El pasado 10 de agosto, el video de una fila de camiones transportando cinco gigantescos módulos circulares por una carretera rumbo al puerto de Shanghai, en China, recorrió los portales de los medios argentinos. Según se anunció, las estructuras corresponden a dos de las cinco turbinas que serán instaladas en la represa Jorge Cepernic, una de las dos centrales hidroeléctricas previstas en el extremo sur de la Patagonia argentina.

La noticia devolvió al primer plano de la actualidad a uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos y polémicos que haya encarado Argentina en las últimas décadas: la construcción de dos centrales productoras de energía hidroeléctrica, la mencionada Cepernic y la represa Kirchner, sobre el río Santa Cruz, el único de Argentina que hasta ahora corría sin obstáculos desde los glaciares andinos hasta el océano Atlántico.

Ideadas en los años 50, las dos represas se pusieron en marcha oficialmente en 2008, pero han tenido un recorrido accidentado: su construcción no se inició hasta 2015 y una serie de obstáculos han interrumpido las obras desde entonces.

La represa Néstor Kirchner, también llamada Cóndor Cliff, de 73 metros de altura, cruzará el río a 180 km al oeste de la ciudad de Puerto Santa Cruz, mientras que la represa Jorge Cepernic, de 41 metros y también llamada La Barrancosa, se situará 65 km aguas abajo. Juntas, las aguas retenidas cubrirán unas 47.000 hectáreas de una meseta fría, ventosa y con escasas precipitaciones, pero rica en vida animal y vegetal.

Para las empresas a cargo del proyecto, la constructora china Gezhouba Group --poseedora del 70 por ciento de las acciones-- y las argentinas Eling e Hidrocuyo --que poseen el 20 y el 10 por ciento respectivamente--, las centrales ofrecen múltiples beneficios, incluyendo generación de energía renovable, menor importación de combustibles fósiles, incremento del 15 por ciento de la energía hidroeléctrica generada en el país y generación de empleo.

A pesar de ello, multitud de voces se han alzado en contra del proyecto, rebatiendo sus posibles ventajas y su posible impacto en el medioambiente, en una disputa que todavía no se ha resuelto. El proyecto es ahora discutido por la Corte Suprema, que debe pronunciarse sobre una serie de demandas que pretenden impedir que continúen las presas, a pesar de que las obras ya llevan más de un cuarto de su ejecución.

Río Santa Cruz

El río Santa Cruz es la vertiente por la que desagua una cuenca de 25.000 kilómetros cuadrados que incluye dos lagos de grandes proporciones, el Argentino y el Viedma; y un significativo número de glaciares que ocupan el 40 por ciento de la superficie de la cuenca y forman parte del Campo de Hielo Patagónico Sur, tercera reserva de hielo del planeta por detrás de la Antártida y Groenlandia.

Los expertos sugieren que la dinámica cambiante de este sistema de hielo puede plantear problemas de seguridad y capacidad a las represas de Kirchner y Cepernic, con la posibilidad de que aumenten los volúmenes de agua que fluyen río abajo hacia ellas.

Guillermo Tamburini es geógrafo, glaciólogo y cartógrafo. Ha estudiado el área donde se están emplazando las represas y cree que no se han analizado en profundidad los efectos que el derretimiento acelerado --impulsado por el aumento de las temperaturas medias en el marco del cambio climático-- puede provocar en el régimen fluvial del río, y por consiguiente en el rendimiento de las represas: “No está clara cuál va a ser la dinámica hídrica en este proceso de calentamiento global y deshielo acelerado. Tampoco qué eventos catastróficos pueden llegar a ocurrir”, indica.

Impacto ambiental

Los últimos hallazgos relacionados con la evolución de los glaciares hicieron retroceder las miradas hasta 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación interrumpió las obras iniciadas un año antes debido a las falencias detectadas en el original estudio de impacto ambiental, presentado en 2014. “Aquel estudio inicial incluía consideraciones de nivel amateur, teniendo en cuenta la magnitud de la obra”, sentencia Hernán Casañas, director ejecutivo de la ONG Aves Argentinas.

La Corte Suprema solicitó entonces a diferentes organismos nacionales la elaboración de informes que dieran más precisiones sobre temas como el tipo de suelo sobre el que se estaban construyendo las represas, el nivel de sismicidad en la zona o los posibles efectos que pudieran causar sobre lagos y glaciares, así como la elaboración de un nuevo estudio de impacto ambiental. “Por ejemplo, el informe del INPRES [Instituto Nacional de Previsión Sísmica] fue lapidario. Decía que no había estudios suficientes ni para empezar la obra ni para ponerla en funcionamiento”, subraya Sofía Nemenmann, abogada de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

En 2018, un deslizamiento de tierras obligó a paralizar las obras en la represa Kirchner. “El problema es que está asentada en un área donde las rocas son demasiado blandas como para sostener el anclaje de los muros de un dique. Si se saturan de agua se desencadena un proceso de solifluxión, se disuelve el suelo y puede romperse”, explica Guillermo Tamburini. El accidente motivó un rediseño de la represa. Se redujo la cota máxima de altura, la cantidad de turbinas a instalar y la potencia de energía a generar.

