Los chilenos votarán en un mes y medio una nueva propuesta de
Constitución que fue aprobada por un órgano dominado por la
ultraderecha y la derecha tradicional y que genera tensión entre la clase
política y desinterés entre la población.
El documento, que recibió luz verde por parte del Consejo Constitucional con 33 votos a favor y 17 en contra, se compone de 17 capítulos y 216 artículos. Mientras sus defensores argumentan que la propuesta garantiza libertad y seguridad y da certezas económicas y jurídicas al país, sus críticos dicen que perpetúa el modelo neoliberal y supone retrocesos en materia de derechos.
El Estado social y democrático de derecho sería una novedad con respecto a la Constitución legada de la dictadura de Augusto Pinochet, que estableció un Estado subsidiario y fomentó la privatización de servicios básicos, como la educación, la salud o las pensiones. El nuevo texto consagra el concepto en el artículo 1: "El Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales (...) a través de instituciones estatales y privadas".
Se trata de una aspiración de la izquierda chilena, pero el sector no quedó conforme al asegurar que hay artículos que vacían el concepto, como los que establecen que cada persona tiene derecho a elegir instituciones estatales o privadas para sus fondos de pensiones o sus cotizaciones de salud. "El texto está lleno de normas que desconfiguran el Estado social. Un ejemplo es la norma que establece el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, algo que no existe en ninguna otra Constitución del mundo", explicó a la agencia EFE Javier Couso, de la Universidad Diego Portales.
Los artículos polémicos
Una de las enmiendas más discutidas fue la ley impulsada por los ultraderechistas Republicanos que protege “la vida de quién está por nacer”, en reemplazo de la actual que protege “la vida del que está por nacer”. Si bien la diferencia en la redacción de la enmienda es mínima, puede significar un cambio de interpretación, y el Gobierno sostiene que podría chocar con la actual ley de aborto en varios aspectos, debido a que la nueva norma protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural. La ley de aborto vigente en Chile permite la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando hay inviabilidad del feto y cuando el embarazo fue por una violación, mientras que uno de los objetivos de Republicanos es la abolición de esta norma.
Otra modificación que provocó diferencias es la que propone dar rango constitucional a ciertos casos de expulsión inmediata de extranjeros que ingresen al país de forma clandestina o por pasos no habilitados. La polémica se debe a que va en contra del principio de no devolución, vinculante según los tratados internacionales suscriptos por Chile, o con otros principios relevantes en el ordenamiento jurídico local, como la reunificación familiar y el interés superior del niño.
También se debatieron las enmiendas de la exención tributaria de la primera vivienda --que beneficia a las personas de mayores ingresos-- y la que busca otorgar reclusión domiciliaria a presos mayores de 75 años que padezcan enfermedades terminales. Las diferencias alrededor de esta última se produjo debido a que podría favorecer a los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. "La derecha busca constitucionalizar su moral y esto no es algo que esté en tela de juicio, lo ha reconocido el consejero Luis Silva, quien dijo que la propuesta 'acomoda más' al espectro que va desde la centroderecha hacia la derecha", recordó a EFE Julieta Suárez-Cao, de la Universidad Católica.
Posible rechazo de la población
Las encuestas llevan meses alertando de que el texto no cuenta con el respaldo ciudadano para ser aprobado en el plebiscito del 17 de diciembre, tal y como ocurrió con la primera propuesta elaborada por un órgano de izquierda y rechazada masivamente en las urnas en septiembre del año pasado. Por ejemplo, el último sondeo Pulso Ciudadano reveló que el 69,7% de los chilenos se inclinaría por votar en contra y que solo el 30,3% optaría por aprobarlo.
La oposición anticipó que votará a favor mientras el oficialismo espera tomar una decisión conjunta luego del 7 de noviembre, aunque varios de sus dirigentes expresaron críticas al proyecto. Es más, horas antes de la aprobación de la nueva propuesta de Constitución el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, lamentó el texto final y afirmó que se debió “haber hecho un mayor esfuerzo para arribar a un texto que representara la diversidad de la sociedad chilena”. “Una Constitución debe ser un espacio de encuentro y proyectarse por décadas y para eso debe ser expresión de consenso sustantivo de nuestra sociedad, y por tanto se debió hacer un esfuerzo adicional en la materia”, expresó a la prensa Elizalde.
Si la propuesta finalmente se rechaza, seguirá vigente la actual Constitución, que fue reformada decenas de veces en democracia pero es cuestionada por su origen dictatorial. El Gobierno del presidente Gabriel Boric ya adelantó que no impulsará un tercer proceso. Couso cree que, si gana el rechazo en el referéndum, el debate constitucional "se pausará durante 5 o 10 años porque hay mucho cansancio ciudadano". Si por el contrario se aprueba, el experto vaticina "una gran judicialización debido a las numerosas contradicciones que contiene el texto".
