La Sala I del Tribunal de juicio de la ciudad de Salta, integrada por Leandro Feans, Javier Araníbar y María Victoria Montoya Quiroga, condenó ayer a 12 años de prisión a un hombre  acusado por violencia sexual en perjuicio de su expareja y de la hija en común de 3 años de edad al momento de los hechos. Además, el tribunal ordenó la inmediata detención del hombre y lo privó de su responsablidad parental respecto de la niña víctima, teniendo en cuenta los artículos 700 inciso a y 700 bis inciso c del Código Civil y Comercial de la Nación.

Fue una jornada larga, además de lluviosa, la de este miércoles en la Ciudad Judicial en espera del veredicto. La audiencia de alegatos fue convocada para las 9.30 pero comenzó pasadas las 11. La sentencia se dictó a las 19. Organizaciones de la sociedad civil, entre éstas las que integran la Asamblea LesboTransFeminista de Salta, la Fundación Cintia Fernández, Alfa, entre otras, se concentraron en los tribunales provinciales y acompañaron el reclamo de justicia por Dulce (nombre ficticio que se le dio a la niña para resguardar su identidad) y su mamá, referenta de Madres Protectoras.

Los jueces y la jueza hallaron responsable al acusado de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo" en perjuicio de su hija de 3 años y de "abuso sexual con acceso carnal continuado" en perjuicio de su expareja y madre de la niña, todo ello en concurso real.

"Acá se hizo justicia, es lo que yo más resalto. Tenemos una lucha de hace mucho tiempo. Realmente patrocinar a (la denunciante) ha sido todo un desafío porque tiene muchísimas causas abiertas y no sólo es el proceso penal sino todas las causas conexas que se abrieron en relación a esta causa y hoy es un cierre. Es mucha emoción porque fue muy difícil pero yo creo que hoy hemos llegado realmente a garantizar el acceso a la justicia", manifestó a Salta/12 la abogada querellante Andrea Aparicio, quien representó a las víctimas desde el programa nacional Patrocinar.

Tanto la fiscala María Luján Sodero Calvet, la asesora de incapaces Noelia Pérez, como la querella ejercida por Aparicio solicitaron 13 años de prisión para el acusado.

"Se hizo justicia, se escuchó la voz de mi hija. Se escuchó mi voz. Estoy conforme. Tengo una larga lucha pero hoy puedo decir que fuimos escuchadas. Agradezco a la fiscal, al programa Patrocinar que me representa y a mi abogada, a la asesora de menores que también estuvo y se puso a disposición, que lograron ver lo que mi hija manifestaba a través de todas las pruebas que aportamos. Para mí fue muy duro pero aquí estamos de pie", dijo a Salta/12 la denunciante.

"Hoy me acompañó todo el feminismo, todas las organizaciones, los movimientos sociales, las compañeras, mi familia, para mí fue muy importante. Sobre todo, vinimos a plantar un precedente para otras causas, no es una causa más. El Poder Judicial tiene que emplear esta perspectiva de género y esta perspectiva de infancia que es lo que siempre manifiesto", expresó.

La presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández, quien acompañó toda la jornada de alegatos y sentencia, celebró el veredicto y que se haya hecho justicia por Dulce y su madre. Se mostró "sorprendida para bien" con los años de la condena. "Generalmente en los casos de abuso y de los que participé mucho y muchos eran de la Fundación, nunca hemos logrado una sentencia de 12 años, siempre eran de 8 o 9 años y me parece perfecto que los jueces hayan tenido una mirada totalmente distinta", sostuvo.

Fernández también consideró acertada la orden de detención inmediata del hombre declarado culpable, porque "corremos el riesgo de que cuando no son detenidos inmediatamente hasta que ellos apelen y quede firme la sentencia te pueden llevar dos o tres años. Entonces, mientras tanto ellos gozan de la libertad y andan por la vida sin ningún remordimiento". Además, indicó que de lo contrario se corre el riesgo de que el agresor se acerque a las víctimas.


En su alegato la fiscala Sodero Calvet destacó la credibilidad del testimonio de la víctima adulta, expareja del acusado, lo cual además se sustenta en las pericias psicológicas realizadas que dan cuenta de la falta de mendacidad o fabulación y de un daño y avasallamiento a su sexualidad. 

"(Al acusado) Se le atribuye el haber ejercido violencia sexual sobre ella en reiteradas oportunidades forzándola a mantener relacones sexuales en contra de su voluntad con expresa negativa de ella, torciendo su voluntad a través de la fuerza física, doblegándola en un contexto de violencia en el que ella se hallaba inmersa desde tiempo atrás", sostuvo Sodero Calvet.

