Más que aspirar a la detención de un (1) individuo, la denuncia de abuso sexual de una mujer contra uno de los acusados por el femicidio de Anahí Benítez debería permitir abrir un debate que se deben la justicia penal, las políticas de género de estado, para toda la amplitud del movimiento feminista que, mayoritariamente, no parece querer resolver con punitivismo lo que denuncia como sistema de opresión montado por la cultura patriarcal. Pero lejos de abrir el debate, el uso mediático de la denuncia de una víctima de abuso, lo cierra. Su lectura sólo lleva a la irritación contra el denunciado, no contra el problema, la violencia de género. El debate parece situarse como una bisagra, si corresponde la presunción de inocencia o la previsión de otro crimen. Si estuvo bien liberarlo, o detenerlo hubiera evitado el femicidio siguiente. Partamos de que esto último es imposible para la justicia penal, ya que anticipar un crimen implica considerar culpabilidad por lo que se tiene hoy, es decir, su pasado –lo que transformaría su propia recuperación en un imposible, que se pudra en la cárcel–, y su actualidad, su presente, es decir, aquello que se decide calificar como peligroso (el rostro, la piel, la vivienda o falta de ella, la edad). Mortandad de mujeres y violaciones masivas ocurren en las guerras, decididas por políticos y banqueros. Y nadie va a condenar a los responsables, white collar que le dicen.

El problema se sitúa por fuera del Código Penal. Mejor dicho, el problema es buscar al CP como solución de un problema que reclama políticas de estado. Hay un error de concepto al que lleva la idea de punitivismo, que no es otra cosa que suponer que una condena por violación evita que otro viole. Cuando violar está incentivado desde el origen. Dejar detenido al denunciado por abuso en aquella oportunidad no hubiera evitado el femicidio de una joven “como” Anahí, porque antes de Anahí vinieron tantas, y siempre habrá más Anahí víctimas como las que viene habiendo. Es ahí donde la justicia penal y las políticas de estado deben. La justicia penal, porque no está nada claro que sus operadores estén formados para reconocer violencia donde la hay. Políticas de estado por la educación sexual, la libertad para decidir sobre el aborto, formar a jóvenes en el debate y no en el silencio.