La hoja de ruta transformadora para el nuevo gobierno

Se requiere de nuevas políticas públicas para construir un Plan Estratégico Nacional 2024-2028 que articule de forma integral propuestas de políticas sociales, convocantes para la ciudadanía motivadas por el principio de justicia social, de desarrollo inclusivo e inserción autónoma en el mundo. La política social debe dejar de ser asistencial o incremental, y debe formar parte de un proyecto transformador. Un proyecto que apunte a modificar una sociedad que tiene múltiples conflictos y desafíos, que es desigual y empobrecida y endeudada durante los últimos años. Que debe orientarse hacia un modelo de país que garantice derechos, de un Estado que llegue a cada rincón del territorio, que atienda las demandas y necesidades que al mercado no le interesa escuchar.

Esto ya en parte es un intento de superar esta situación de desigualdad y distribución regresiva del ingreso, en parte con el paquete de medidas que han sido tomadas por el ministro y candidato Sergio Massa para compensar a la población impactada por la devaluación impuesta por el FMI del 20%. Esto muestra una relación distinta con la sociedad a la que plantea la oposición y aun, que niega derechos sociales, propicia ajustes y recortes ministeriales y pérdida de nuestra moneda e incluso por una dolarización que hoy ostentan tres países como Zimbabue, Ecuador y El Salvador.

Se trata de considerar un Estado en sus roles presente social y estratégico productivo, que vele por el bien común para generar trabajo digno, inclusión y movilidad ascendente, salir de la desigualdad. Generar una transformación estructural. Salir de la actual sociedad, de malestar y fragmentada y creciente pobreza e inflación, y a la vez, impedir que el otro modelo en pugna, -el anarcocapitalismo de Milei-, puedan volver al del ajuste permanente, al negacionismo sobre derechos humanos y cambio climático, al fin de la educación y salud gratuitas, y al proyecto de neocolonia que ambos comparten aunque con distintos estilos y diferentes grados de agresividad y de represión.

La política, el Estado y la sociedad argentina en general están desafiados por la ultraderecha del capitalismo de financierización y concentración, y hay que recomponer esta relación.  Son dos caminos, con poco de conciliables. Por un lado, lo que identifica a Unión por la Patria es la defensa del derecho a la educación pública, la salud y derechos laborales; y, por el otro, está el ataque, los que “quieren eliminar derechos”. Uno que va por la movilidad social ascendente, la defensa de la escuela pública con los docentes en el aula y los pibes en el aula. El que cree que hay que seguir ampliando el sistema universitario en la Argentina, y la mejora de sus sistemas y agencias tecnológicas, de valor agregado, de incorporar ciencia y técnica a todos los sectores productivos. Que cree que hay que resolver las tres “T” de Francisco, el acceso al derecho a la vivienda, a la tierra para producir alimentos orgánicos y a bajo precio y el trabajo digno, salir de la precarización, aumentar el salario mínimo vital y móvil, y salir del trabajo sin derechos, precario. Y reducir la jornada de trabajo, El otro camino va por las privatizaciones, y una sociedad con bajo nivel de educación, donde los que puedan pagar, las elites, son los que accedan al poder y las fortunas.

Políticas económicas y sociales integradas

Para el primer rumbo es necesario desarrollar políticas sociales articuladas al modelo económico, que apueste a lo productivo, y no a lo especulativo, al valor agregado, a lo industrial en una economía con creciente aporte de la ciencia y tecnología, o economía del conocimiento y salirse definitivamente del FMI. Evitar el Estado loteado, segmentado, sin unidad de concepción. El nuevo contrato social que apunte a modificar un modelo de acumulación que genera concentración, inflación, elitismo y quedar condenados para siempre a la supervisión del FMI. Al sueño imposible de ser otro país distinto al que somos. El camino transformador supone superar el ciclo que ha atravesado el país por décadas, es decir, de ser sustentables en lo político, social y ambiental. De que los golpes militares impulsados por las elites y la potencia dominante interrumpieran diversas experiencias populares aquí y en toda la región. De construir una Argentina en crisis permanente, salir de la codicia, e ir a la distribución, ir a la sustentabilidad y salir de la ciclicidad. El contar con un relato de perspectiva humanista, un ethos, que nos constituye como comunidad con historia, lucha por derechos y la democracia, no una sociedad de átomos donde cada uno se salva a sí mismo y donde prima la ley del más fuerte.

