Ocho personas serán sometidas a juicio oral como acusadas de integrar una organización criminal que operaba en la "zona roja" de La Plata al momento del crimen de Johana Ramallo, la joven desaparecida el 26 de julio de 2017 en un contexto de trata de personas y cuyo cadáver mutilado fue hallado en agosto de 2018 en las costas de Berisso.

Así lo dispuso el juez federal 1 platense, Alejo Ramos Padilla, quien hizo lugar al requerimiento firmado por las cuatro fiscales que intervinieron en la investigación del caso: María Laura Roteta, del fuero federal; Mariela Labozzetta, de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM); María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex); y Patricia Cisnero, fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Según las fuentes, irán a juicio oral Carlos "Cabezón" Rodríguez, quien está procesado por comercio de estupefacientes, explotación sexual de varias mujeres, promoción y facilitación de la prostitución ajena, encubrimiento agravado y falso testimonio.

También será juzgado Hernán D'Uva Razzari como acusado de los delitos de explotación sexual de quien fuera su pareja, encubrimiento agravado y falso testimonio.

Además, Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinosa Linares y Mirko Alejandro Galarza Senio serán juzgados por comercio de estupefacientes y explotación económica de la prostitución ajena.

Por último, irán a juicio tres mujeres que por su edad y por ser las más antiguas en la zona roja son conocidas como "Las Viejas". Se trata de Celia Benítez, conocida como "La Negra" o "La Misionera"; Paola Erika Barraza, alias "Tormenta"; y Celia Giménez, quienes fueron procesadas por explotación económica de la prostitución ajena.

Mientras tanto, continúa la pesquisa en procura de esclarecer quiénes fueron los autores del femicidio.

Johana fue vista por última vez el 26 de julio de 2017, cuando salió de su casa, donde vivía con su madre y su pequeña hija, con la promesa que regresaría a las 20.30 de ese día, lo que nunca ocurrió.

Casi dos meses antes de desaparecer, Johana se había separado del padre de la niña, había regresado a la casa de su madre Marta y los problemas económicos la habían puesto en situación de prostitución.

La última imagen suya fue tomada por la cámara de seguridad de una estación de servicio situada en las calles 1 y 63 de La Plata, en la que se la ve entrando a un baño ese mismo día, poco después de salir de su hogar.

Los restos mutilados de su cuerpo fueron hallados en las costas de la ciudad de Berisso en agosto de 2018, aunque no fueron identificados como pertenecientes a la joven hasta el año 2019.

Según consta en el expediente, los ocho imputados que serán juzgados formaban parte de una organización criminal que operó en la "zona roja" de La Plata entre 2016 y 2017, en perjuicio de mujeres que ejercían la prostitución callejera, entre las que se encontraba Ramallo.

En el requerimiento de elevación a juicio, las fiscales dieron por acreditado que los miembros de la asociación ilícita consiguieron la disposición de las víctimas a partir del suministro de estupefacientes y el aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad que presentaban.

En ese marco, un grupo de hombres conocidos como los "8/40" (apodo común de los proxenetas, que proviene del número del edicto policial que reprimía el proxenetismo), bajo la excusa de "cuidarlas", vigilaban y controlaban a las mujeres, a quienes captaban y recibían previamente, y luego les retenían el dinero obtenido mediante la prostitución, además de obtener un lucro con el comercio de droga.

Mientras que "Las Viejas" recorrían el territorio y les cobraban a las víctimas por las "paradas", luego de ejercer violencia e intimidarlas.

Por último, un tercer grupo proveía a las mujeres de estupefacientes, como método de control, ya que el aprovecharse de sus adicciones y de la generación de deudas por las drogas consumidas, luego las cobraban de las ganancias obtenidas por la situación de prostitución.

A raíz de ello, era necesario para las víctimas permanecer en la "zona roja" para pagar las deudas contraídas, ya que requerían de un mayor consumo de estupefaciente para poder afrontar la actividad.

De acuerdo a los investigadores, la explotación sexual y la venta de drogas crearon el escenario propicio para que la joven desapareciera.