Los miembros de la comunidad mapuche de Cushamen, que viene siendo perseguida y hostigada desde 2015, impugnarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe de la fiscal federal Silvina Ávila sobre la falta de pruebas contra esa fuerza de seguridad en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ocurrida durante la represión a esa Pu Lof en Esquel. Los abogados de Naturaleza de Derechos anticiparon a PáginaI12 el contenido de esa presentación: “Los testimonios ante la Procuraduría contra la Violencia Institucional son harto suficientes para investigar a todos los miembros de la Gendarmería Nacional que intervinieron en el procedimiento, incluido el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación Pablo Noceti que –conforme a esos mismos testigos– tuvo una participación activa y destacada en la represión del 1 de agosto, donde sucede la desaparición forzada de Santiago Maldonado”, dirán ante el organismo internacional que ya dictó medidas cautelares para que el Gobierno dé cuentas del paradero del joven e investigue lo sucedido.

“Tanto las consideraciones y el proceder del juez (federal Guido Otranto) y la fiscal, a un mes de los hechos, los coloca claramente en una situación de parcialidad, por lo que deberían ser apartados de la causa”. Los letrados de esa organización enfatizaron que “es falso y malicioso que digan que los mapuches obstaculizaron y obstruyeron la recolección de pruebas”, siendo que ambos funcionarios ni siquiera estuvieron presentes en los procedimientos”, y afirmaron que “tampoco es cierto que no haya elementos para investigar a la Gendarmería ni para no sostener la figura de la desaparición forzada”, como sigue insistiendo el Gobierno.

Esta semana el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj se mostró muy confiado al seguir sosteniendo el relato oficial sobre la supuesta falta de pruebas en el caso que responsabilicen a la Gendarmería. Y en la reunión que mantuvo con integrantes de los organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) argumentó que contaba con un informe de la fiscalía al respecto. Se trata del informe que la fiscal Ávila envió al Gobierno para que, a su vez, responda a los reclamos tanto de la CIDH como de la ONU sobre Maldonado y el rol del Estado en su desaparición. Allí la fiscal cuestionó la falta de colaboración de los mapuches y de la familia Maldonado, dijo que el gorro de Santiago usado en el primer rastrillaje lo aportó la comunidad cuando en los hechos lo halló la Policía de Seguridad Aeroportuaria (este diario publicó la foto) en presencia del defensor oficial Fernando Machado, y afirmó que los testimonios que hay contra los uniformados no pueden ser “judicializados”. Todo esto para concluir que las pruebas sobre la desaparición de Santiago a manos de los gendarmes son débiles. Ávila produjo el informe a pocas horas de cambiar la carátula a desaparición forzada. “Hay una evidente incoherencia, estaría al borde de una destitución”, comentó una fuente que sintetizó el malestar de la propia Procuración.

Los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana, de Naturaleza de Derechos, recordaron que “inmediatamente después de sucedidos los acontecimientos se puso en conocimiento de la CIDH un relato fiel de los hechos, conforme el testimonio de uno de los Werken (voceros) de la comunidad mapuche. Maldonado estaba en el territorio ancestral mapuche recuperado por el Pu Lof en Resistencia, cuando la Gendarmería, sin orden judicial, ingresó al predio disparando balas de goma y de plomo, y luego de culminado el procedimiento Santiago desapareció”. En este sentido, los testimonios de los comuneros del Pu Lof “que vieron a las fuerzas de Gendarmería Nacional aprehender a los golpes a una persona con los rasgos de Santiago a orillas del Río Chubut, como así también las particularidades del rastrillaje realizado días posteriores y las imágenes sobre cómo las camionetas de la fuerza del Estado que intervino en el procedimiento fueron indebidamente resguardadas por el juez federal actuante, Guido Otranto, en el mismo establecimiento de Gendarmería, fueron vitales para que la CIDH acogiera el pedido de una medida cautelar, solicitado desde Naturaleza de Derechos y otras organizaciones, en el expediente abierto ante dicho organismo interamericano por la represión sufrida por el Pu Lof en Resistencia el 10 y 11 de enero de 2017”.

En diálogo con PáginaI12, el abogado Cabaleiro recalcó que “la verdad es una sola y las pruebas están, la CIDH escuchó y atendió la versión de los hechos brindada por el Pu Lof en Resistencia, la Procuvin ya la tiene; sin embargo por parte del Estado, funcionarios judiciales y autoridades nacionales, no hay voluntad alguna para considerarla, sino todo lo contrario: ocultarla deliberadamente”.

La síntesis de la situación para estos querellantes se resume de esta manera:

n Son abiertamente falsos y maliciosos tanto los dichos de la fiscal subrogante Silvina Avila y el propio juez federal Otranto, cuando señalan en comunicados oficiales que los comuneros no colaboraron y hasta obstruyeron la realización de pruebas, en el primer rastrillaje en el territorio ancestral. Ninguno de los dos funcionarios judiciales participaron personalmente del procedimiento; y fueron los propios peritos los que consideraron innecesario continuar el rastrillaje del otro lado del Río Chubut. Doblemente falso es cuando se pretende esbozar que las prendas de Santiago habrían sido plantadas en el lugar.

n No es cierto que en el proceso judicial no haya elementos para investigar a la Gendarmería y no sostener que la principal hipótesis sea la de desaparición forzada de persona, dado que los testimonios sobre los hechos que refieren a que la Gendarmería se habría llevado a Santiago fueron prestados ante la Procuvin, dependiente de la Procuración Nacional, es decir, el Ministerio Público, al mismo que pertenece la fiscal Avila.

n La Procuvin tiene entre sus funciones principales intervenir como fiscal principal o coadyuvante en los casos que versen sobre hechos de la competencia de la Procuraduría, en todas las instancias; recibir denuncias y disponer y realizar las medidas necesarias respecto de hechos que importen la violación de derechos humanos. No considerar la línea de investigación que coloca en el foco a la Gendarmería, bajo el pretexto de que los testigos no prestaron esas declaraciones ante el juzgado (el mismo que los persigue, ordena los allanamientos en su territorio y avala las represiones), es un vil pretexto que no tiene fundamento jurídico.

n Son repudiables las mentiras y omisiones de los funcionarios judiciales, de sumo provecho para la campaña de desinformación desplegada por las autoridades nacionales y estigmatización coordinada de los grandes medios de comunicación. Además del hecho gravísimo de la desaparición de Maldonado, está la martirización de los pueblos indígenas con detenciones arbitrarias, persecuciones y hostigamientos constantes, como viene sucediendo contra el Pu Lof en Resistencia, a quienes se los enmarca como terroristas y autores de actos de vandalismo, sin prueba alguna.

n El Pu Lof en Resistencia, desde el primer momento se mostró abiertamente predispuesto al esclarecimiento de los hechos. Prueba de ello es todo el material y los testimonios que aportaron a la CIDH, sin olvidar que los comuneros fueron víctimas, ese mismo día que desapareció Santiago, (y el día previo), de la represión y de detenciones arbitrarias por parte del Estado. Su declaración ante la Procuvin fue inmediata. Por eso asumirán un rol activo en la causa.