Este nuevo proyecto parte de reconocer la gran transformación que estamos atravesando y que comienza en 1976 con el golpe militar y la financierización de la economía y la desindustrialización. Ahora estamos en la sociedad digital, la revolución industrial 4.0 y el conflicto desglobalizador, lo que supone cambios cristalizados en el nivel del poder del mundo. Y en el mundo del trabajo que ahora es dual, mitad estable con derecho, mitad precario, y las formas de reproducción de la vida en nuestra sociedad que funciona con casi el 40% de la población en la informalidad y con una economía que pareciera funcionar con cada vez menos mano de obra intensiva.

Es fundamental poder pensar las formas y condiciones del mercado de trabajo que necesitamos para garantizar que todas y todos los argentinos puedan tener condiciones dignas de vida. La economía industrial, de pymes, competitivas con mayor valor agregado y exportadoras. La economía popular en sentido amplio es un sector de la sociedad que contiene una gran diversidad de expresiones de autoempleo (reciclado, construcción, agricultura familiar, con la economía del cuidado) que es fundamental para el desarrollo inclusivo de nuestras sociedades.

En la economía del cuidado es reconocer el valor social y económico que millones de mujeres realizan cotidianamente y, por lo tanto, integrar a la economía a una porción muy importante de personas que funcionarían como un elemento dinamizador de la economía. Así, la economía popular y la del cuidado son dos sectores productivos claves en los procesos de desarrollo con inclusión social que deben ser considerados dentro del nuevo contrato social. Esto significa evitar la economía del descarte y organizar la esperanza.

La posibilidad de cumplir con ese proyecto transformador y que no se convierta nuevamente en retórica supone como condición política fundamental la unidad del campo popular con un actor político configurado en UxP. Contar con un liderazgo con sensibilidad social y audacia para negociar con los factores de poder, articularse con el pueblo y movimientos sociales y recrear un sistema político con mayor ejecutividad y planificación de mediano plazo. Un gobierno que tenga toda la creatividad e innovación y el apoyo político que requiere insertarse en el siglo XXI, en un mundo en cambio, el de la posglobalización unipolar, de la sociedad digital y conflictividad entre dos bloques, el unipolar en decadencia y el emergente multipolar: las Brics.

Motores económicos para un desarrollo inclusivo y de mayor valor agregado

Algunas condiciones para lograr este contrato social ya existen: son los nuevos motores productivos surgidos de la guerra híbrida y fría y hay que potenciarlas. Ahora otros motores distintos al sector sojero y agroexportador; diversos exportadores y generadores de divisas, “el nuevo dólar Vaca Muerta”, más allá de lo que aporta el sector de la soja y agro alimentos. Es decir, energía en gas, gasoductos que llevan a países vecinos, licuado a la UE, a Asia. Como dice Massa es tener “otra pampa húmeda”. Más los recursos no renovables de hidroeléctricas, represas que se están haciendo, nucleares con tecnología argentina (el Carem), aumento del no convencional, eólicas, fotovoltaicas, energía de hidrógeno, verde, azul y rosa. También los minerales del norte grande, incorporar minerales estratégicos como el litio, la fabricación de celdas, la generación de electromovilidad en las provincias del Norte Grande, donde “El litio se convierte en un jugador fundamental en la transición energética en el mundo. Nos permite almacenar energía. Argentina es el segundo país en recursos en el mundo de litio. Lo tiene de una manera accesible en salares, en las salmueras que están debajo de los salares. Y también somos hoy en día el 4º país productor de litio que hoy exportamos en su totalidad”. 

Estos tres motores suponen la posibilidad generar empleo en cantidad en la cadena de valor de la transición energética, pero asimismo la posibilidad tanto para pagar la deuda social como la externa. Supone un modelo de acumulación que articule una estrategia exportadora y de mercado interno al mismo tiempo con distribución del ingreso. Un nivel nacional de empresas públicas que gerencien los recursos naturales estratégicos con participación del sector privado, pero considerando la acción “de oro”, la mayoría accionaria, para que no se queden con las rentas “cuatro vivos”. Estos motores productivos pueden permitir la creación de fondos intangibles y/o retenciones, progresivo para generar divisas, reservas, salir del FMI y, a la vez, promover un desarrollo del mercado interno.

