El gobierno de México lamentó ayer profundamente la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar el plan migratorio conocido como DACA. Además, anunció una serie de medidas para recibir a miles de jóvenes indocumentados, muchos de ellos mexicanos, afectados por la medida.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que promoverá activamente ante los poderes Ejecutivo y Legislativo de Estados Unidos una pronta solución a la incertidumbre jurídica que enfrentan a partir de ahora los beneficiarios del DACA, conocidos como “soñadores”, “dreamers” en inglés. “México recibirá con los brazos abiertos a los jóvenes dreamers que regresen a nuestro país”, aseguró en un comunicado en el que detalló acciones para ofrecerles el mayor apoyo, aprovechar sus talentos y capacidad, e integrarlos plenamente a la sociedad y economía nacional.
Entre ellas, la creación de una bolsa especial de trabajo para los “soñadores”, un programa de crédito joven en Estados Unidos y México, y becas tanto en el país como en otras naciones, explicó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. A su vez, acceso a la educación sin trámites innecesarios y revalidación inmediata, y afiliación al Seguro Popular, acciones adicionales a las contempladas en el programa Somos Mexicanos, detalló el subsecretario para América del Norte, Carlos Manuel Sada Solana, quien leyó el comunicado de la SRE.
Se esperaba que la decisión de Trump fuese rechazada por México, que ya está enfrentado a Estados Unidos en materia migratoria por los planes del mandatario de levantar un muro en la frontera sur del país para frenar la inmigración ilegal y que sea México el que pague por él, algo que Peña Nieto rechaza. “Si bien la determinación de la política migratoria de Estados Unidos corresponde exclusivamente a los estadounidenses, nuestro país no puede ignorar el hecho de que son precisamente miles de jóvenes nacidos en México los potencialmente afectados por la decisión anunciada el día de hoy”, afirmó Sada Solana. Por ello, continuó: “El gobierno tiene un imperativo moral de actuar, por la vía diplomática y siempre en estricto apego a derecho, para promover activamente ante los poderes Ejecutivo y Legislativo de los Estados Unidos una pronta solución”.