La lista de daños a la biodiversidad y los ecosistemas de la estepa patagónica que las organizaciones ambientalistas indican que ya están provocando las represas abarca un sinnúmero de ítems. María Marta Di Paola, economista y consultora, los enumera: “Degradación y desaparición de sistemas acuáticos y aledaños, aumento de la erosión del río y afectación a la calidad y salubridad del agua; descomposición de biomasa y suelos inundados, aumento de emisiones de metano [de los embalses] y afectación de sumideros de carbono”.

Las represas y el tendido eléctrico de 170 kilómetros para conectarlas con la red eléctrica nacional podían provocar la extinción de especies emblemáticas como el macá tobiano (Podiceps gallardoi) y el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps), coinciden los especialistas consultados. El primero de ellos es un ave endémica considerada 'monumento natural', que solo habita los ríos de Santa Cruz y se encuentra en peligro de extinción. 

Las comunidades indígenas que habitan la región, fundamentalmente mapuches, ponen sus ojos en otras formaciones que quedarán sumergidas: alrededor de 170 sitios arqueológicos, de los cuales podrían ser rescatados alrededor de 30. En 2017, la comunidad mapuche-tehuelche Lof Fem Mapu, que habita en Corpen Aike, distrito donde se encuentra la desembocadura y el estuario del río Santa Cruz, demandó a los gobiernos provincial y nacional por el daño al patrimonio cultural, arqueológico, paisajístico e histórico” que, según entienden, las represas provocarán en sus tierras, y solicitaron ser consultadas sobre la continuidad de las obras. El caso aún no ha llegado a una conclusión.

Los promotores de los proyectos han intentado responder a estas preocupaciones. El consorcio de empresas que respalda las obras sostiene que todas sus actividades se llevan a cabo "respetando el medio ambiente, la biodiversidad y la protección de los recursos naturales". En 2017 se publicó un estudio de impacto ambiental actualizado, pero fue cuestionado por investigadores por no considerar suficientemente el impacto sobre los glaciares.

En marzo de 2018, Diego Moreno, entonces secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación, dijo que el proyecto "prevé amplias medidas de compensación, basadas en la superficie y hábitats que se perderían y en la evaluación del valor ecosistémico de estos sitios".

La escala

El complejo del río Santa Cruz está previsto que alcance los 1.310 megavatios, un volumen que excede las necesidades de los 330.000 habitantes de una provincia que además  cuenta con tres parques eólicos, productores del 12,6 por ciento del total nacional en ese tipo de energía.

Tamburini advierte que “Argentina pierde casi un 14 por ciento de electricidad por deficiencias en su red de distribución, cuando lo normal sería estar por debajo del 10 por ciento. Se podría invertir menos dinero y mejorar la red deficitaria”.

El estudio “Evaluación Expeditiva de Aprovechamientos Hidroeléctricos”, efectuado en 2006 por la empresa pública que hoy se denomina Energía Argentina (ENARSA), evaluó 30 proyectos hidroeléctricos del país teniendo en cuenta aspectos como rentabilidad económica, aspectos técnicos y ambientales. Las por entonces llamadas Cóndor Cliff y La Barrancosa quedaron ubicadas en el orden 11 y 20 de mérito.

El ultraderechista libertario Javier Milei, que se enfrentará en los comicios al actual ministro de Economía, Sergio Massa, en la segunda vuelta presidencial el 19 de noviembre, ha manifestado su oposición a realizar negocios con países que considera “comunistas”, como China o Rusia.

Las fechas originales de inauguración, entre 2021 y 2023, ya fueron sobrepasadas, y ahora se estima que la conclusión, incluyendo el relleno de los lagos, ocurrirá en 2027 o 2028. Un estudio de 2014 de la Universidad de Oxford analizó la construcción de 245 grandes represas durante 70 años en todo el mundo, y el resultado es que las demoras en la ejecución son de un 44 por ciento del tiempo previsto. En el caso de Santa Cruz, el retraso duplica esa pauta.

Energía Argentina, la empresa pública que monitorea el avance de las obras, informa que en la actualidad los trabajos en la represa Néstor Kirchner, ubicada aguas arriba, están avanzados en un 25 por ciento; en tanto que las tareas en la Jorge Cepernic se hallan al 40 por ciento.

* Universidad de Buenos Aires (UBA). Artículo publicado en Diálogo Chino.