Asimismo, más y mejor Estado, tiene que ver con incorporar el mar a una regulación pública en beneficio de la alimentación y de la soberanía del Atlántico Sur y de Malvinas. La mayor parte de nuestra pesca se exporta sin valor agregado, y hay depredación en nuestro mar. Una Secretaría de Pesca dentro de un Ministerio de Agricultura no define nada estratégico al respecto, necesitamos redefinir el Estado buscando generar más empleo y eficacia en las políticas públicas. Mientras los isleños británicos implantados en Malvinas están licitando la construcción de un puerto flotante para reemplazar el existente con una inversión de unos 200 millones de dólares, la Argentina no tiene política para recuperar la construcción de la flota mercante y fluvial en astilleros públicos o privados nacionales.

La política social vinculada a la integración regional y a la inserción global

La segunda condición para el nuevo contrato es promover una integración al mundo que aumente soberanía, comercio, inversiones y disminuya condicionalidades de divisas y financiamiento de agendas externas. Eso supone que el desarrollo inclusivo y una política social transformadora no puedan quedar solo en lo nacional, provincial o local, sino que presupone una integración regional simultánea, que tenga a Brasil como socio estratégico, en el proyecto de fortalecer y ampliar el Mercosur, y de terminar por constituir un bloque regional en la multipolaridad, la Unasur. Que también articule esfuerzos y capacidades para políticas de protección ambiental, lucha contra el narcotráfico desde otro paradigma, y políticas regionales tanto de cadenas de valor como sociales, de homogenización de estándares y configuración de un actor con una visión común.

La inserción regional supone vincularse a los Brics-plus y al Camino de la Seda ya acordado con China. Por razones de amplitud comerciales, mayores inversiones en infraestructura, transferencia tecnológica, mejora en la igualdad y salud globales, y por un estilo nuevo en los asuntos globales. Uno de mayor cooperación, de no sanciones, de establecer juegos win- win entre los países, y no de acumulación por desposesión. De tener la incidencia en reformas institucionales globales que permitan una multipolaridad que asuma los riesgos conjuntos que hoy tiene la casa común: ambientales, migratorios, desigualitarios, gaps tecnológicos, drogas y sus vínculos entre el capitalismo legal y el ilegal. Porque si no se sale de las democracias condicionadas, terminan generando desencanto, desconfianza en la democracia, disentimiento de lo público e individualismo, todo lo cual apoya el surgimiento de coaliciones neoliberales que buscan capturar el Estado para profundizar la desigualdad, la pobreza y un gobierno de elites globales. Con Estados sin soberanía, pueblos sin cultura propia, y sociedades sin colectivos, movimientos sociales, organicidad y solidaridades territoriales. Solo supervigilancia digital y represión.

La política social, transición energética y cambio climático

Tercera condición para el proyecto transformador: está claro que estamos en una época de transición energética y cambio climático. Asumir estos dos desafíos implica también pensar lo social desde otro punto de vista. Está claro que los sectores más perjudicados por el cambio climático son los vulnerables, los pobres. Tanto por las inundaciones, contaminación incendio, desposesión de tierras. Así que la desigualdad no puede disociarse de la lucha por el cambio climático y una relación más armoniosa con la naturaleza. Lucha que no es solo de un país, sino de todos, pero con responsabilizades diferenciadas para los países que más han contaminado en estos dos siglos.

El desarrollo social inclusivo y sustentable requiere una visión y estrategia compartida, en el Estado, en todo el sector público nacional, provincial y local la sociedad, y con el sector privado. La naturaleza “es para todos”, señaló recientemente el Papa Francisco en una reunión con universidades latinoamericanas realizado en Roma. También hizo alusión a una “cultura regenerativa”, y la identificó como un fruto “de una crisis económica donde no siempre está al servicio del desarrollo de los más necesitados. Es una cultura de la expropiación, todos tenemos derecho al uso de la naturaleza, para el bien de todos”.

Esto hace referencia al acceso a la tierra como un derecho, que significa el acceso a créditos a tasas bajas para comprar tierras fiscales para la producción de agricultura orgánica. Hay 14 millones de hectáreas dedicadas a la soja y una sola dedicada a la agricultura orgánica; esta proporción debe cambiar. Hay que apoyar “al otro campo”, a los pequeños y medianos productores, porque este acceso es un aspecto y un derecho central en el cambio de la matriz de concentración de la tierra y la producción homogeneizadora y extractivista de monocultivos, que refuerzan el poder de un sector contrario a una visión distributiva, a la justicia social y a un campo con agricultores libres.

