Con la resistencia de las familias que habitan el edificio y la solidaridad de las agrupaciones que les brindaron su apoyo, la comunidad de Casa Santa Cruz consiguió impedir el desalojo del inmueble que la Justicia había fijado para este martes con un mega operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Las más de cien familias que viven allí desde el año 2004 se organizaron en vigilia bajo la lluvia de Parque Patricios y alcanzaron un acuerdo para postergar el desalojo. Ahora será el turno de comenzar una mesa de trabajo en la que la comunidad buscará soluciones habitacionales definitivas.
El Parque Florentino Ameghino amaneció rodeado. Las vallas policiales que desde horas antes habían empezado a aparecer en distintas zonas del parque, cerraban las calles Uspallata y Enrique Finochietto, esquinas del edificio de Santa Cruz al 140 en las que se desplegaban motos, camionetas y patrulleros. Dentro del inmueble, las 107 familias con niños, niñas y adolescentes que habitan la ex fábrica textil Selsa de Parque Patricios permanecían en vigilia desde las 18 horas del lunes. Por la mañana se asomaban por las ventanas, hacían sonar sus cacerolas y desde la terraza desplegaban una bandera que reclamaba "no al desalojo".
Al edificio lo habitan más de 350 personas que contaban, sobre todo, con el apoyo y la solidaridad de diversos sectores del arco político y social porteño: las banderas de organizaciones como la UTEP, MTE, MTL, Proyecto 7, La Cámpora o el Polo Obrero, colgaban en el frente del edificio. Había en la calle cerca de 300 personas más, incluidos referentes políticos de la Ciudad como las legisladoras de Unión por la Patria, Victoria Montenegro, Berenice Iañez y María Bielli, y del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, Celeste Fierro y Gabriel Solano.
Alrededor de 200 policías porteños cercaron el lugar cerca de las seis de la mañana del martes. Portaban cascos, palos y escudos, y la incertidumbre sobre la modalidad del desalojo preocupaba a los vecinos y vecinas. Es que el juez Fernando Cesari, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N°60, que ordenó el "lanzamiento", había establecido que dicho procedimiento debía hacerse de forma "escalonada" desde el 31 de octubre y durante todo el mes siguiente. Según comentaron a Página/12, las familias temían que el "escalonamiento" se transformara, de hecho, en una especie de "casa militarizada".
Lo que pareció quedar claro desde que el cordón policial se instaló en el lugar fue que, al menos en este caso y por el momento, los agentes no tenían voluntad de avanzar sino que se mantenían en sus lugares. "Como defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no voy a permitir que vayan ni a un parador ni a un hotel", decía en ese contexto la defensora Marisa Graham, que se había acercado al lugar luego de realizar una presentación en la Justicia para intentar detener el operativo.
Incluso el Gobierno porteño había sostenido en la causa que el procedimiento fijado por el juez Cesari "implicaría una movilización de personal policial sin precedentes" y que no sería posible "que el desalojo se realice garantizando la integridad de las personas". Más tarde, fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad señalaron a este diario que el desalojo "era inviable del modo en que pretendían hacerlo y no había forma de garantizar que no hubiera heridos, ni daños, ni víctimas".
Así las cosas, pasadas unas horas, los representantes de las familias consiguieron una reunión inicial con los oficiales judiciales que se encontraban en el lugar, de la Asesoría Tutelar y funcionarios del GCBA. Alcanzaron allí un primer acuerdo que establecía la postergación del desalojo y la conformación de una mesa de trabajo por los próximos cinco días para definir los pasos a seguir. "Estamos pidiendo que se abra una mesa de trabajo seria donde se plantee la solución definitiva y también la transitoria, pero en este momento el juez no quiere. Nos pide que entreguemos a algunos de nuestros vecinos y vecinas como acto de buena fe. Eso no va a suceder bajo ningún punto de vista", dijo entonces Iliana Llanos, representante de las familias de la casa.
Ya en horas de la tarde y bajo la lluvia, Jorge Abasto, referente de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires que acompaña a las familias, fue el encargado de salir a la calle para anunciar las novedades. "Se va a firmar un acuerdo y finalmente se va a constituir la mesa de trabajo. Se suspende el lanzamiento, el juez lo retira y se da un plazo de seis meses para que la mesa trabaje", dijo Abasto a la prensa. A su alrededor los manifestantes comenzaron a aplaudir mientras cantaban "vivienda sí, desalojo no".
En diálogo con Página/12, Abasto precisó que de la mesa de trabajo participarán representantes del GCBA pero también del Gobierno nacional "para encontrar una salida definitiva al problema". "Mientras tanto el GCBA le va a pagar un canon locativo al dueño porque el que tenia que acceder era él", agregó. Desde el Ministerio de Desarrollo confirmaron a este diario la conformación de la mesa de trabajo con los vecinos y vecinas de la casa: "Se llegó a un acuerdo, se pudo armar la mesa y después se terminará de acordar el cómo", señalaron
El dueño del lugar es el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien adquirió el inmueble por la módica suma de 1,5 millones de pesos en una subasta en 2010, seis años después de que las familias llegaran al lugar. La comunidad, organizada oficialmente en la Cooperativa Papa Francisco, intentó comprar el edificio en ese momento pero no tuvo éxito. Tampoco lo tuvieron hasta el momento las distintas conversaciones que realizaron con el Gobierno porteño para buscar soluciones habitacionales. En los casi veinte años que llevan allí, las familias pusieron en condiciones un edificio que estaba totalmente abandonado y lo transformaron en un lugar habitable.
Ratuschny inició la causa luego de adquirir el inmueble y desde entonces reclama el desalojo del lugar. En el año 2019, la comunidad de Casa Santa Cruz ya había resistido a otro intento de desalojo de las mismas proporciones del que evitaron este martes. Según denunciaba entonces el Observatorio del Derecho a la Ciudad, "Ratuschny es un conocido inversor, uno de cuyos negocios principales ha sido la explotación de los hoteles familiares, y que aparece como demandante en múltiples juicios por desalojo, que evidencian la estrategia económica de comprar edificios habitados por bajo costo, para luego abordar el desalojo". En 2019 fue también el juez Cesari quien firmó la orden de "lanzamiento".
"Hay una sentencia judicial nacional que ordena el desalojo y otra que ordena garantizar soluciones habitacionales: para poder cumplimentarlo necesitamos tiempo, por eso pedimos la suspensión del desalojo para conformar esta mesa de trabajo en la que tenga que actuar el GCBA, principal responsable, como los organismos competentes del Gobierno nacional", indicó este martes a la prensa Rosa Herrera, abogada de las familias y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, quien agregó que "para conformar esa mesa de trabajo necesitamos no estar rodeados de vallas". Por la tarde, luego de alcanzado el acuerdo, la zona permanecía más tranquila. La Policía, sin embargo, no había terminado de retirar el vallado de las esquinas.
