El Tribunal Electoral de Panamá rechazó organizar una consulta popular el 17 de diciembre para que la ciudadanía opine sobre un polémico contrato minero, propuesta que había lanzado el presidente Laurentino Cortizo en busca de desactivar las masivas protestas que se desarrollan en el país desde hace diez días.
"En estos momentos no hay condiciones para organizar la pretendida consulta popular", anunció en una conferencia el presidente del tribunal, Alfredo Juncá, que remarcó que el ambiente convulso que vive el país impide atender el pedido del gobierno.
Además, "la Corte Suprema de Justicia tiene en estos momentos demandas de inconstitucionalidad de la ley 406 (del contrato minero) que, de resolverse antes de la fecha de la consulta, la harían innecesaria", añadió el magistrado.
La jugada de Cortizo para desactivar las protestas
Cortizo propuso este domingo la consulta popular para que los panameños decidan si se deroga el contrato con la compañía canadiense First Quantum Minerals.El mandatario lanzó su propuesta tras concluir una enorme concentración en la capital, donde decenas de miles de personas exigieron la derogación del contrato de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, situada en la costa del Caribe.
El gobierno defiende el contrato con el argumento de que supondrá aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial.
Y advirtió que una anulación del contrato provocaría la pérdida 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, además de que el país se expone a demandas multimillonarias en tribunales internacionales.
"¿Queremos diálogo? ¡No! ¿Consulta? ¡No! ¡Queremos derogación ya del contrato minero!"
Más de 5.000 personas marcharon este lunes desde un céntrico parque de la capital panameña hasta los predios de la Asamblea Nacional exigiendo al presidente de Panamá que tumbe ese contrato ley con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).
"(La consulta popular) no nos sirve porque es una propuesta realmente inconstitucional. Es ganas de marear al pueblo y él sabe que no es legal", dijo el líder indígena Ariel Mendizábal. Según Mendizábal, este contrato minero fue hecho "sin consulta", por lo que pidió al Ejecutivo "bajar la mano y decir al pueblo que esa ley no es conveniente porque violenta nuestros intereses, ya que una empresa minera no nos beneficia, nos trae la destrucción de la biosfera".
La marcha, presidida por cientos de banderas de Panamá, estuvo encabezada por enfermeras que se unieron a la protesta, además de ambientalistas, grupos indígenas y jóvenes. En las pancartas se podían leer mensajes como "No a la mina. Queremos derogación de la ley" y "Nito (apodo del presidente), el oro de Panamá es verde".
