El límite interprovincial entre Salta y Jujuy todavía no cuenta con un marco legal que lo valide. La delimitación cartográfica de ese trazado con fines administrativos y políticos, que se establece por consensos entre Estados provinciales, debe ser resuelto por los representantes asignados para zanjar estas controversias: los legisladores del Congreso de la Nación. Es una atribución que no modificó la Constitución Nacional de 1994 y la mantiene en su artículo 75, inciso 15: "arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias, crear nuevas".
El tema de los límites entre las dos provincias norteñas no es el único caso de fronteras no validadas hasta la fecha. El Instituto Geográfico Nacional realizó en 2011 el estudio "Representación gráfica de los límites interprovinciales en la República Argentina”. El proyecto permitió sistematizar toda la información disponible sobre límites interprovinciales dentro del territorio argentino. El Departamento de Proyectos Geográficos del IGN -actualmente de Información Geográfica- llegó a la conclusión de que no solamente Salta y Jujuy no cuentan con marco normativo. Si bien la frontera de las dos provincias es el único caso que abarca toda la línea interprovincial, persisten tramos sin resolver en otras jurisdicciones: entre Corrientes, el Chaco y Santa Fe; el trazado que separa La Rioja de Santiago del Estero, y, finalmente, la línea que separa a San Luis de San Juan, más casi todo el trazado de la línea interjurisdiccional entre esa misma provincia y Mendoza.
"Lo que el IGN hace es intentar representar lo que establece un marco normativo. El Instituto no define por dónde pasa un límite", recordó a Salta/12 la responsable de la Dirección de Geografía del organismo nacional, María Dolores Puente. "Hay normas que establecen que un límite atraviesa el curso que tuvo un río en un año en particular, y eso no cambia con el paso del tiempo", ejemplificó. En el caso de los límites entre las dos provincias norteñas, precisó que el IGN por ahora basa su cartografía en otros antecedentes cartográficos, como documentos e informes elaborados en instancias de Comisiones Bicamerales. En sus conclusiones, el estudio marcó criterios y dividió en tres categorías la situación de los límites interprovinciales: con marco legal validado; con marco legal pero sin validar por el Congreso; sin marco legal. Los resultados de ese estudio fueron publicados en la edición octava de la revista institucional "Ojo de Cóndor".
Los 24 tramos en que actualmente se divide el límite entre Salta y Jujuy, todavía no generaron conflictos de importancia que empujen a los Estados provinciales a zanjar las diferencias o conflictos mediante acuerdos. Esos tramos pueden ser consultados en el visor institucional disponible en la web del IGN. Como punta de ovillo en la controversia actual en toda la franja limítrofe entre ambas provincias reaparece como una constante la premura por definir sus nuevos límites después de la disolución de la Gobernación de Los Andes en setiembre de 1943 (decreto 9.375).
En la distribución de los nuevos territorios en la zona andina entre las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, el rol del Instituto Geográfico Militar fue el de brazo ejecutor. La afirmación se desprende del texto del decreto 10.652 del 13 de abril de 1946, meses antes de que asumiera la presidencia Juan Domingo Perón. En sus considerandos, marcaba como precedente otro decreto, el 3.301 de 1943, dictado durante la presidencia de Pedro Ramírez (junio 1943 a marzo 1944). En ese caso, disolvió la Comisión Técnica Especial sobre límites interprovinciales creada en 1935 por Robustiano Patrón Costas. El salteño fue presidente provisional del Senado desde 1932 hasta que Ramírez disolvió el Congreso nacional en 1944. Lo importante en la historia del diferendo no resuelto fue que el decreto de Farrel (10.652) autorizó al Instituto Geográfico Militar a a realizar acuerdos tendientes a determinar los límites interprovinciales, un rol muy diferente al que tiene el IGN en la actualidad.
Durante la ronda de consultas a organismos oficiales de los gobiernos de Salta y Jujuy, la Dirección de Límites salteña mencionó la demarcación de límites transitoria producto del decreto emitido por Farrel en 1946. El organismo dividió en cuatro las zonas de litigio en el límite entre Salta y Jujuy. Luego durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón fueron laudados (1948 a 1953) aunque bajo la condición de ser aprobados por el Congreso Nacional, cosa que nunca ocurrió. Las zonas demarcadas situaron las discrepancias entre las dos provincias en la demarcación sobre el departamento jujeño Santa Bárbara; en la localidad de Lavallén en el mismo departamento de Jujuy; en Salinas Grandes en la Cuenca de Guayatayoc de la actual Puna que comparten Salta y Jujuy, y finalmente en Valle Morado, que se extiende entre los departamentos Ledesma en Jujuy y Orán en Salta.
