“La única hipótesis es la de la desaparición forzada”, fue una de las frases destacadas una y otra vez en la conferencia que dio ayer la familia de Santiago Maldonado con su abogada Verónica Heredia, abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, el defensor oficial Fernando Machado y Julio Saquero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).  Para ellos fue siempre, desde el primer momento, la principal sospecha: la desaparición a manos de la Gendarmería, ya que ocurrió en medio de un operativo violento desplegado por esa fuerza en el territorio donde se encuentran los mapuches de la Lof en Resistencia de Cushamen. Pero entre el lunes y ayer se sumaron cuatro testimonios fundamentales de miembros de esa comunidad. Uno de ellos, Matías Santana, describió en detalle el momento en que tres gendarmes golpean al joven artesano tras la persecución y lo subieron a una camioneta Unimog. Frente a estos relatos, que fueron bajo juramento y sin reserva de identidad, el director ejecutivo del CELS Gastón Chillier denunció que queda en evidencia que “lamentablemente el gobierno a través de la Ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) se dedicó a desviar a la investigación”. Advirtió que el Gobierno promovió pistas truchas –como la del puestero atacado– y que el Estado nacional mintió al mandar un informe en respuesta al Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas al avalar la legalidad de un operativo que no tenía orden judicial.

El viernes último, frente a la Plaza de Mayo colmada en reclamo de la aparición con vida de su hermano, Sergio Maldonado pidió la renuncia de la ministra Bullrich, a quien Mauricio Macri respaldó ayer después de una reunión en la Casa Rosada para evaluar el caso. Cuando ayer le preguntaron qué le parecía esa posición del Presidente, Maldonado ironizó: “Quiero creer que se olvidó el dato de los testigos, quizá mañana recapacita”. Le recomendó, además, que no vea solo “dos canales” porque “hay más”. El hermano del joven desaparecido cuestionó a los medios “más grandes” por sembrar pistas falsas y sugirió mirar la página web de la familia (www.satiagomaldonado.com) para obtener información oficial. “Dolor, angustia, impotencia”, fueron las palabras que usó para retratar cómo transita la situación que le toca vivir.

Los cuatro testimonios de ayer, que son palpables, acreditan la presencia de Santiago en la comunidad el 1 de agosto. Todos dicen que estaba ahí y uno de ellos describe el ataque de los gendarmes a Santiago. Son testigos que juran decir la verdad. El Gobierno, y con fuerza la ministra, venían insistiendo en poner en duda ese solo dato sobre la presencia del artesano allí ese día. En ese sentido fue que fogonearon la teoría de que lo podía haber acuchillado un puestero, llamado Evaristo Jones, que decía haber sido atacado por alguien de la comunidad mapuche el 21 de julio. Pero apenas comenzó esta semana quedó confirmado que el perfil genético hallado en su cuchillo no era de Santiago. También era el Gobierno y sus voceros mediáticos el que decía que los testimonios que se conocían no tenían valor, porque los que describían el accionar de Gendarmería fueron tomados en el territorio y eran anónimos. Los mapuches alegaban temor, ya que desde el verano hasta ahora, acumulan unos cuarenta procesamientos o problemas judiciales por protestas. Finalmente Santana se animó a declarar con nombre y apellido e incluso luego habló con algunos medios y contó públicamente lo que vio. Es posible que en los próximos días declaren algunas otras personas que estuvieron presentes en la cacería de Gendarmería. Saqueiro, de la APDH, señaló en la conferencia que la justicia tampoco les había proporcionado medios para poder trasladarse los más de 100 kilómetros hasta Esquel. Que él se ocupó de llevar a una “abuela de la comunidad que no tenía como venir”. “Los pueblos originarios son sometidos a esta terrible condición” que impide “expresar su verdad”, dijo. “No se los tomó en serio cuando declararon en su comunidad”, se quejó.

“Después de desviar la investigación 35 días este es un punto de inflexión para empezar a investigar a la Gendarmería”, fue contundente Chillier, y anunció que la familia, que recién esta semana pudo acceder al expediente cuando se levantó el secreto de sumario, pedirá nuevas medidas y diligencias. Describió que fueron 35 días en que el Gobierno “diseminó rumores a la prensa”. Y recién “después de 35 días van a viajar el Ministro de Justicia (Germán Garavano) y el secretario (de derechos humanos, Claudio Avruj)”, agrego. Del planteo de Chillier se desprende que todo deberá enfocarse en la conducta de los gendarmes de cuatros escuadrones que participaron de los procedimientos el 31 de julio y el 1 de agosto, e incluso en las posibles mentiras y omisiones. Todavía hay un peritaje sin terminar sobre los aparatos electrónicos y teléfonos que usa la Gendarmería, recordó. “Se debió haber hecho al día siguiente, cuando incluso debió ponerse” el ministerio “al frente de la investigación”. Recordó la frase “inapropiada” de Bullrich que decía que no arrojaría “a la Gendarmería por la ventana”.

La abogada Heredia puntualizó que el 4 de agosto, cuando Gendarmería le presentó un informe al juez, le llevó los nombres de solo 7 gendarmes cuando habían participado más de un centenar. “Ya con eso quedó configurada la desaparición forzada”, sostuvo. “Negaron y ocultaron información”, insistió. Heredia y Chillier señalaron que se deberá apuntar al jefe de Gendamería de Esquel, Juan Pablo Escola, quien negó  que los efectivos  hubieran detenido a nadie y además  dijo que los gendarmes no habían llegado hasta el Río Chubut en la persecución, algo desmentido por las propias filmaciones de esa fuerza. Chillier señaló que hay medidas que no se hicieron que ya no se podrán reproducir, como el secuestro de vehículos a tiempo y de celulares y aparatos que pudieran tener imágenes u otros registros.

En el ínterin, y en la línea con las pistas llamativas que aparecen, la fiscalía de Silvina Avila recibió la semana pasada un anónimo con supuesto un informe de inteligencia de la Policía Federal, que participa de la investigación, que responsabiliza a la Gendarmería en la desaparición de Maldonado pero sitúa el hecho el 31 de julio y que habrían llevado el cuerpo cerca de Chile. Por ahora, la fiscal intenta verificar si es veraz, si algún dato coincide con otras pruebas. La fecha, por lo pronto, discrepa con los testimonios.  

Saquero recordó que hay un informe de Gendarmería previo al operativo que lo sitúa en su “dimensión política” y al que “no se lo ha mencionado a fondo”. Fue una reunión del 31 de julio en Bariloche con participación los comandantes de Gendarmería, el jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti ,y el ministro de gobierno de Chubut Pablo Durán. “Nuestra denuncia, presentada el día 2 (tras la desaparición de Santiago), habla de responsabilidad en la desaparición forzada” de todos ellos, Bullrich y Macri. Paula Litvachky, del CELS, pidió no perder de vista las características del operativo:  “ilegal, violento y donde se cometieron abusos” y “sin orden judicial”. “Pedíamos separar a los gendarmes de sus cargos, pero la defensa de la ministra no dejó lugar” . Chiller alertó que le informe enviado por el Ministerio de Seguridad a la ONU es falaz porque dice que la Gendarmería ingresó al territorio bajo órdenes del juez Guido Otranto. “Esas órdenes fueron del día anterior, el ingreso a la comunidad fue un allanamiento en operativo ilegal.”