestro discurso. Además el hecho de venir de afuera del país y no haber vivido el último momento del peronismo a nosotros nos había congelado en una idea, en un discurso, y al principio eso chocaba mucho. Intentábamos meter algunas cosas; me acuerdo que el primer logro enorme fue una reunión de JP en el Sindicato del Tabaco, que había compañeros de distintos barrios, y nosotros logramos poner en un documento la palabra ‘desaparecido’. Fue un triunfo terrible. Así que imaginate lo que era desde nuestro discurso. Había sido el eje fundamental con que nos movíamos fuera el país hacia las otras fuerzas políticas, era el centro de nuestro discurso: ‘¿Qué es la dictadura? Los desaparecidos’. Y acá era una cosas que ni se la nombraba. Había un gran miedo en la juventud a plantearse alguna relación con el pasado y no podían independizar el hecho de reconocer como jóvenes peronistas la existencia de ‘desaparecidos’ por lo que había sido la represión, con que por eso no los tildaran de Montoneros. Entonces fue un momento muy difícil porque nosotros teníamos que ceder permanentemente”. 

La concesión fue tan permanente, que aún no ha concluido. A tantos años de distancia, es evidente que algunos participaron en defensa de convicciones y principios y otros por mera avidez de poder y que cualquier configuración les viene bien para alcanzarlo.

En eso se parece a otro notorio converso, Jorge Lanata. En su columna de ayer en Clarín rectificó algunas afirmaciones del sábado anterior, porque alguien le hizo saber que había proferido con aire de superioridad un par de burradas. Jorge Asís detectó que cuando se le acaban los argumentos de una discusión, más temprano que tarde recurre al insulto. Acomplejado ante los escritores e intelectuales que escribían en PáginaI12, llegó a firmar una columna en tiempo presente sobre el alcalde de Madrid Tierno Galván, sin saber que llevaba muerto más de un año antes de la aparición del diario, y otra donde exhibía su cultura con una cita de Lacanne, así con dos enes y e final. Como un campeón maduro que cada vez desciende hacia rivales menos dignos de su fama, sus últimos rounds fueron con un pibe de once años y con un preso político aborigen, al que se encargó de menoscabar con modo paternalista y perdonavidas. Gracias a internet por lo menos escribirá bien los apellidos que sólo conoce de oídas.

La semana pasada escribió: “Desaparición forzada de personas es un plan sistemático para que la gente desaparezca. ¿Realmente pensás que Macrì tiene un plan sistemático para que la gente desaparezca? Que la Gendarmería con un mapa dijo vamos a secuestrar veinte mapuches y los metemos en un pozo y los vamos matando? La campaña internacional con esto es de un cinismo increíble, hijo de puta y cínico. Decí que gobierna para los ricos, que no se le entiende cuando habla, pero no que chupa gente. Es muy difícil rebatir algo cuando es tan delirante

Pongamosle que fue la GN. Lo cagaron a palos y se les fue. Sabes como se llama eso, asesinato. Ahí no hay una cosa política de abuso de autoridad para hacer desaparecer gente. Se murió un tipo, es terrible, que vaya en cana el que lo mató o los que colaboraron pero no podés decir plan sistemático de desaparición de nadie porque es una frivolidad, parecemos tarados. Terrorismo de  Estado era la ESMA, los torturaban y los mataban. El que estaba vinculado con la represión pero de otra manera era el padre de Noceti porque fue abogado en el juicio a las juntas en favor de uno de los milicos”.

Nada de todo eso es cierto, y ayer ya se había enterado. Lo que no tuvo es la decencia de reconocerlo. Sin duda, tanto la convención interamericana, de 1994, que  entró en vigor en 1996, como la internacional, de 2006, que rige desde 2010, reconocen como uno de sus antecedentes el plan sistemático aplicado por varias dictaduras latinoamericanas. Pero tienen raíces más profundas, como que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas se formó en 1980, en plena dictadura argentina, y se extienden a situaciones posteriores, por lo cual el preámbulo del tratado americano dice que “subsiste la desaparición forzada de personas”. Ambas convenciones dicen que la práctica sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad, mas no lo circunscriben a esa condición. Desaparición forzada tampoco connota terrorismo de Estado, expresión que ninguna de las dos convenciones emplea. 