Santos Jacinto Dávalos, explicó con más detalle el diferendo norteño. Dávalos, miembro ad honorem de la Comisión de Límites conformada en 2020 por el gobierno de Salta con el objeto de zanjar las diferencias fronterizas entre las provincias de Salta y Catamarca, también marcó como uno de los orígenes de las diferencias interprovinciales el momento en que Ramírez disolvió la Gobernación de Los Andes, un territorio que hoy correspondería al Triángulo del Litio argentino.
En el proceso que marcó el fin del territorio nacional de la Gobernación de Los Andes, se adjudicaron porciones a Salta, Jujuy y Catamarca. "El
gobernador salteño (el interventor José Morales Bustamante) se opuso a esa distribución de tierras entre las tres
provincias", recordó Dávalos en diálogo con Salta/12. "Repetía que esas tierras eran
salteñas y que Nación tomaba decisiones que le correspondían a la
Legislatura de Salta", precisó. "Cuando asumió Perón la
presidencia la Nación (4 de junio de 1946), la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia (de la Nación) había establecido que toda las leyes dictadas durante un
gobierno militar cesaban automáticamente el día en que se reestablecía
la democracia". Por lo tanto la disolución de Los Andes era nula y también la distribución de las tierras de la Puna de Atacama.
Dávalos relató que, ya presidente, Perón estudió las nuevas leyes que su
gobierno necesitaba y envió al recinto un proyecto que las incluía a todas, un procedimiento que se solía denominar ley ómnibus. "A dos de ellas le dió un
tratamiento especial". "Una se refería a la disolución de la Gobernación de Los Andes. La otra, el reparto de esos territorios entre Catamarca, Salta y
Jujuy", detalló. La última ley ralacionada con los laudos del IGM, fue aprobada por la Cámara Baja del
Congreso nacional, pero el Senado nacional nunca le dió tratamiento. Desde
entonces, "el problema limítrofe entre Salta y Jujuy permanece sin
solución", aseguró Dávalos. "Pasaron ya más de cien años de la
posesión pacífica en esa zona". "Es muy difícil revertirlo, pero puede
ocurrir", vaticinó desde su posición que mantiene en alto el reclamo histórico de Salta sobre la verdadera extensión de sus territorios.
El último intento de este siglo por saldar las diferencias lo hicieron dos senadores salteños del entonces peronismo disidente, Sonia Escudero y Juan Carlos Romero. En 2011 y 2013 remitieron un proyecto para conformar nuevamente una Comisión Bicameral que tendría por objeto solucionar las diferencias limítrofes entre Salta y Jujuy. En sus argumentos retomaron la cuestión de los límites provisorios laudados por el entonces IGM y la última Comisión Bicameral conformada en 1960. "Estos laudos fueron los que se consideraron en el artículo 8 de la ley 15.290 para establecer el status quo, en tanto el Congreso de la Nación resuelva el límite interprovincial definitivo", mencionaron en el texto del proyecto.
"¿Por qué continúa sin solución la cuestión limítrofe entre las dos provincias?", consultó este medio a la legisladora salteña mandato cumplido. "Recuerdo que Jujuy se oponía", rememoró. "Si las dos provincias hubieran estado de acuerdo, salía inmediatamente", agregó. "Conformada la Comisión, Jujuy y Salta no podían estar presentes, debían enviar representantes con las pruebas, por eso Jujuy se opuso. Fue la razón por la que nunca se concretó la conformación de una nueva Comisión para tratar el tema".
En 2005, el entonces senador nacional por Jujuy Gerardo Morales insistía en "defender cada metro de territorio jujeño" a raíz de un conflicto en El Talar, próximo al municipio de Urundel, en el departamento salteño de Orán. La localidad integra la comuna que lleva el mismo nombre en el departamento de Santa Bárbara. Fue una de las zonas demarcadas como conflictiva por el viejo IGM, en ese caso, en 1948. En 2005 Morales le solicitó al gobierno nacional a cargo de Néstor Kirchner que "arbitre los medios a su alcance para evitar situaciones de alta conflictividad entre los gobiernos de ambas provincias". También se opuso a un proyecto de resolución para modificar la conformación de la última Bicameral según la ley 15.290 de 1960. "No vamos a dejar de luchar por cada metro de tierra. De una vez por todas, debemos poner fin a un permanente estado de hecho, del que derivan constantes conflictos que afectan tanto el orden público de las provincias, como a intereses particulares de los propietarios y pobladores de la zona de litigio. Debemos poner fin a la actitud expansionista de Salta", reclamó Morales durante la sesión del Senado del 27 de setiembre de 2005.
