La Policía Federal brasileña allanó este miércoles la casa de un sobrino del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de financiar y participar del asalto a la sede de los tres poderes en Brasilia durante los actos golpistas del 8 de enero contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. La 19º fase de la "Operación Lesa Patria" ejecutó 5 órdenes de prisión preventiva y 13 de allanamiento o registro expedidas por el Supremo Tribunal Federal en tres estados y en la capital, Brasilia, según un comunicado policial.
Según medios locales, una de las órdenes de allanamiento fue contra Leonardo Rodrigues de Jesus, conocido como Leo Indio y sobrino de Rogeria Nantes Braga, madre de los tres hijos mayores de Bolsonaro, todos ellos también políticos. En la campaña política de 2022 en la que no consiguió ser elegido como diputado regional del Distrito Federal de Brasilia, Indio se presentaba como sobrino de Bolsonaro y usaba la imagen del exmandatario en sus piezas publicitarias.
Se trata de la segunda vez que Leo Indio es incluido en la operación policial, después de que dejara constancia de su presencia en las inmediaciones del Congreso a través de sus redes sociales. A pedido de la Fiscalía, el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes también ordenó a Facebook, Instagram, Twitter y YouTube bloquear las cuentas y las claves bancarias de Indio y otros investigados por financiar las manifestaciones golpistas.
Leo Indio está acusado de recaudar dinero para mantener los campamentos golpistas que se instalaron en la puerta de los cuarteles de todo el país, en especial en Brasilia, para exigir un golpe militar. Según las autoridades, el objetivo de esta nueva fase de investigación "es identificar a las personas que incitaron, participaron y fomentaron los hechos ocurridos el 8 de enero", cuando bolsonaristas violentos invadieron y cometieron actos vandálicos en las sedes de los tres poderes.
¿Quién es Leo Indio?
El sobrino del expresidente compartía una propiedad con Carlos Bolsonaro en Río de Janeiro antes de mudarse a Brasilia en el primer año de gobierno de Jair Bolsonaro. Según el libro Tormenta de la periodista Thais Oyama, Carlos Bolsonaro buscó puestos para su primo en el Palacio de Planalto. Primero intentó conseguirle un lugar en la Policía Federal y luego otro en la Secretaría de Gobierno, pero en ningún caso tuvo éxito, de acuerdo al portal Brasil de Fato.
Leo Indio fue asesor del senador Chico Rodrigues, aliado de Bolsonaro. Pidió la renuncia después de que el parlamentario fuera sorprendido con 30 mil reales (seis mil dólares) en su ropa interior. Según la Policía Federal ese dinero provino del desvío de fondos del ministerio de Salud durante la pandemia.
Indio también fue nombrado asistente administrativo en la dirección del Partido Liberal en el Senado. Sin embargo fue despedido de su cargo luego de que un informe del portal UOL mostrara que Indio era en realidad un empleado fantasma. El 8 de enero el dirigente bolsonarista publicó en redes sociales una foto con varios golpistas detrás suyo y dijo que tenían los ojos rojos por los gases lacrimógenos.
El Congreso acusa a Bolsonaro
Desde el intento de golpe fueron detenidas más de 1.800 personas, aunque casi todos siguen respondiendo ante la justicia en libertad condicional por diferentes delitos. Hasta el momento 20 personas fueron condenadas con penas que llegaron hasta los 17 años.
Una comisión parlamentaria concluyó la semana pasada que Jair Bolsonaro, militares y políticos de su base tuvieron participación en los actos y pidió su acusación formal. Con 20 votos a favor y 11 en contra, el panel de 32 diputados y senadores responsabilizó al expresidente como "autor, sea intelectual o moral, de los ataques perpetrados contra las instituciones" que culminaron en la asonada.
Ahora queda en manos de la Fiscalía General evaluar el informe de más de 1.300 páginas y decidir si imputa o no a Bolsonaro, de 68 años, por cuatro delitos: golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho, violencia política y asociación criminal. De ser condenado enfrentaría hasta 29 años de cárcel, según los parlamentarios.
En total 61 personas, incluyendo exministros de Bolsonaro, fueron señalados de delitos por la comisión. Casi la mitad de ellos son militares o policías, como el general retirado del Ejército Walter Braga Netto y el secretario personal de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid. El informe parlamentario señala que ambos se adhirieron "subjetivamente a la conducta criminal de Jair Messias Bolsonaro y de otros individuos de su entorno, colaborando decisivamente para el resultado de los actos del 8 de enero de 2023".
La acusación contra Bolsonaro en el Congreso es el último de una serie de problemas legales para Bolsonaro, quien ya es investigado en la Corte Suprema por presuntamente instigar la asonada y fue declarado inelegible durante ocho años por desinformar sobre el sistema de votación.
