La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos monitoreó de cerca la política que Raúl Alfonsín adoptó frente a las Fuerzas Armadas, que habían estado involucradas en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la última dictadura. Desde antes de asumir, el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) fue un foco de atención para los espías norteamericanos, que se interesaron por su política de juzgamiento de los militares. La información surge de los archivos que desclasificó la Casa Blanca a pedido de organismos de derechos humanos, y que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abuelas de Plaza de Mayo pusieron accesibles para la consulta online al cumplirse 40 años del triunfo de Alfonsín en las elecciones que marcaron el fin del régimen del terror.
En diciembre de 1983, la CIA publicó un informe que llevaba por título “Indicaciones de inestabilidad política en países clave”. Uno de esos países convulsionados era la Argentina, que se encontraba a poco de que Alfonsín asumiera la presidencia tras siete años de dictadura. En ese reporte, los analistas norteamericanos evaluaban que la victoria que Alfonsín había conseguido frente al Partido Justicialista (PJ) y el desorden que reinaba dentro de las Fuerzas Armadas le daría un período de gracia de seis meses para impulsar reformas.
En efecto, Alfonsín se movió rápido: dentro de las primeras medidas que tomó el Presidente después de asumir el 10 de diciembre de 1983 fue impulsar la derogación de la ley de autoamnistía, firmar los decretos que impulsaban el juzgamiento y ordenar la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
“No prevemos ninguna amenaza seria de intervención militar durante el primer año de Alfonsín en el gobierno, pero la reaparición de importantes tensiones sociales podría tentar a los líderes militares”, advertía la CIA. Según el organismo, Alfonsín podría sacar ventaja de su fortaleza –derivada de la elección– y de la debilidad de las Fuerzas para recuperar el control civil y recortar el gasto militar. Además, la agencia estadounidense sostenía que el Presidente podría comprometerse con dos temas sensibles para los militares –los derechos humanos y la corrupción– y dejarlos en mano de los tribunales para que investiguen y decidan.
Los espías caracterizaban a Alfonsín como un dirigente político con profundos ideales democráticos, pero que no lo hacían ni dogmático ni inflexible. “Se identificó con el movimiento de derechos humanos mucho antes de que se volviera popular o seguro”, puede leerse en el informe.
Al mes siguiente, en enero de 1984, la CIA produjo un nuevo reporte en el que advertía que el gobierno radical quería proceder con cautela en la investigación del personal de las Fuerzas Armadas acusado de haber estado involucrado en las desapariciones. La CIA, por entonces, hablaba de las tensiones entre el ministro de Defensa Raúl Borrás, el ministro de Educación y Justicia Carlos Alconada Aramburú y los sectores más progresistas del radicalismo en torno al alcance del juzgamiento.
Según el organismo de inteligencia de los Estados Unidos, la idea de Alfonsín era una investigación amplia pero que únicamente un número bajo de casos llegaran a los tribunales. En ese momento, no solo se sustanciaban procesos ante la justicia militar sino que también los tribunales civiles habían empezado a investigar lo sucedido en los centros clandestinos de detención –lo que iba más allá de la política de juzgar únicamente a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares.
En el informe de enero de 1984, la CIA sostenía que Alfonsín estaba decidido a mantener el tema fuera de la órbita del Congreso. Para entonces, recién estaba empezando a dar sus pasos la Conadep –creada el 15 de diciembre de 1983– como una comisión de notables frente a lo que reclamaba el movimiento de derechos humanos, que era la conformación de una comisión bicameral para investigar lo sucedido.
Durante esos primeros meses, el interés de la CIA en el tema militar fue casi dirimente. Los espías norteamericanos llegaron a documentar reuniones, por ejemplo, entre el jefe de inteligencia del Tercer Cuerpo de Ejército, Enrique del Pino, con Borrás y con Horacio Jaunarena –entonces secretario de Defensa de Alfonsín. Del Pino –que estaba instalado en Córdoba– iba con un planteo: que las investigaciones judiciales no llegaran hasta la oficialidad que había actuado en la represión. Es posible que, por el nivel de detalle y por el hecho de ser parte de la comunidad de inteligencia, Del Pino –que terminó juzgado y condenado a prisión perpetua– fuera el informante de la CIA.
La documentación que produjo la CIA sobre el período 1983-1984 es solo una porción ínfima de los archivos que se desclasificaron desde 2002 hasta 2019 por impulso de los organismos de derechos humanos. En 2000, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y el CELS mantuvieron una reunión con la entonces secretaria del Departamento de Estado Madeleine Albright y le pidieron que Washington abriera sus archivos. La primera tanda de la desclasificación llegó para 2002 y fue útil en los juicios –sobre todo para identificar a agentes que reportaron dentro de la estructura de inteligencia.
Al cumplirse los 40 años del golpe de Estado, el entonces presidente Barack Obama anunció que visitaría la Argentina y desclasificaría nuevos documentos. Entre 2016 y abril de 2019, se produjeron cuatro nuevas entregas. El CELS, Abuelas y Memoria Abierta comenzaron a analizar la documentación de inteligencia recopilada por los Estados Unidos junto con estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”. Por cumplirse 40 años del triunfo de Alfonsín, estas instituciones dieron acceso a 129 comunicaciones que muestran las preocupaciones de los Estados Unidos sobre la transición hacia la democracia.