Como delito masivo, que se comete en el contexto de un ataque masivo y generalizado contra población civil, ya había sido regulado por el Estatuto de Roma, incorporado a la legislación argentina en diciembre de 2006. Entre los muchos proyectos al respecto, hubo uno de Graciela Fernández Meijide, Federico Storani, Mario Negri y Nilda Garré, elaborado por Raúl Zaffaroni y Alicia Olivera, lo cual expresó un amplio consenso del arco democrático. Cuando se debatió en el Congreso, en 2011, Ricardo Gil Lavedra precisó que “el delito de desaparición forzada figura también como uno de los desagregados del Estatuto de Roma como delito de lesa humanidad”, que la Argentina aprobó a través de la ley 26.200. “Pero son colectivos, es decir, cuando esa desaparición forzada forma parte de un ataque sistemático o generalizado a una población civil. El que estamos incorporando ahora es de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y trata de un caso individual que no forma parte de ese ataque sistemático”. Igual que el caso de Santiago Maldonado.

En ambas convenciones, el requisito no es el carácter sistemático ni el terrorismo de Estado sino que el delito lo cometan agentes del Estado o personas que actúen “con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona” o de “la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.  Por eso, el artículo 142 ter del Código Penal amenaza con pena de hasta 25 años de prisión “al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”. Si la víctima muere, la pena será de prisión perpetua”. La ley también reformó el Código Procesal Penal: modificó el artículo 33, de modo que la investigación recaiga en la  justicia federal, e introdujo el 194 bis y el 215 bis, para que el juez deba “apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando de las circunstancias de la causa surja que miembros de las mismas pudieran estar involucrados como autores o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha” y  no podrá archivar la causa “hasta tanto la persona no sea hallada o restituida su identidad”, que es cuando cesa de cometerse el delito.

Respecto del jefe del operativo, Pablo Noceti, Lanata ya sabe que fue él y no su padre quien defendió a los jefes operativos del terrorismo de Estado en Concordia, Entre Ríos, y en Santa Rosa, La Pampa y durante su desempeño descalificó los juicios como una forma de la venganza y negó que se tratara de crímenes de lesa humanidad. Lejos de pedirle la renuncia, Patricia Bullrich le está preparando un acompañamiento para que no se sienta aislado en el ministerio de Seguridad: el viceministro Gerardo Milman le ofreció la Dirección de Inteligencia Criminal a Carlos Manfroni, el ex columnista de la revista Cabildo, donde escribió que 

  • El progresismo es un infeccioso mal.
  • El materialista pueblo judío instruye a los hijos de Sión para conquistar el poder.
  • La ‘filosofía’ del rock conduce al deseo desesperado de la muerte e induce al suicidio, como lo demuestran las letras de las canciones de Charly García, Spinetta y Moris. Ofrece la posibilidad de convertirse en un animal o un marica.
  • La democracia y la libertad son productos de la hedionda Revolución Francesa, que para peor también fabricó el amor a la Humanidad, puro onanismo intelectual.
  • Toda deformación de la cultura debe ser considerada subversiva y, como tal, erradicada.

Lo recordé en diciembre de 2015, cuando Patricia Bullrich lo designó en la subsecretaría de articulación legislativa del ministerio de seguridad. Charly García dirigió una carta pública al ministro Hernán Lombardi. “Ahora, resulta que soy un animal, pervertido, drogadicto, homosexual, etc. Merezco una disculpa. Yo compuse “Los Dinosaurios”, y luché contra la dictadura y UN PELOTUDO está en contra de la Revolución Francesa???? De John Lennon??? Del amor??”. Terminó diciendo: “No cuenten conmigo, ignorantes”. Manfroni le pidió disculpas a García, dijo que ya no sostenía esas ideas de sus veinte años y que se cometía una injusticia con él. El gobierno ordenó ocultarlo, pero no por demasiado tiempo, porque el ex nacionalista ultramontano ahora es un liberal con sello de calidad certificada: dirige una Fundación de Etica Pública y un curso en la Universidad Católica auspiciado por la embajada de Estados Unidos sobre reglas contra la corrupción, es columnista del diario La Nación, reclama mano dura por la “hiperinflación de inseguridad”, objeta el criterio de la Corte Suprema sobre los crímenes de lesa humanidad y participa en las actividades del servicio de información de la embajada de los Estados Unidos, USIS. Su designación en la Dirección de Inteligencia Criminal, para lo cual no tiene la capacitación requerida, sugiere que esa dependencia será entregada directamente al FBI y la DEA.