A 36 días de la desaparición de Santiago Maldonado y casi un mes después de haber reclamado al Estado argentino acciones urgentes para encontrarlo, las Naciones Unidas expresaron su “preocupación por la falta de progreso de las investigaciones que se están llevando a cabo” para garantizar la aparición con vida del joven de 28 años que fue visto por última vez durante la represión que desplegó Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut.
En esta ocasión, fue la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), quien advirtió la “falta de progreso” en los expedientes judiciales que tienen por objetivo encontrar a Maldonado y determinar quiénes fueron los responsables de su ausencia, mientras que exigió a las “autoridades pertinentes a realizar la investigación apegándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
La ACNUDH señaló particularmente a la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas como estándar al que la Justicia argentina debería ceñirse ya que “establece claros parámetros para llevar una investigación sobre este tipo de hechos, en especial cuando hay posibles señalamientos de la participación de la fuerza pública”, apuntó el representante para América del Sur de la agencia regional, Américo Incalcaterra, a través de un comunicado.
En el documento que difundió ayer, la agencia informó de dos reuniones que mantuvo Incalcaterra el jueves y el viernes pasado con el objetivo de “colaborar y prestar la asesoría técnica” que la familia Maldonado pidió al Gobierno nacional durante una reunión que la abogada de los hermanos y padres de Santiago, Verónica Heredia, mantuvo con el ministro de Justicia y Derechos HUmanos, Germán Garavano, el martes 29 de agosto. Incalcaterra se reunió con Garavano, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y el defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano el jueves. Heredia se sumó al encuentro del viernes. Sin embargo, aún no se ha llegado a un acuerdo para que la ONU efectivamente empiece a colaborar. “Estamos en etapa de evaluación”, apuntó Avruj a este diario.
LA ONU se hizo eco de la denuncia por la desaparición de Maldonado apenas una semana después de producido el hecho. Fue el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas quien, a partir de un pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales dos días antes, intervino con un reclamo liso y llano al Estado argentino: exigió que adopte como “acción urgente una estrategia integral y exhaustiva” que incluya “todas las medidas urgentes que sean necesarias” para buscar a Santiago Maldonado y localizarlo. El Comité tomó el caso como una desaparición forzada, de la misma manera que lo entendieron desde el primer día de ausencia los organismos de derechos humanos, la comunidad mapuche y la familia del joven. Maldonado estaba aquel 1 de agosto en el territorio de la Pu Lof en resistencia de Cushamen, en Chubut, y sufrió, junto a integrantes de la comunidad mapuche, la brutal represión que desplegó Gendarmería. Desde ese 1 de agosto, habitantes de la comunidad denunciaron que vieron cómo gendarmes le pegaron a Santiago, lo cargaron en un camión primero, luego en una camioneta, y se lo llevaron.
Amnistía Internacional también intervino en el caso, desarrolló una acción urgente para pedir por la aparición de Maldonado y, semanas después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar para proteger sus derechos de Maldonado y reclamó al Gobierno información sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos ocurridos.
