La larga crisis institucional que atraviesa España por el desafío secesionista en Cataluña podría llegar hoy a su “Día D” si la región nororiental aprueba dos leyes claves, en el camino a un referéndum sobre la independencia del resto de España que el gobierno central en Madrid rechaza.
La prensa habla de hoy como el “Día D”por la posible aprobación de dos leyes cruciales. La primera es la “ley del referéndum”, que según los independentistas establece el marco legal para convocar la consulta del 1º de octubre. Crear ese nuevo marco es necesario porque en España una región no puede convocar un referéndum sobre una cuestión que afecta a todo el país. La ley podría aprobarse en el pleno del Parlamento regional o como decreto firmado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
También podría aprobarse la segunda norma clave, conocida como “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana”. La norma pretende garantizar la legalidad durante el período comprendido entre la supuesta celebración del referéndum y la aprobación de una Constitución catalana en caso de que gane el “SÍ”. Establece por ejemplo que el jefe del gobierno catalán será también el jefe de Estado o regula quién tendrá la nacionalidad catalana.
La región de 7,5 millones de habitantes, una de las más ricas e industrializadas del país, tiene tradicionalmente un nacionalismo latente basado en su lengua, historia y cultura comunes. Sin embargo, las tendencias independentistas se dispararon en los últimos años sobre todo por el impacto de la crisis económica que sufrió España y por la irritación que generó la anulación de parte del Estatuto de Autonomía catalán (una suerte de Constitución regional) por parte del Constitucional español en el 2010.
La tensión alcanzó su máximo con el referéndum sobre la independencia que el “govern” catalán quiere celebrar el 1 de octubre. Mientras el gobierno de Mariano Rajoy asegura que no se producirá porque es inconstitucional, Puigdemont advierte de que no hay vuelta atrás: “Cualquier cosa que quieran hacer es inútil porque la gente quiere votar”.
Aunque diversas fuentes coinciden en que las leyes se aprobarán hoy, Puigdemont y el bloque independentista evitan confirmarlo. Siguen así la táctica de actuar sin previo aviso para reducir al mínimo el margen de reacción del gobierno. Uno de los motivos para esperar la aprobación esta semana es que eso permitiría llevar a un nuevo nivel el proceso rupturista justo antes del lunes 11 de septiembre en que se celebra la Diada, fiesta principal de Cataluña que viene convirtiéndose en escenario de masivas marchas independentistas y que este año apuesta por una movilización histórica para dar fuerza al referéndum.
En particular la “ley del referéndum” tendrá un efecto inmediato y decisivo: se espera que, una vez aprobada, todo el gobierno regional firme la convocatoria a la consulta independentista el 1 de octubre. Lo hará al parecer hoy mismo para no dar tiempo a que el Tribunal constitucional español suspenda la ley.
“Con toda la fuerza de la ley, sin levantar la voz y sin entrar en ningún enfrentamiento estéril”, prometió Rajoy para enfrentar esta situación. En la práctica, eso significa que su gobierno reunirá con toda probabilidad un consejo de ministros que impugnará de inmediato las normas y la convocatoria del referéndum. Ambos serán previsiblemente suspendidos luego por el Tribunal Constitucional español.
Todo indica que el “govern” por su parte seguirá adelante con la organización del referéndum pese a salirse así de la ley, por lo que el escenario jurídico y la tensión política entrarán en un terreno imprevisible. Las posibles respuestas legales son varias y el gobierno asegura que mantiene abiertas todas las vías. Una es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que en una situación extrema permite adoptar las medidas necesarias para hacer que una Comunidad Autónoma cumpla con sus obligaciones e incluso suspender su autonomía. Otra es acudir a la Ley de Seguridad Nacional, que busca proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Aplicada al caso catalán, permitiría al Estado nombrar funcionarios que asuman el control de la Policía regional y los empleados públicos e incluso sustituir a funcionarios políticos.
El vocero del gobierno regional, Jordi Turull, remarcó que convocar un referéndum no es delito. “Le diría al Fiscal General que se lea las leyes. Convocar un referéndum no es delito”, sostuvo Turull en respuesta al procurador José Manuel Maza, quien en la apertura del año judicial, ante el rey Felipe VI, garantizó una actuación firme y enérgica de la Justicia en defensa de la patria común e indivisible.