El espacio andino salteño hoy
El senador salteño por La Poma, Daniel Nolasco, planteó a finales de agosto en la Cámara alta provincial, un reclamo por situaciones generadas sobre el límite entre las dos provincias norteñas, en un sector que corresponde al departamento que representa, por cartelería oficial que cambió de lugar. "Cuando se repavimentó la ruta nacional 52, los habitantes de la zona contaron que se corrieron algunos carteles limítrofes y ahora están dentro de la provincia de Salta, que es el departamento La Poma", contó el legislador provincial en alusión a las obras realizadas durante la pandemia sobre el tramo Susques/Jama. "A futuro, por el desarrollo turístico o minero puede acarrear algún problema", advirtió, y sumó también la movilidad transhumante que las comunidades originarias mantienen en toda esa cuenca altoandina.
No fue la única oportunidad en que se quejó por la falta de marco legal en los límites interprovinciales. "Hace ocho años que planteo la problemática", dijo. El legislador pomeño mantuvo reuniones antes de la pandemia con funcionarios de la Dirección de Límites que depende del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos de Salta. Su objetivo entonces era lograr que el Estado salteño definiera los límites mediante la colocación de mojones en una zona en conflicto. Se trataba de un paraje próximo a la ruta nacional 52, al oeste de Salinas Grandes llamado Esquinas Blancas.
"Tuvimos problemas en ese paraje en 2021 por una feria del trueque, que fue autorizada por la Policía de la provincia de Jujuy, cuando en realidad la comunidad se encuentra dentro de la jurisdicción de la provincia de Salta, en el departamento La Poma. Hubo diferencias entre los pobladores y terminó actuando la Policía salteña con base en San Antonio de Los Cobres", contó Nolasco. Otro problema que detectó fue en el paraje Cerro Negro, más precisamente con el puesto sanitario que incluye como área de atención Esquinas Blancas. La cartelería que se movió generó dificultades entre algunas familias que sólo cuentan con la asistencia sanitaria de Salta. "Tiene que haber una decisión del gobierno (de Salta) para que de una vez por todas tengamos una delimitación en esa zona", dijo el legislador.
El senador por el departamento Los Andes, Leopoldo Salva, integra la Comisión de Áreas de Fronteras y Límites. El legislador reconoció un problema latente en Olacapato. "En esa zona no hay límites precisos. La comisión que dirime estos problemas debe ser conformada por el Congreso Nacional", recordó. "Los pobladores de Olacapato nos piden que busquemos una definición al problema. Unos dicen que divide la vía de tren", por el ramal C14 que atraviesa esa zona andina. "Otros, que es la red de alta tensión; otros, en cambio, que es la ruta" nacional 51.
"Voy a presentar un proyecto para que el Congreso Nacional dirima de una vez por todas por dónde pasa el límite interprovincial", adelantó. "Es necesario que el Instituto Geográfico Nacional o quien designe el Congreso de la Nación, nos informe en la zona lindera exactamente cuáles coordenadas corresponden a Jujuy y cuáles a Salta", reclamó Salva.
Multiresidencia y propiedad comunitaria
"La conformación de los estados modernos poco tiene que ver con la territorialidad, que se experimenta de otro modo", apuntó Héctor Ramírez, profesor de la cátedra de Espacio y Sociedad en la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Salta. "El concepto de la propiedad del territorio es capitalista, sin embargo, las sociedades ancestrales no tenían una concepción de la propiedad individual de la tierra. Ahí surgen el conflicto por la propiedad de la tierra con las comunidades originarias", recordó el docente.
El geógrafo Sergio Braticevic, investigador del Conicet, recordó que las comunidades originarias de Jujuy desarrollan circuitos de multiresidencia a un lado y a otro de la frontera entre provincias. "Mantienen recorridos que -por temporadas- involucran las quebradas y los valles bajos", dijo en un paneo genérico de la movilidad de los habitantes andinos sobre la variedad de relieves próximos a la cordillera andina.
Braticevic no olvidó que la actividad minera, extractiva y en crecimiento en todas las provincias del norte alterará los circuitos que mantienen las y los pobladores. "Sus espacialidades habituales son diferentes" dijo sobre la territorialidad comunitaria frente a la demarcación de los límites políticos-administrativos que definen Estados orientados a fragmentar el espacio entre privados. La cartelería oficial que cambia de lugar en parajes de la puna salto-jujeña entre La Poma y Susques expresa otro modo de experimentar el territorio.
A esta disputa no resuelta por los límites se le agregan cual capas geológicas los incipientes problemas por catastros mineros ubicados sobre fronteras administrativas no definidas, algo que comienza a aparecer -al menos del lado jujeño- en Salinas Grandes entre comunidades salitreras y empresas transnacionales que corren tras permisos de cateo para la exploración de reservas de litio y tierras raras. En el contexto de un diferendo limítrofe que aún no fue saneado, las comunidades reclaman al Estado argentino la propiedad colectiva del territorio ancestral. ¿Serán invitadas las comunidades a integrar en el futuro una Comisión Bicameral que tenga por objeto sanear la situación de los límites de las jurisdicciones de Salta y Jujuy?
