La sociedad chilena se enfrenta nuevamente al último tramo de un proceso constituyente donde deberá decidir si el texto elaborado esta vez por una convención dominada por los partidos conservadores y de derecha reemplaza al vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. Luego de un primer intento fallido, esta nueva propuesta endurece el trato hacia la migración irregular, cristaliza los sistemas de pensiones y de salud actuales -ambos muy criticados- y también suma artículos que podrían significar un gran retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos como la protección de “quien está por nacer” y la objeción de conciencia.

“Por segunda vez se repite la incapacidad de los actores políticos de cruzar la valla e ir más allá de sus propias mayorías y abrirse a buscar un acuerdo transversal”, observa Claudio Fuentes, investigador chileno y director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. 

Lo dice por el actual proceso constituyente dominado por el ultraconservador Partido Republicano y otras coaliciones de derecha pero también por el anterior, el proceso constituyente que significó la salida política al estallido social de 2019. En esa oportunidad, los consejeros constitucionales fueron definidos por voto popular y tuvo como resultado una expresión progresista y de izquierda, en línea con las reivindicaciones sociales levantadas en las manifestaciones masivas de ese entonces.

Libertad de conciencia, aborto y sistema de pensiones

A diferencia de ese primer intento progresista, que tuvo como resultado un borrador que universalizaba derechos fundamentales y que finalmente fue rechazado en el plebiscito de salida, especialistas advierten que el proceso actual podría dejar una nueva Constitución con varios artículos críticos y preocupantes.

Fuentes destaca cuatro entre los más preocupantes por los problemas que podrían generar en la implementación. En primer lugar está la incorporación de la objeción de conciencia, tanto a nivel individual como institucional. “Las personas o las instituciones van a poder rechazar medidas basándose en la conciencia. La objeción de conciencia es muy problemática y esto queda en la Constitución”, explica el académico quien pone de ejemplo una escuela que podría discriminar a un estudiante por cuestiones de género o una farmacia que se niegue a vender la pastilla del día después.

En segundo lugar está el artículo que podría poner en riesgo la ley de aborto por causales, vigente hoy en día en Chile y que permite la interrupción del embarazo en caso de violación, inviabilidad del feto y cuando corre peligro la vida de la madre. “Se establece el derecho de quien esta por vivir y al darle entidad a un quien se abre la posibilidad para revisar ante un tribunal la constitucionalidad del aborto por tres causales. Hay un potencial riesgo”, agrega.

Le siguen la forma en que se constitucionaliza el modelo actual de los sistemas de pensiones y de salud, donde no existe la solidaridad entre los aportantes y depende única y exclusivamente de la capacidad de aporte de cada trabajador. El sistema privado de salud (isapres) y las administradoras de fondos de pensiones (AFP), creados bajo la dictadura, pasarían a tener rango constitucional.

“El sistema de pensiones actual depende del ahorro de los trabajadores, si ahorras mucho tienes mejor pensión pero la mayoría de la población tiene muy bajas pensiones porque tiene muy poca capacidad de ahorro y por lo tanto el modelo queda reducido a un sálvese quien pueda”, explica Fuentes.

Para el investigador, el problema mayor de constitucionalizar este sistema es que limitará a futuro las opciones políticas que el Congreso pueda tomar para buscar mecanismos de solidaridad intra e intergeneracional. Algo similar, explica también, ocurrirá con el sistema de salud: “Se establece la cotización individual y la libertad de elegir entre el sistema público o el privado pero obviamente eso segmenta entre quienes tienen dinero para pagar una salud privada y aquellos que van a tener que ir al sistema público con un plan universal de salud que tiene garantías mínimas”.

Otros derechos en riesgo

Además de los artículos señalados, este nuevo texto refuerza una mirada antiinmigrante con un artículo que ordena la expulsión "en el menor tiempo posible" de los extranjeros que ingresen a Chile "de forma clandestina o por pasos no habilitados".

Además, prohíbe el derecho de huelga para trabajadores estatales, municipales, de servicios de utilidad pública o sectores estratégicos.

También, prevé que los presos con enfermedades terminales puedan acceder a la prisión domiciliaria, algo que favorecería a un centenar de detenidos por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

Pronóstico reservado

El plebiscito de salida, donde la sociedad chilena deberá decir por el Apruebo o el Rechazo, se realizará el 17 de diciembre. Hasta el momento las encuestas muestran una preferencia mayoritaria hacia el Rechazo, pero los especialistas prefieren ser cautos.

Fuentes incorpora la idea de “populismo constitucional” para describir la campaña que está llevando a cabo el Partido Republicano para conseguir imponerse con el Apruebo. “Toman tres o cuatro temas que le preocupan a la ciudadanía y lo convierten en un caballito de batalla como reducir parlamentarios, expulsar inmigrantes ilegales, terminar con la corrupción y bajar impuestos… temas muy populares, con mucho favoritismo constitucional que podrían inclinar la balanza”, aclara.

Según la encuestadora Cadem, hasta ahora el 54 por ciento de los chilenos prevé votar en contra del nuevo plan constitucional frente al 31 que está a favor. Para el analista, este será un plebiscito mucho más competitivo que el anterior que por el momento tiene un “pronóstico reservado” y que puede llevar a un resultado ajustado.