La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación firmó un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del caso internacional por la desaparición de Jorge Julio López, en 2006. Según explicaron desde ese organismo, en el acuerdo firmado por el secretario Horacio Pietragalla Corti; los hijos de López, Rubén y Gustavo; sus abogados y la Cancillería, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida, al debido proceso legal, a la protección judicial efectiva y a la integridad personal, en perjuicio de López y de sus hijos.

“En tiempos actuales donde se reproducen constantemente discursos negacionistas, para nosotros poder seguir trabajando y estar hoy firmando este documento significa seguir fortaleciendo las políticas públicas de derechos humanos y la defensa del proceso de memoria, verdad y justicia”, declaró Pietragalla luego de la firma del acuerdo. Y agregó: “Es una deuda que tenemos con la familia de López y con lo que Julio aportó a la construcción de la democracia. Él fue ejemplo del valor que tuvieron y tienen los testigos en los procesos judiciales contra los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país”.

Las violaciones a los derechos esenciales de López y su familia se dieron "por la falta de articulación de medidas para resguardarlo como víctima y testigo en un juicio por crímenes de lesa humanidad, y de debida diligencia en la investigación de la desaparición y en la búsqueda de su paradero". También fue determinante, "la impunidad sobre lo sucedido y sus eventuales responsables, y las lesiones a la integridad personal que todo aquello significó para sus hijos". 

El acuerdo prevé las siguientes obligaciones para la Argentina:
• El desarrollo de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, y la difusión del acuerdo en diarios de amplia circulación nacional.
• El compromiso de seguir fortaleciendo y promoviendo políticas públicas para el acompañamiento y asistencia a víctimas y testigos en investigaciones y juicios vinculados a crímenes de lesa humanidad.
• La obligación de la Secretaría de Derechos Humanos de elaborar un informe integral y circunstanciado que dé detallada cuenta del proceso de búsqueda de López desde su desaparición hasta la actualidad. El informe, que procurará ser un insumo para impulsar su búsqueda efectiva e incluirá recomendaciones sobre próximos cursos de acción, será entregado a la familia, las autoridades judiciales a cargo del caso y a la CIDH.
• El impulso de la sanción de una Ley Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en democracia, que recepte los principios rectores del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

"Monumento a la impunidad"

La abogada Luz Santos Morón, que en nombre del colectivo de agrupaciones de derechos humanos Justicia Ya La Plata había presentado la demanda ante la CIDH por este caso, expresó a Página/12 que "no basta con el reconocimiento formal por parte del Estado, cuando despues de 17 años seguimos reclamando justicia frente a la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, cuando no sabemos qué pasó y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes".

La abogada agregó que "la causa judicial, como decía Nilda Eloy, se trasformó en un monumento a la impunidad, ya que desde hace años no ha habido ningún avance sustancial, y desde el 2006 a la fecha ninguno de los gobiernos de turno ha adoptado políticas concretas para que avance la investigación, por eso es que como Justicia Ya La Plata hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dé por cerrada instancia de solución amistosa y pase a tratar el caso como contencioso con el objetivo de llegar a la Corte". Claramente, el acuerdo anunciado por la Secretaría de Derechos Humanos indica que este pedido no fue escuchado.

Desaparecido en democracia

El 18 de septiembre de 2006, López salió de su casa en el barrio de Los Hornos, en las afueras de La Plata, hacia los Tribunales de La Plata para presenciar la audiencia de alegatos en la causa contra el genocida Miguel Etchecolatz por delitos de lesa humanidad. Pero nunca llegó a destino. Su testimonio, junto con el de otras sobrevivientes de los campos de exterminio del circuito Camps, fue clave para la condena contra Etchecolatz por delitos cometidos en el marco de un genocidio, en el primer juicio tras la anulación de las leyes de impunidad. De hecho, a partir de su relato fueron encontrados restos óseos en el Pozo de Arana. Su primera desaparición había tenido lugar a manos de la patota de Etchecolatz el 27 de octubre de 1976.

Daños y perjuicios

Los hijos de Jorge Julio López, Ruben Eduardo y Gustavo Jorge, le iniciaron en mayo de este año una demanda al Estado Nacional por 600 millones de pesos en reclamo por los daños y perjuicios sufridos. Según el portal hechosyderecho, la acción recayó en el Juzgado Federal 2 de La Plata, y apunta a la falta de protección que le dispensaron pese a su rol clave en el proceso. Con el patrocinio del abogado Alfredo Gascón, los hijos de López indicaron que "como ha tramitado la investigación judicial queda acreditado un absoluto desprecio por la satisfacción del legítimo interés de esta parte y un desentendimiento con el valor justicia".