La defensa del ex vicepresidente Amado Boudou, encabezada por Eduardo Durañona, insistirá esta semana en que se haga una pericia sobre el origen de los fondos con que la compañía fantasma The Old Fund financió la compra y los movimientos de Ciccone Calcográfica. La presentación se hará ante el Tribunal Oral Federal (TOF) número 4 que, según la defensa de Boudou, viene denegando casi todas las pruebas pedidas. Lo que alega el ex vicepresidente es que él nunca fue dueño oculto de Ciccone, sino que lo fue Raúl Moneta, financiado por el banquero Jorge Brito, y que eso se probaría mostrando cómo fueron las entradas y salidas de dinero en The Old Fund. Por ahora, el tribunal es ampliamente desfavorable al ex vicepresidente, en especial a partir del juez más vinculado con el Gobierno, Pablo Bertuzzi, quien impulsó que el juicio se inicie el 3 de octubre, en plena campaña electoral.
La acusación contra Boudou tiene la siguiente secuencia:
- La imprenta que imprimía billetes y otros documentos de seguridad en la Argentina, Ciccone Calcográfica, estaba en quiebra, en especial por deudas con la AFIP.
- A través de su supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele, y de su amigo José María Núñez Carmona, Boudou se habría quedado con el 70 por ciento de las acciones de la imprenta. La maniobra habría consistido en que Boudou, con su influencia, iba a lograr el levantamiento de la quiebra de la calcográfica y a cambio la familia Ciccone, representada por el marido de una de las hijas, Guillermo Reinwick, entregaba la mayoría de la empresa (70 por ciento) y la familia se quedaba con el otro 30 por ciento.
- El instrumento para comprar y financiar la imprenta fue la empresa fantasma The Old Fund, cuyos accionistas y financistas ocultos aparecían en sociedades de Holanda, Uruguay, el paraíso fiscal norteamericano de Delaware y de Nueva York. El juez Ariel Lijo, que instruyó la causa, sostiene que Boudou estuvo detrás de estas compañías ficticias y que se quedó con la empresa.
Los delitos que habrá en juego en el juicio son cohecho –los Ciccone le pagaron una coima a Boudou con el 70 por ciento de las acciones y así salvaron la empresa– y negociaciones incompatibles con la función pública –es decir que Boudou se aprovechó de su puesto, por entonces ministro de Economía, para lograr levantamientos de la quiebra y contratos de fabricación de billetes.
Boudou niega ser el dueño de The Old Fund y, en cambio, pide que se rastree el origen del dinero. El ex vicepresidente sostiene que hubo un acuerdo entre Vandenbroele y Reinwick para refinanciar a Ciccone y que los que pusieron el dinero y se quedaron con la empresa fueron esencialmente Moneta y Brito. Por eso es que se pide la pericia sobre los fondos de The Old Fund. La defensa de Boudou señala que es fácilmente demostrable que ninguna de las sociedades le pertenecían al ex vicepresidente y que, en cambio, tenían vínculos con Moneta y Brito.
Además de la cuestión del origen del dinero, Boudou señala que la persona que quedó a cargo de la imprenta fue Máximo Lanusse, un hombre proveniente del Banco Macro, es decir de la empresa de Brito. El banquero fue citado a declarar a Comodoro Py como testigo, pero los abogados de los imputados no fueron notificados. Según esos letrados, Jorge Brito se desentendió, dijo que no sabía, que no conocía. Por el lado de Monetta, un préstamo decisivo para The Old Fund, sin garantías, vino de una de las empresas con las que el ex banquero compró radios en Buenos Aires.
En la acusación, lo que se señala como clave es que Boudou gestionó el levantamiento de la quiebra sugiriéndole a la AFIP, que conducía Ricardo Echegaray, que le otorgue un plan de pagos. Y luego lo imputan de haber gestionado también un contrato de impresión de billetes con la Casa de la Moneda. Boudou niega también esos cargos. Argumenta que como ministro no tenía autoridad sobre la AFIP, el Banco Central (que contrata la fabricación de billetes), ni la Casa de la Moneda (que concretaba la fabricación). Todo eso se debatirá en el juicio.
Lo que la defensa del ex vicepresidente asegura es que lo llevan a juicio, en plena campaña electoral, sin permitirle presentar las pruebas que –según él– son de máxima importancia. Por supuesto que sus abogados aseguran que nunca negoció con la familia Ciccone, que es mentira la existencia de una reunión y que todo lo que hubo fue un cruce de un minuto en un estudio de televisión. Justamente, uno de los obstáculos es que a Boudou no le permiten citar a testigos como Ricardo Echegaray, parte de la familia Ciccone, a Lanusse y otros personajes fundamentales, porque todos aparecen en causas conexas y, si declaran como testigos en este juicio, podrían autoincriminarse. Por eso, la defensa del ex vicepresidente insiste en que las dos causas colaterales (la actuación de The Old Fund en Formosa o la intervención de la AFIP) deben ser parte de un mismo proceso.
Los principales acusados en el juicio, que se iniciará a tres semanas de las elecciones de octubre, serán Boudou; César Guido Forcieri, que fue su jefe de gabinete en Economía; Vandenbroele; Núñez Carmona; Rafael Resnick Brener, funcionario de la AFIP; y Nicolás Ciccone, el miembro de la familia que entregó el 70 por ciento de las acciones. Curiosamente, el yerno de Ciccone, Guillermo Reinwick, que estuvo en el centro del caso, fue sobreseído.
Lo más llamativo de todo el proceso fue el apuro del tribunal, en especial el magistrado vinculado al Poder Ejecutivo, por empezar el juicio, sí o sí, antes de que la ciudadanía vaya a las urnas.