Nuevas dimensiones de la política social en un proyecto transformador

No deja de ser importante incorporar lo cultural, las manifestaciones a la unidad y a un proyecto superador, tanto por parte del candidato de la Unión por la Patria en el primer debate presidencial, como lo manifestara el Arzobispo García Cuerva en la peregrinación a Luján donde se criticaron las descalificaciones realizadas por Milei al Papa en esta misma semana. “Necesitamos más que única fuerza para unirnos ya que las heridas de la descalificación, de la intolerancia de la violencia física y verbal ya supuran. Y nos están infectando el corazón del pueblo” señalo García Cuerva.

Hay que incorporar la defensa de derechos al trabajo, a la educación, a la salud de calidad, hay que incorporar nuevos derechos. Tener una visión integral de una transformación estructural a encarar en los próximos años.

Debemos encarar, por un lado, el fortalecimiento de la presencia material y simbólico-cultural del Estado en la sociedad. Muchas veces el cambio simbólico-cultural del Estado en relación con la sociedad se produce cuando se cambia el espíritu de una organización pública. Además de seguridad jurídica, el cancelar deudas acumuladas del impuesto inmobiliario, gestión de protección a la vivienda, crédito hipotecario, etc. Y esto no lo soluciona el mercado, es el “Plan mi Escritura”, título perfecto, la simplificación de trámites. Y así llegaron a los 100.000 títulos de propiedad. El salir de lo burocrático rutinario “puertas para adentro”, para convertirla en áreas dinámicas, hacia la gente y de “puertas abiertas”. También las políticas públicas para disminuir el sobreendeudamiento de las familias son clave, como las que hay en el Banco Provincia de Buenos Aires, se podría extender como ejemplo de buenas prácticas, de la política del Estado para mejorarle o resolverle la vida a la gente, sobre todo las que están en situaciones difíciles, sobreendeudadas y en manos de prestamistas usureros.

Por otro lado, aumentar la participación de la sociedad. Las Audiencias Públicas actuales, tanto para tratar temas urbanos como derechos del consumidor, tienen que ser vinculantes en el debate del derecho a la ciudad y en los derechos del consumidor. En muchos casos, por ejemplo CABA, se hacen audiencias, pero se aprueba luego a libro cerrado lo que quiere la mayoría legislativa, en connivencia con las empresas inmobiliarias.

Contra la desigualdad incluso también se pueden tomar algunas experiencias comparadas, como las del Brasil actual de Lula: aumentar el salario mínimo, decreto sobre el cobro de impuestos a los fondos de inversión de los superricos y a quienes tengan cuentas en paraísos fiscales; Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) con fuertes inversiones en obras de infraestructura para Educación, Salud. Asimismo, de otros países como China, cómo en una década han multiplicado la conectividad y el transporte público con trenes de alta velocidad. El transporte público es importante en la vida cotidiana de las personas y es necesario encararlo con más subtes que lleguen a todos los barrios, trenes rápidos que recorran el país, cabotaje más accesible.

Apuntar al empleo con políticas activas del cuidado para otra inserción laboral de las mujeres. Sobre la agenda de género han sido muy explícitas las movilizaciones del 29 de septiembre, señalando “por los pañuelos verdes” sus rechazos a las políticas de la derecha, a volver atrás con sus derechos conquistados. Contienen demandas vinculadas a un amplio espectro de temáticas vinculadas a la igualdad, la no discriminación, el reconocimiento de las tareas de cuidado y a una vida libre de violencias, igualación salarial, entre otras. Favorecer la autonomía de las mujeres y fortalecer la igualdad sustantiva entre los géneros, requiere un Estado activo y políticas que permitan el pleno desarrollo de las mujeres, adolescentes y niñeces en igualdad de condiciones. En esta agenda puede incluirse el debate de la lucha contra la trata y la complicidad de ciertas instituciones como el poder judicial en ello.

La inclusión en el acceso a servicios públicos esenciales: agua y saneamiento, energía eléctrica, gas, conectividad. Volver a los servicios públicos, no privatizados o concesionados, al área pública, al menos en aquellas empresas más deficientes en inversión que están fuera de convenio como Edesur. La inversión en infraestructura es estratégica de cualquier proceso de desarrollo. Para esto es fundamental aumentar y fortalecer la inversión en infraestructura productiva, del transporte y logística, comunitaria y del cuidado que permita construir las condiciones para promover la producción y el acceso al hábitat y favorecer la vida de las familias.

