El expresidente de Bolivia Evo Morales no será investigado en Perú por la denuncia que presentó un legislador ultraconservador luego de su apoyo público a las protestas antigubernamentales de diciembre y marzo pasado, tras la destitución del exmandatario peruano Pedro Castillo.
La decisión fue tomada por el fiscal Efraín Mallea, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, quien ordenó que se archive la denuncia por delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria peruana, presentada en enero de 2023 por el congresista Jorge Montoya.
La denuncia contra Evo Morales
Montoya acusó a Morales de impulsar protestas en la región peruana de Puno, fronteriza con Bolivia, y promover que esta se uniera a Runasur, una organización trasnacional promovida por el exmandatario boliviano que agrupa movimientos sociales y políticos de izquierda para "articular una América plurinacional".
La denuncia también incluía al exgobernador regional de Puno Germán Apaza, al que atribuía la presunta comisión del delito de usurpación de poderes, por haber promovido la presencia de Morales en Puno, un pedido que el fiscal también archivó.
La reacción de Evo
Tras conocerse la decisión del fiscal, Morales manifestó en sus redes sociales que "las mentiras y la persecución política de la derecha enemiga del pueblo fracasan ante la verdad y la dignidad de nuestra lucha".
Agradeció a sus abogados en Bolivia y en Perú por haberlo defendido de la acusación que consideró que fue "armada por políticos que traicionaron y derrocaron" a Castillo.
"Pido a la Fiscalía peruana que investigue las masacres de hermanos indígenas por parte del Gobierno ilegítimo de Dina Boluarte con la misma rapidez que armaron el proceso en mi contra por pedir la integración de nuestros pueblos", finalizó el exmandatario.
El pasado 9 de enero, el Gobierno de Perú le prohibió a Morales el ingreso al país junto a otros ocho ciudadanos bolivianos, a los que acusa de haber efectuado "actividades de índole política proselitistas" que afectaron la "seguridad nacional".
El mismo mes, el Congreso peruano le declaró persona non grata "por sus constantes incitaciones en la política nacional" que, a juicio del Parlamento, buscan "desequilibrar el orden interno del país".
