El juez federal Carlos Vera Barros rechazó ayer la causa que investiga la megaestafa inmobiliaria que estalló el año pasado y que hoy tiene imputados a ejecutivos, empresarios y escribanos de renombre. A pesar de que las defensas de dos de los involucrados habían pedido el pase del expediente desde la Justicia provincial a la federal, el magistrado denegó el planteo por considerar que no hay indicios de lavado de activos, lo que sí configura un delito para ese fuero. Puro fraude, nomás, pero millonario.
Los abogados del gerente de La Capital, Pablo Abdala, y del corredor de bolsa Jorge Oneto querían llevar el caso al fuero federal para "despolitizarlo", según decían. Pero en los fiscales de Delitos Económicos que los investigaron, Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack, intepretaron que "sólo intentan demorar (el juicio) y ganar impunidad".
Vera Barros consideró que la apropiación ilegal mediante adulteración de escrituras y poderes de un campo de Villa Amelia fue un caso típico de defraudación, y que "no encuadra en el tipo penal de lavado de activos". La causa sigue, entonces, en la Justicia provincial.
