Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, no solamente estaba liderando la represión contra la comunidad Pu Lof Cushamen sino que tampoco “estaba de paso” en el lugar el día que desapareció Santiago Maldonado, como aseguró la ministra Patricia Bullrich ante el Senado. El funcionario da órdenes en Chubut desde el año pasado, cuando asistió encubierto a la audiencia judicial en la que se prorrogó la prisión preventiva del lonko Facundo Jones Huala. El 26 de julio de 2016 él mismo afirmaba a Radio Nacional Esquel que le “preocupaban” los “acontecimientos de violencia” ocurridos por entonces. “Estamos viendo qué está pasando y qué medidas pudieran ser necesarias tomar como Ministerio de Seguridad de la Nación”, reconocía Noceti, quien advertía que “en la medida en que haya delitos federales por investigar, tendríamos que intervenir”.

“Ha habido dos hechos diferentes, uno en El Bolsón y otro en El Hoyo, dos hechos que está reivindicando el RAM. Si el método utilizado por el RAM es la violencia, estaríamos frente a un delito de naturaleza federal […] Si el juez nos da la intervención, tendríamos que intervenir”, anticipaba Noceti en julio de 2016, en su afán de criminalizar la protesta social de los pueblos originarios y su reclamo por las tierras que hoy están en manos de empresarios nacionales y extranjeros. Acciones violentas y represivas contra la comunidad mapuche se repitieron en enero, en julio y el 1º de agosto.

La grabación de aquella entrevista que ayer difundió la AM750 deja al descubierto una de las principales mentiras del Gobierno: queda expuesto que Noceti, representante de la cartera de Bullrich, se estaba ocupando de la “problemática mapuche” hace un año porque se trataba de “intereses federales”. A su arribo, el funcionario de Seguridad había confirmado además al portal Noticias de Esquel que su presencia allí estaba íntimamente relacionada con el proceso legal que estaba atravesando el lonko de la Pu Lof, y que había viajado a la Patagonia porque estaba  “interesado en los conflictos en torno a las comunidades mapuche, la situación de Jones Huala y el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”.

Desde hace un mes la ministra Bullrich niega que Noceti haya estado involucrado en la represión a la comunidad y donde los testigos afirmaron que Gendarmería se llevó a Maldonado en una camioneta que tenía la insignia de la fuerza. Primero dijo que no estaba, pero después las imágenes desmintieron rotundamente sus argumentos. Luego, frente a los organismos de Derechos Humanos, que exigieron la aparición con vida del joven desaparecido, y ante el Senado, se permitió responder que Noceti fue fotografiado en la tranquera de la estancia del empresario italiano Benetton (con quien los mapuches mantienen una disputa por las tierras ancestrales) porque “iba de paso” hacia Bariloche. Pero como develó PáginaI12, cerca del mediodía del 1 de agosto, dos mujeres retenidas sobre la ruta 40 aseguraron que hablaron con el jefe de Gabinete y que incluso se había identificado como tal, al informarles que “las podían retener hasta seis horas por averiguación de antecedentes”.

El 13 de noviembre de 2016 Horacio Verbitsky en este diario reveló también que el Gobierno estaba “reivindicando el espionaje contra los pueblos originarios”. La nota tenía dos documentos: una foto de Noceti infiltrado en la audiencia donde se prorrogó la prisión preventiva del lonko de la comunidad y un PowerPoint del Ministerio de Seguridad acerca de las “amenazas de la organización Resistencia Ancestral Mapuche”. La entrevista a Noceti de julio del año pasado no deja ninguna duda acerca de la misión que como funcionario de la cartera de Seguridad estaba cumpliendo en Chubut desde mediados de 2016.

Ya el 11 de enero de 2017 Gendarmería fue protagonista de una violenta represión en tierras que eran ocupadas por Benetton, que dejó múltiples heridos y detenidos en la comunidad mapuche de Chubut. “Gendarmería reprimió y abrió fuego”, denunciaron entonces integrantes de la Pu Lof. En medio del avance, los mapuches responsabilizaron “a los gobiernos nacional y provincial, a Gendarmería, y a todos los brazos armados de la policía de Chubut que participan en este operativo de cualquier daño en la vida y la salud de nuestros pu peñi ka pu lamien”.

El 31 de julio la historia se repitió. Esta vez, en las puertas del juzgado federal de Bariloche, donde los integrantes de la comunidad reclamaban la libertad de Jones Huala, quien había sido arrestado el 28 de junio. Nueve personas fueron detenidas y estuvieron varias horas incomunicadas en instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto barilochense. Hubo heridos, entre ellos Romina Jones, hermana de Facundo, que fue brutalmente golpeada en el rostro y perdió varios dientes. 

El 1 de agosto la escalada de violencia llegó a su punto cúlmine, cuando los efectivos entraron a la fuerza a la comunidad, arrasando con todo a su paso en horas de la madrugada. Desde entonces, Santiago Maldonado no aparece y la causa ya reconoce que se trata de una “desaparición forzada”, a pesar que el Gobierno defendiendo a los gendarmes.