"Esas situaciones de abuso sexual, ese sometimiento en el que ella se veía inmersa dependían de un contexto particular, por lo cual no sólo había un ejercicio de violencia física sino también un ejercicio sostenido de violencia de diversa índole, violencia física, psíquica, verbal. En este contexto se producen estas agresiones sexuales que (...) ella no puede repeler, se encuentra imposibilitada de salir de este círculo de violencia y también de dar a conocer esto en su momento, de sacar a la luz esta situación", dijo.

La fiscala citó diversos informes, entre ellxs los que realizó la Oficina de Violencia Familiar y de Género, que dan cuenta de un grave riesgo para la víctima. Asimismo señaló que intervino el Polo de las Mujeres con un informe en el que solicitó que se promueva la causa penal para proteger a la madre y a la niña.

La denunciante se separó del ahora condenado en 2019, tras un hecho de violencia de género en él que la golpeó e intentó pegarle a un hijo de ella. Esa vez lo denunció por estos hechos. 

La denuncia por la violencia sexual a la niña surgió en junio de 2023, después de una visita a su padre en el marco del régimen de comunicación en el que no la retornó en la noche con su madre. La nena develó después algunas molestias en la zona genital y contó a su mamá hechos compatibles con situaciones de abuso de parte del progenitor. 

La madre llevó a la niña al Hospital Materno Infantil, donde una médica activó el protocolo de abuso sexual contra la infancia y le recomendó radicar la denuncia, señalándole que de lo contrario la haría ella como personal de la salud. Allí se inició la causa. Después la mamá hizo una ampliación en la medida que la hija fue aportándole más información.

La fiscalía y la querella señalaron diversas pruebas del abuso a la niña, entre éstas, un video que grabó la madre de algunas manifestaciones de su hija. También una psicóloga testificó que la niña le contó lo que le hacía el padre. Asimismo, la hermana mayor dijo que la nena le relató algunos de esos hechos.

Aunque en el Circuito Cerrado de Televisión la nena evadió referirse a su progenitor, la fiscala, la querellante y la asesora advirtieron que ese silencio se producía sólo cuando se le preguntaba por este hombre. Pérez recalcó también la doble vulnerablidad de la niña, por el género y por su edad. La madre había contado además que demoró en realizarse el CCTV. 

La denunciante señaló que desde que inició su peregrinar por los tribunales atravesó un proceso revictimizante. "Desde el primer momento no se nos protegió ni a mi hija ni a mí", afirmó. Dijo que pese a que se puso el foco de la investigación sobre ella, "aún así lograron recabar las pruebas para condenarlo (al acusado)".

Pedido de sanción 

La fiscala Sodero Cavet indicó que la familia del acusado ejercía formas de presión y de extorsión sobre la denunciante para que retirara la denuncia, apelando a contactos de poder. 

Mencionó irregularidades relacionadas al manejo de la tía del acusado, una exdefensora pública oficial que ahora reviste otra función dentro del Ministerio Público, que actuó infringiendo los reglamentos internos. Por ello consideró que debía ser sancionada. En la declaración que brindó esta mujer durante el juicio admitió que tuvo acceso a todos los expedientes relacionados con su sobrino y la denunciante y expresó un especial interés, cuando esto le está vedado en el rol de funcionaria. 

El Tribunal hizo lugar al pedido fiscal para que se extraigan copias del testimonio de esta mujer y se remitan al Colegio de Gobierno con el fin de que se evalúe su conducta.

Además, Sodero Calvet señaló la falta de profesionalismo y de ética de una psicóloga de la defensa pública que intervino con la niña y el acusado. Mencionó que la profesional hizo referencia a que la nena nombró al padre en el CCTV cuando no fue así y eso se vio en la exposición del video en el juicio.

Tanto la fiscala como la querellante mencionaron también un juicio de desalojo de una casa del Instituto Provincial de la Vivienda que le inició la madre del acusado a su exnuera como represalia en 2021. 

La víctima dijo que ella paga las cuotas de esa casa, señaló que fue juzgada sin defensa pese a que había solicitado que la represente un defensor o defensora oficial. Aparicioa, que ahora la representa, presentó un recurso de inconstitucionalidad que espera su resolución en la Corte de Justicia de Salta.

El abogado defensor Matías Adet había solicitado la absolución lisa y llana de su defendido y de forma subsidiaria que fuera por la duda. Anunció que casaría la sentencia en caso de que fuera desfavorable.

Aunque Adet pidió que se mantenga la libertad con las restricciones que ya tenía impuestas el acusado, el Tribunal dispuso la inmediata detención.