La preocupación sobre los casos de violencia institucional llegó a la Auditoría General de Gestión. Desde el organismo que controla a los fiscales se recomendó al Ministerio Público de la Acusación la inmediata intervención de la unidad fiscal de Corrupción y Violencia Institucional en causas de homicidio o tentativa, en las que haya personal de las fuerzas sospechado. La decisión fue celebrada por la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, pero advierten que ahora esa Fiscalía (cuyos números de gestión fueron publicados ayer por este diario) deberá dotarse de recursos y de una visión que consideran clave para ese tipo de investigaciones. "Esto es lo que logramos estando en la calle, con el reclamo permanente", celebraron desde la organización que acompaña a las familias en el reclamo de justicia por los pibes víctimas de "gatillo fácil".

En diciembre de 2016 el equipo jurídico de la Asamblea por los derechos de la niñez y juventud se reunió con el entonces fiscal general, Julio de Olazábal, para plantearle su preocupación con la forma en la que se investigan los crímenes en los que están sospechados agentes de las fuerzas de seguridad. En aquel momento, se solicitó una auditoría en las causas en las que investigaban la muerte de Carlos Godoy (asesinado en mayo de 2015 en Puente Negro. Dos agentes policiales dijeron que él intentó robarles y le dispararon), Maximiliano Zamudio (tenía 16 años cuando fue asesinado en mayo de 2015, en barrio Tablada, por un prefecto que lo acusó, también, de un robo) y Alejandro Ponce (ahogado en el río Paraná, en noviembre de 2015, cuando intentaba huir con su hermano de policías que los corrían acusándolos de ladrones). Además, se solicitó el apartamiento del fiscal Miguel Moreno, quien estaba a cargo de los legajos judiciales. Los abogados querellantes en ambas causas apuntaron a que Moreno tenía "un claro posicionamiento en favor de los autores de los homicidios, miembros de las fuerzas de seguridad".

Desde aquellos días, los abogados lograron que dos causas volvieran del archivo y que fueran asignadas a otros fiscales, pero siempre dentro de la Unidad de Homicidios Dolosos. Si bien la Auditoría no estuvo de acuerdo con el apartamiento del fiscal, que ya se había logrado a través de la Fiscalía Regional, a cargo de Patricio Serjal; sí emitió una resolución en la que sugirió "que todas las causas en las que se investigue a las fuerzas de seguridad recaigan en la fiscalía de Violencia Institucional desde un principio; así como la aplicación de los protocolos de Minnesota y Estambul. Es decir, que sean investigados desde la perspectiva de graves violaciones a los derechos humanos". "Es como debe ser", saludaron desde la Asamblea.

Para los integrantes de la organización, es "una victoria colectiva que se suma al desarchivo de las causas de Alejandro y Maximiliano, conseguidas también en el marco de la lucha en las calles contra la impunidad".

 

“Debe profundizarse la capacitación para investigar estos delitos en perspectiva de derechos humanos.”

 

Cuando la unidad a cargo de Karina Bartocci está siendo fuertemente cuestionada, la Auditoría dio un mensaje que deberá ser tomado en cuenta por la Fiscalía General. "Esta Auditoría, en uso de sus facultades, recomienda que en los hechos de homicidios o tentativas en los que de cualquier manera hayan intervenido fuerzas de seguridad policiales o del servicio penitenciario, en ejercicio de sus funciones o deber, la investigación debe ser asumida desde un principio por la Unidad de Violencia Institucional como respuesta contundente de política persecutoria", expresa el escrito firmado por la auditora María Cecilia Vranicich, que por primera vez ocupó ese puesto de control a los fiscales en abril de este año. Y agrega: "Debe profundizarse la capacitación para investigar estos delitos con una visión estratégica, con concepción de los derechos humanos".

Al mismo tiempo, la resolución apunta a que los investigadores de esta clase de delitos, donde el Estado debe tomar responsabilidad, deben "tener en cuenta los instrumentos internacionales de derechos humanos, además de las guías y principios de actuación, que indican la clara especificidad requerida al intervenir en investigaciones de hechos con apariencia de delito en los que hayan intervenido integrantes de las fuerzas de seguridad". En esa línea, menciona las guías de actuación como los protocolos de Estambul y de Minnesota. "Ambas establecen pautas generales para este tipo de investigación", aconseja.

En ese sentido, el abogado Nicolás Vallet recordó que fue insistente el pedido de que los casos sean tomados con otra visión. "Sugiere algo que venimos pidiendo en diferentes planteos. Hay casos gravísimos y vemos esto como positivo. La Auditoría apunta a que se cumplan protocolos que indican que la propia policía no puede investigarse cuando hay personal sindicado".

Por su parte, el abogado Salvador Vera habló de que la necesidad, ahora, será de recursos. "Tanto en cuanto al personal necesario, como en cuanto a los equipos para que se pueda trabajar por fuera de las fuerzas policiales y haya una investigación estrictamente judicial". En ese sentido, criticaron que actualmente, la fiscalía a cargo de Bartocci trabaja con personal de Asuntos Internos.