El intendente de Bañado de Ovanta Ramón Elpidio Guaraz está imputado hace más de un año por el delito de “Privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y abuso sexual con acceso carnal en concurso real y en calidad de autor”. Viene posponiendo las pericias psicológicas desde hace meses y el martes, desde el Cuerpo Interdisciplinario Forense confirmaron que concurrió, tal como estaba previsto, pero se negó a ser peritado.

Hace dos semanas el funcionario público, quien se presentaba a las elecciones para ir por su quinto mandato había solicitado a la Fiscalía de Cuarta Nominación posponer la pericia psiquiátrica por “compromisos políticos” y, en vistas de que ya había solicitada varias veces esas posposición se la concedieron pero aclarándole que “en caso de incomparecencia del mismo y o solicitud de nueva suspensión de la medida pretendida no se hará lugar a la misma bajo apercibimiento de ser trasladado por la fuerza pública”.

Por “compromisos políticos” posponen pericias psicológicas a Guaraz

El domingo, en las elecciones generales y por primera vez en 16 años, perdió por 150 votos.

Catamarca/12 tuvo acceso a la nueva cédula emitida para informar a las partes y a la Fiscalía de lo ocurrido y señala: “Esta médica psiquiatra del Cuerpo interdisciplinario Forense tiene el agrado de dirigirse a usted a fin de informar que la pericia médico psiquiátrica solicitada en la persona de Ramón Elpidio Guaraz, de 61 años, no se ha podido realizar por manifestar él mismo que no prestará colaboración por sugerencia del su abogado defensor Luciano Rojas”.

Según confirmó el abogado de la sobreviviente, Luis Muñoz y Pérez, el derecho le otorga la posibilidad de negarse ya que no puede ser obligado como imputado. Sin embargo, aclaró que esta novedad lo habilita para solicitar la elevación a juicio de la causa, que ya no tendría más pruebas que agregar y ha sido dilatada desde que se radicó la denuncia en junio de 2021.

La causa

Guaraz fue denunciado por dos jóvenes los días 4 y 5 de junio del 2021. El Intendente, quien además carga con una decena de acusaciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público, intimidación pública y abuso de autoridad, fue acusado por una de las sobrevivientes por privación ilegitima de la libertad y abuso sexual y por abuso sexual y coacción y por la otra víctima, por cuya causa también fue imputado y también es dilatada por el funcionario público.

Ambas debieron irse de su pueblo natal y dejar a sus familias. Una de las jóvenes huyó para poder radicar la denuncia y ya no volvió por miedo. La otra joven lo hizo para poder trabajar y evitar el hostigamiento constante que le impedía hacerlo en el pueblo que gobierna el acusado.