El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció una “escalada represiva y criminalizante contra el derecho a la protesta” luego de la brutal represión del viernes pasado al término de la masiva marcha a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado.

“El operativo policial, responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en articulación con el gobierno nacional, se caracterizó por prácticas que ya habían sido observadas en al menos dos represiones anteriores pero que en esta oportunidad recrudecieron”, afirmó el oranismo en un comunicado, en el que enumeró las irregularidades del accionar represivo:

  • La cacería producida cuando la mayor parte de los manifestantes ya se habían retirado. “La Policía de la Ciudad comenzó a perseguir por las calles a quienes quedaban, a arrinconarlos y golpearlos cuando ya estaban solos, separados de la multitud y por lo tanto en situación de mayor vulnerabilidad”, describió el CELS.
  • El uso brutal de la fuerza, que incluyó el disparo de balas de goma, aconsejado solo como último recurso para proteger a terceros o a funcionarios policiales y prohibido para disolver manifestaciones. Los perdigones fueron disparados en muchos casos al rostro de las personas, lo que provocó heridos con impactos en la boca, nariz y ojos. A eso se sumaron los golpes de puño y patadas propinados sin motivo a distintas personas, como pudo observarse en múltiples videos.
  • La presencia de policías sin uniforme y sin identificación, algo prohibido por la ley 5.688 de la Ciudad. “En algunos casos, estos efectivos se colocaban una pechera con la leyenda 'Policía de la Ciudad' en el momento de realizar detenciones y luego se la quitaban”, remarcó el CELS.
  • El ataque a trabajadores de prensa y personas que registraron la represión, algo que según el organismo muestra “una especial reacción policial contra el control ciudadano, que se viene observando no sólo en las protestas sino en múltiples situaciones del trabajo policial en las calles”.

Las irregularidades siguieron con las más de 30 personas que fueron detenidas tras el irregular operativo. “Durante las primeras cinco horas, entre las 20 y las 2 de la mañana, no se sabía cuántas personas estaban detenidas, dónde se las alojaba, por órdenes de qué juez o fiscal y qué delito se les imputaba”, denunció el CELS.

Finalmente todas fueron detenidas por el delito federal de “intimidación pública”, al que se le sumaron los de atentado y resistencia a la autoridad, sin especificar de qué hechos concretos se las acusaba. “La decisión de aplicar esta figura penal fue tomada por el poder ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires y luego convalidada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi”, señaló el organismo de derechos humanos en su comunicado.

Al magistrado se le cuestiona haber decidido incomunicar a los detenidos, lo que para el CELS fue “una medida fue arbitraria y desproporcionada” que busca “intimidar a quienes están privados de la libertad y a todas las personas que salen a las calles a protestar”. “Además, varios de los detenidos relataron haber sido amenazados por funcionarios públicos, en más de un caso con frases alusivas a la desaparición de personas”, añade el comunicado.

Cuando finalmente se realizaron las indagatorias, tras 36 horas de detención, el juez De Giorgi y el fiscal Ramiro González acusaron a los arrestados de “infundir pánico” pero no pudieron precisar dónde fueron detenidos los acusados ni de qué hechos concretos habrían participado. "La vaguedad de estas imputaciones idénticas para todos muestra lo que también puede verse en las imágenes del operativo represivo: las fuerzas de seguridad no se enfocaron en reducir la violencia en las calles, ni en determinar cómo y quiénes la produjeron, y con qué intención, sino que detuvieron a mansalva, sin importar a quiénes ni qué estaban haciendo, para luego imputarles un delito federal con el fin de atemorizar”, insistió el organismo.

El organismo mencionó la similitud con la represión del 8 de marzo, al término de la masiva marcha con la que finalizó el paro internacional de mujeres, cuando se registró una cacería policial por el centro porteño y se detuvo a veinte personas. Como ahora, fueron imputadas por “intimidación pública”. “Se trata de situaciones que se repiten y que configuran un escenario de incertidumbre sobre la vigencia del derecho a la protesta en la ciudad de Buenos Aires”, concluyó el CELS.