Autoridades de los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires explican en una audiencia pública ante la Corte Suprema las tareas ejecutadas en el último año en el marco del saneamiento del Riachuelo, dispuesto por un fallo del máximo tribunal en 2008. Miembros de organizaciones vecinales se movilizaron hasta tribunales con críticas a la política ambiental de Cambiemos.
La reunión tiene lugar en los tribunales de Talcahuano, donde representantes del gobierno nacional, a través de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar); del Ejecutivo bonaerense a cargo de María Eugenia Vidal y de la gestión porteña informarán sobre la utilización de parte de los préstamos otorgados al Estado argentino para ese fin. También deberán precisar si en 2009 llegaron al país 840 millones de dólares para el saneamiento otorgados al Estado argentino por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Entre las tareas sobre las que deberán rendir cuentas los funcionarios están el control de los afluentes de las empresas ancladas a la vera del Riachuelo, la relocalización de las familias asentadas en esa zona y el avance del camino de sirga en el lugar, y la extensión de redes de agua potable, entre otras.
Las ONG que participan –aunque no hablarán- son las que integran el Cuerpo Colegiado de seguimiento del saneamiento, integrado por la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Greenpeace.
En tanto, decenas de vecinos de la Villa 21-24, de la 26, del Asentamiento Lamadrid, del Complejo Mugica y de “El Pueblito” se movilizaron hasta tribunales con sus críticas, una de las cuales es que la administración de Horacio Rodríguez Larreta solo relocalizó al 35 por ciento de las 1800 familias porteñas afectadas por la contaminación,
A través de un comunicado exigieron "que la Corte nos escuche" y denunciaron también que en el barrio Lamadrid no comenzaron las tareas de relocalización de familias, mientras que las que sí se ubicaron en la Comuna 8 viven con problemas edilicios y en una situación de “colapso” en materia de salud, educación y vivienda.
Además, criticaron que a la hora de hacer los traslados “no se previeron las formas de mantenimiento de las economías hogareñas” ni finalizaron tareas como las “redes cloacales y pluviales”. Y hay una “degradación de la salud por la epidemia de dengue, zika, problemas respiratorios y de plomo en sangre de los niños y la población adulta".
En 2008, la Corte Suprema emitió un fallo en el que estableció las directrices para frenar los altísimos índices de contaminación en la cuenca del Riachuelo, desde la cuenca con el río Matanza hasta su desembocadura en el Río de la Plata. Por entonces, la iniciativa del gobierno anterior fue la creación de la Acumar y la puesta en marcha de una política de limpieza y control de las empresas instaladas en las orillas.
La causa comenzó en 2003, cuando vecinos organizados denunciaron al Estado nacional, la bonaerense y al porteño, y a unas 45 empresas asentadas en los 65 kilómetros de costa por el “daño ambiental” provocado en esa zona.
