El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó que estaba convencido de que la dirigente social Milagro Sala debe ser “liberada de inmediato”. Lo hizo a través de una carta que difundió ayer a través de la web del organismo internacional en la que afirmó que comparte las conclusiones del Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que hace poco más de un mes solicitó al estado argentino que le ponga fin a la prisión preventiva que mantiene a la líder de la Tupac Amaru encarcelada desde hace diez meses.
En su carta, dirigida a Sala, Almagro compartió “la preocupación” expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de organizaciones de la sociedad a nivel internacional y aseguró: “El más firme apego al pleno respeto de los derechos civiles y políticos, a la libertad de expresión, así como a las garantías del debido proceso y al no abuso del instituto de la prisión preventiva me convencen de la necesidad de su inmediata liberación”.
“Su caso, a estudio de la CIDH, me lleva a compartir las conclusiones del Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU”, según el cual “no se demostró en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad”, continuó Almagro en relación a Sala, que permanece detenida bajo la condición de prisión preventiva desde mediados de enero pasado.
Almagro sumó un “elemento que no puede ser desconocido” en la situación de Sala: su condición de diputada del Parlasur. En su carta, además, vinculó el encarcelamiento de la dirigente con los derechos de libertad de expresión y de protesta pacífica, que “constituyen un pilar fundamental que vigoriza la democracia y sin cuya existencia las garantías políticas carecen de contenido”.
En el caso de Sala, la restricción a la libertad de expresión “obra por la vía de una detención preventiva”, señaló. Destacó el “reconocido trabajo social en favor de los desposeídos” que desarrolla la referente de la Tupac, y que “enaltece el carácter de sus manifestaciones públicas en un continente y una región que por sus elevados índices de desigualdad la mejor distribución ha de ser siempre uno de nuestros objetivos prioritarios”.
La postura de Almagro llegó a pedido de la propia Sala, quien le envió una carta la semana pasada a través de una comitiva de diputados del Parlasur que la visitaron en el penal de mujeres de Alto Comedero, en la capital jujeña. El mensaje fue entregado en mano al presidente del Parlasur, Jorge Taiana y al vicepresidente Daniel Caggiani (uruguayo), quienes lo remitieron a Almagro.
En agosto pasado, Almagro había publicado una carta abierta a favor de Leopoldo López, el opositor antichavista condenado en Venezuela y sobre quien el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias se pronunció reclamando la liberación inmediata en términos similares a los que utilizó en el caso de la referente de la organización social jujeña Tupac Amaru.
En términos diplomáticos, Almagro señaló que confiaba en que “el estado argentino, en cumplimiento de los acuerdos interamericanos y universales, sabrá dar pronta cabida a las solicitudes recibidas desde la comunidad internacional”. Destacó como “un paso alentador en ese sentido” la invitación que el Ejecutivo coordinado por Mauricio Macri realizó la semana pasada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA, para realizar una visita al país.
Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de este año, imputada por “instigación” a raíz de un acampe de protesta frente a la sede del gobierno de Jujuy y, desde abril, se la investiga además por el presunto manejo irregular de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas populares, entre otras causas penales impulsadas por el fiscal de estado jujeño Mariano Miranda.
A fines de octubre, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas reclamó al Gobierno “liberar de inmediato” a la dirigente social por entender que su arresto es “arbitrario”. Tras recibir la denuncia del caso por parte de organismo de derechos humanos locales y de analizar informes solicitados al Gobierno nacional, el organismo sostuvo que “no fue convencido” por parte de las autoridades nacionales de que hubieran existido “elementos legales” para ordenar la prisión preventiva de la dirigente de la Tupac Amaru. También acusó a las autoridades de entregar “argumentos dogmáticos” en lugar de pruebas para justificar su encierro. A principios de noviembre, las organizaciones denunciantes Amnistía Internacional (AI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el colectivo de Abogados y Abogadas en Derechos Humanos y Estudios Sociales del Noroeste (Andhes) le pidieron al Estado nacional que informe las acciones que estaba realizando o que iba a realizar para cumplir con la resolución de la ONU. El Gobierno no solo no puso en marcha ningún mecanismo para liberar a la dirigente social, sino que la semana pasada respondió a la ONU con un informe en el que se desligaba de su responsabilidad y la transfería a la justicia y el Poder Ejecutivo de Jujuy, que sostiene que liberar a Sala es “peligroso”.
“Es muy clara la contundencia de la disposición del grupo de Tareas de la ONU, al que la semana pasada se sumaron otros dos comités de trabajo de las Naciones Unidas y ahora el máximo titular de la Secretaría General de la OEA, que no solo coincide con el análisis de la situación y la necesidad de liberar a Sala, sino que advierte que monitoreará la situación”, detalló Gabriela Kletzel, directora del Equipo de Trabajo Internacional del CELS. En ese sentido, apuntó que la “indiferencia” del Estado nacional es “inaudita”. “La situación de Milagro Sala debió haber cambiado hace mucho tiempo, esperábamos que la respuesta del Gobierno sería inmediata y urgente, pero eso no ocurrió”, añadió.