Ir hacia un sistema nacional de cuidados. La Ley de Articulación de Servicios Sociales Asistenciales que articule mayor presencia del Estado y de las organizaciones, con participación social, que brinde un paraguas para construir un sistema nacional de cuidados. Apuntar a la actualización de la Ley de Contrato de Trabajo para ampliar el derecho a cuidar. Condiciones laborales y políticas de formación para personas trabajadoras del cuidado. Garantizar un piso de inversión en Infraestructura del Cuidado. A una ampliación de la infraestructura destinada a garantizar el derecho a cuidar y ser cuidado de las infancias, adolescencias, juventudes, personas con discapacidad, personas mayores y personas que requieren apoyos específicos

Ir hacia un acceso universal a la salud mental. Esto supone la construcción de nueva infraestructura y obras de mantenimiento para servicios de salud mental. La asistencia psicológica gratuita con disponibilidad, que ponga foco en la atención anímica de la población y de las juventudes e infancias. La construcción de una red de dispositivos de atención integral a la salud mental en territorio.

Apuntar al derecho a la seguridad social. Ir a una Ley Única del Sistema de Asignaciones Familiares: con refuerzo para las juventudes y que establezca el derecho a la seguridad social y a los cuidados. Que cumpla 6 criterios: 1) universalidad, 2) suficiencia del monto, 3) amplitud y articulación con salud, educación y juego, 4) participación y autonomía de las infancias, 5) las familias, financiamiento progresivo, y 6) monitoreo y evaluación para mejorar la política.

Asegurar el acceso a la vivienda. Este aspecto se está volviendo clave en nuestro país y en el mundo. Cada vez los jóvenes tienen menos posibilidades no ya de pensar en tener una casa o departamento propio, sino poder alquilar en la gran ciudad, sin que se les vaya todo el sueldo en ello. Las políticas destinadas a modificar esto, recién se están iniciando en el debate de la ley de alquileres en CABA, pero es necesario a ir una dimensión más profunda. A la creación de Fondos Hipotecarios destinados al crédito a las juventudes.

El derecho al trabajo digno. Son necesarias políticas activas para una mejor vinculación entre formación y salida laboral. Que la gente pueda vivir de su trabajo, que los salarios estén por encima de la pobreza, y que el trabajo tenga derechos. La capacitación y formación para el desarrollo de nuevas competencias. Es fundamental promover políticas activas de fortalecimiento de la economía del conocimiento, generar capacidades para nuevas demandas productivas de las empresas, de la economía popular en tanto espacio de integración socio-productivo de una gran cantidad de personas en los territorios. Estas políticas deben ser integrales y coordinadas favoreciendo las diferentes dimensiones que requiere el desarrollo socioeconómico de todas y todos.

Se trata de tener escucha de la sociedad, mayor cercanía, y fortalecimiento del Estado para la acción, y aún para la modificación de un Poder Judicial que garantiza la impunidad de las elites, de la evasión, fuga, contrabando, elusión impositiva, y negociados hechos para aumentar el sector rentístico de la sociedad. Un poder judicial configurado para el lawfare.

Dos modelos en pugna

En momentos decisivos donde se juega el destino del país, donde se sabe que la elección presidencial define el destino de un país para las próximas décadas, que sale o no de los condicionamientos sobre la democracia, del FMI y de un Poder Judicial partidizado y medios concentrados que generan consentimiento sobre los intereses del establishment, es donde el pueblo debe optar entre dos opciones: la de un país soberano estructurado en un Estado que articula el bien común y la justicia social, con más soberanía en un mundo donde está cambiando el orden mundial y realizando una transición energética y tecnológica; o apostar a las elites patronales, a una neocolonia y a una factoría atendida por sus dueños y presta para reprimir.

Por eso se trata de contar con una visión estratégica compartida, lo que significa empoderar las políticas públicas, los colectivos sociales, la acción territorial y las organizaciones sociales. Este es el sentido de este aporte a una reflexión colectiva que debe ser más amplia, con mayor participación de los trabajadores y de los movimientos sociales, del pueblo en general, para configurar un nuevo rumbo transformador en favor de un desarrollo inclusivo y sustentable, es decir, de un país con derechos y con futuro para todos y todas.

* Director del Área Estado y Políticas Públicas de la FLACSO Argentina.