La investigación sobre ejecuciones hipotecarias en serie que despertaron el interés de la Procelac ante la posibilidad de estar ante una organización para lavar dinero parece estancarse en la Justicia provincial por el criterio del Ministerio Público de la Acusación, que no le otorga prioridad a esta variante de delitos económicos. Los nombres se repiten en decenas de juicios similares, sembrados en la mayoría de los 18 juzgados del fuero civil y comercial de Rosario. En todos los casos, hay un mismo estudio jurídico que impulsa estas demandas. Todos van por la ejecución de las garantías hipotecarias, originadas en deudas por préstamos de la misma organización. Sin embargo, esto a nadie en el Poder Judicial parece motivarle sospechas de delito y los remates de bienes ya comenzaron.

Hay 14 damnificados, como mínimo, según la cantidad de testimonios que declararon este año ante la fiscal federal Adriana Saccone, encomendada por la Procelac para investigar presunto lavado de activos. Según abogados de estas personas, hay más de 30 víctimas que mordieron el anzuelo desde por lo menos 2016.

Pero todos esos casos referidos quedan sin investigación porque el primero de ellos que llegó a denunciarse fue desestimado por el MPA, en primera instancia, y también por Fiscalía Regional y, luego, Fiscalía General. Ergo, el criterio de persecución criminal no encuentra delito en esta trama y, por lo tanto puede repetirse.

El caso que motivó la primera denuncia es el siguiente: un hombre en 2016 tomó un préstamo para ayudar a un yerno en aprietos económicos, y acabó perdiendo su casa en un remate, sin posibilidad de que el abogado de la parte acreedora aceptara ninguna clase de arreglo extrajudicial. Y resultó que ese mismo abogado fue quien acabó comprando el inmueble hipotecado.

El denunciante, F.D., refirió que en aquel año acudió a "un aviso en el diario de una inmobiliaria que ofrecía préstamos hipotecarios". Ya eso implica una sospecha de ilegalidad. Sólo entidades autorizadas por el Banco Central pueden prestar dinero con garantía de hipoteca. "Préstamos hipotecarios, resolución inmediata. Experiencia, seriedad. Consulte Italia 1231" decía el anuncio.

F.D. acudió allí, donde encontró la oficina de Inmobiliaria Solares. Así hipotecó su vivienda "a favor de una persona que desconocemos". Es que resultó que ni siquiera el préstamo lo otorgaba la inmobiliaria sino una tercera persona –L. B.–que nunca apareció en escena.

La abogada de F.D., Micaela Domínguez, confirmaría luego que esta maniobra se reiteró en cada ocasión, siempre con personas que ignoraban que se efectuaban préstamos con su nombre. Incluso, se descubrió que las personas cuyo nombre se invocó tampoco tenían solvencia económica como para realizar esos préstamos dinerarios.

Luego en el contrato de mutuo que suscribieron, se adulteraba el DNI de la persona acreedora de la hipoteca, de manera de dificultar luego su individualización. Constan en la denuncia esa y otras irregularidades repetidas en la constitución de las hipotecas. Por eso, la denuncia original refiere los delitos de "falsedad material e ideológica de instrumento público (escrituras)", además de "usura, estafa y/o asociación ilícita, y/o lavado de activos".

El denunciante alegó que siempre mostró voluntad de pago de los 200 mil pesos que tomó prestado, pero le exigieron como devolución $1,5 millón. "Frente a esos montos imposibles que nos requerían para cancelar, advertimos claramente que la intención era quedarse con nuestra propiedad llevando adelante la ejecución hipotecaria", dedujo F.D..

Los montos prestados son diversos, desde unos 10 mil pesos de hace 5 años, que terminaron en embargo de sueldo, hasta un crédito de 80 mil dólares que derivó en una ejecución hipotecaria.

En numerosos casos, por ejemplo, aparece como dador del préstamo un tal Marcelo Ferreyra, que resultó ser una persona insolvente y por ahora inhallable.

No ha lugar

Sin embargo, aquella denuncia inicial fue desestimada en 2021 por el fiscal de primera instancia Guillermo Apanowicz. El mismo criterio ratificó la fiscal regional interina de entonces –ahora titular– María Eugenia Iribarren. Y también avaló esa postura la autoridad máxima del MPA en esos años, el exfiscal general Jorge Baclini.

"La denuncia realizada no presenta elementos suficientes para determinar la existencia de un hecho punible", concluyó Baclini al confirmar la desestimación de aquella denuncia. 

Aunque admite que hay referencia a maniobras fraudulentas –delito penal–, el exjefe del MPA consideró que "el eje de la disputa gira en torno a la ejecución de una garantía real, un inmueble, lo que debe ser resuelto por tribunales con competencia en lo civil".

También rechazó que haya delito de usura. "Los intereses son los frutos civiles pactados entre las partes", afirmó el fiscal general. Y por lo tanto, también desconoció la posibilidad de una defraudación por parte de los prestamistas. "No se advierte el ardid, engaño, o abuso de confianza para la negociación. El denunciante suscribió el contrato a sabiendas de sus términos", observó sin atender a las circunstancias narradas en la denuncia. Y recomendó al denunciante que recurra al fuero civil.

Por otra parte, Baclini en su resolución sí atinó a informar a Fiscalía federal ante la probabilidad de que ese negocio de préstamos conlleve evasión impositiva. 

Esta desestimación precedente del fiscal Apanowicz, confirmada luego por Iribarren y por Baclini, le pesa ahora al fiscal Mariano Ríos Artacho, que ha recibido nuevas denuncias sobre la misma organización.

La abogada Micaela Domínguez replicó al respecto: "Esas denuncias fueron desestimadas y no podrían ser investigadas porque una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho, pero aquí no hubo juzgamiento. Lo que hubo fue la desestimación de una denuncia sin tomar ninguna medida de prueba, solo porque les pareció y con un criterio harto discutible".

Así dedujo que, con las nuevas autoridades del MPA, "será una discusión de política criminal lo que quieran hacer. Nosotros aportamos nuevos elementos para probar lo más claro, que es la falsedad de los documentos que ejecutan porque las personas no se conocen entre sí. Es una decisión que deberá tomar el MPA, si quieren perseguir estas mafias o no", concluyó.

Rosario/12 consultó al respecto a Fiscalía General, ahora a cargo de María Cecilia Vranicich, pero no obtuvo respuesta.