Este martes la Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos convocó a una conferencia de prensa en la que se dio a conocer la petición de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionada con los proyectos de minería de litio y el acuerdo con la empresa israelí Mekorot.
La abogada Ivana Cattaneo, quien representa a la asamblea ante la CIDH, hizo hincapié en la importancia del acceso a la información en el contexto de los megaproyectos de extracción de litio, que involucran no solo la explotación de recursos naturales, sino también cuestiones de derechos humanos y preservación del medio ambiente.
En la presentación, Cattaneo destacó que la asamblea invoca los derechos de las comunidades por la vida y amparándose en las disposiciones de la Ley Nacional N° 27.275 y la Ley Provincial N° 10,119/18. La Ley Provincial establece la obligación de "garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública en formato digital abierto y gratuito". Sin embargo, la falta de acceso a información sobre los proyectos de minería y el acuerdo con Mekorot ha llevado a la presentación de una medida cautelar.
La preocupación principal de este reclamo se centra en el agua, un recurso vital para la subsistencia de la población riojana, que viene en disputa debido a los megaproyectos mineros, industriales y agronegocios. La población reunida en asamblea reclama que no ha tenido acceso a la información necesaria sobre estos proyectos y a pesar de haberla solicitado por vias formales.
La asamblea sostiene la necesidad de la clausura temporal de los proyectos de litio debido a la violación flagrante de la ley y la falta de conocimiento de la población sobre los proyectos y sus impactos. Además, se destaca la ausencia del informe de Impacto Ambiental, que es obligatorio según el Código de Minería.
El documento consensuado en asamblea argumenta que la extracción de litio en Argentina se ha convertido en un asunto de defensa de derechos humanos, ya que los recursos extraídos enriquecen a países del primer mundo mientras afectan negativamente a las comunidades locales y el medio ambiente. El litio contribuye al agravamiento de la crisis climática en curso.
Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual esta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Actualmente la presentación MC-726-23 se encuentra en estudio desde el 11 de septiembre, esta es la etapa procesal de revisión, la cual finaliza con la decisión de la Comisión de requerir información al Estado, o rechazar la solicitud de medidas cautelares.
En esta lucha por el acceso a la información y la protección de los derechos humanos, se denuncia la falta de conocimiento sobre la tierra de la provincia, donde se llevan a cabo proyectos de exploración de litio. La asamblea señala que estas áreas no son desiertos, como se ha argumentado, y que existen comunidades cercanas que son afectadas por las empresas extractivas.
La Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos ha tomado medidas legales para proteger los derechos humanos y exigir acceso a la información en relación a los proyectos de minería de litio y el acuerdo con Mekorot, mientras destaca la importancia de preservar el medio ambiente en el contexto de la crisis climática. Por un lado ha presentado ante la convención constituyente un documento elaborado colectivamente producto de varias asambleas que se fueron concretando en distintos puntos de la provincia y recolectando miles de firmas que adhieren a esta preocupación popular. Y por el otro con esta medida solicitando la intervención de organismos internacionales para que se respeten los tratados a los que la Argentina suscribe ante situaciones como esta.
La reciente aparición de flamencos muertos en la Reserva Natural de la Laguna Brava reaviva los reclamos sobre la falta de información sobre el impacto mediambiental de la exploración de litio en la región, y a pesar de que este factor ha sido desechado como causa por el Secretario de Ambiente, Santiago Azulay, la falta de acceso a la información no contribuye a la tranquilidad de la población sobre el manejo responsable ante la posibilidad del desarrollo de este tipo de actividad en la región.
