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La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados abrió el debate sobre políticas públicas contra el negacionismo del genocidio cometido por la última dictadura cívico militar, que recrudeció en plena campaña electoral de la mano de las declaraciones de los integrantes de fórmula de La Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villaruel. Una discusión que plantea la posibilidad de punir el negacionismo y la apología respecto a los delitos de lesa humanidad, como lo plantean los proyectos de los diputados del Frente de Todos Eduardo Fernández, Carolina Moisés, Gisela Marziotta, Estela Hernández y Blanca Osuna. Al debate se incorporaron además otros dos proyectos, uno de Mariana Stilman (CC) para sumar al antisemitismo a la Ley de Actos Antidiscriminatorios, y el de la oficialista Mónica Litza sobre la creación de un Observatorio para la Convivencia Democrática. Varios expertos opinaron sobre las formas que deberían adoptar la penalización de esos discursos. La semana próxima estarán invitadas las Abuelas de Plaza de Mayo y los organismos de Derechos Humanos.
“Es un tema que tiene que ver profundamente con estas cuatro décadas de democracia ininterrumpida que, con orgullo, podemos exhibir en el país. Sobre la base de una política de memoria, verdad y justicia y con ese hecho histórico que distingue a los argentinos en el mundo el juicio a las juntas militares y el castigo a los genocidas, único país donde algo así ha sucedido, pudimos ir construyendo una convivencia democrática basada en el principio de memoria, verdad y justicia”, dijo Hugo Yasky (FdT), que preside la comisión, al abrir el debate.
Al tiempo que adelantó que las Abuelas de Plaza de Mayo “serán invitadas especiales la próxima reunión” de la semana próxima, así como lo harán otros organismos de Derechos Humanos. En la comisión también estuvieron presentes representantes de la APDH, HIJOS, CELS, Familiares de los doce de la Santa Cruz y Memoria Abierta.
Una solución política
El sociólogo e investigador argentino Daniel Feierstein abrió el turno de los expositores. Valoró "el trabajo de infinidad de organizaciones en la posibilidad de acorralar a estas visiones, sobre todo en lo que fue la primera década después de la dictadura". "El problema es cuando emerge nuevamente y no es un problema solamente de nuestro país sino internacional. Tenemos que pensar en distintas estrategias de capacitación, formación o educativas, que pueden ser vinculadas a las condiciones de idoneidad para el ejercicio de la función pública”, se explayó.
Feierstein planteó sus dudas sobre la lógica de la penalización como herramienta para ese combate político. “No pareciera que este problema doctrinario de penalización del negacionismo logra compensar el costo de asignarle al derecho penal funciones que no debería tener con la efectividad de lograr limitar el crecimiento del negacionismo. Parece que sería más bien al revés”, alertó el investigador y afirmó: “Es una cuestión política que se resuelve de modo político y de abajo hacia arriba”.
La abogada Valeria Thus planteó la pregunta de si "la herramienta penal es la herramienta posible o no, legítima y deseable". Reflexionó sobre el estado de situación y sostuvo que "las políticas públicas contra los negacionismos implican la madre de las batallas”. “Se produjo un reingreso en el orden de lo visible de tópicos y expresiones de violencia de desprecio hacia determinados grupos y sectores sociales. Discursos en la esfera pública pronunciados por personas referentes del arco político y mediático que alientan el desprecio, la discriminación y la agresión hacia el otro. A esto se suma los discursos apologéticos de la dictadura por parte de candidatos presidenciales”, sostuvo.
“Cuando se plantea la intervención legal y punitiva, es necesario pensarlo en clave de DDHH y como afecta esto a la libertad de expresión. La relación entre negacionismo y libertad de expresión es una relación difícil. No hay que negar este punto de partida porque tenemos que pensar políticas públicas que no tengan una complejidad de cara al sistema de protección de derechos humanos, tanto universal como interamericano”, dijo Thus y agregó: “Porque hablar de libertad de expresión y negacionismo es hablar del papel que va a asumir el Estado frente a los discursos que contradicen los valores democráticos”.
Tras repasar las experiencias internacionales que penalizan el negacionismo, reparó en la experiencia Europea aunque aclaró que no le parece el camino para seguir en Argentina. Y propuso “pensar los negacionismos en la modalidad de discursos de odio que establecer los límites democráticos a la libertad de expresión. Solo en esa clave, discursos no protegidos, no vamos a tener problemas en la legitimidad de la libertad de expresión”.
La nueva ola negacionista
En tanto, el periodista, escritor y abogado Pablo Llonto sostuvo que como abogado en causas de delitos de lesa humanidad desde “hace 40 años escucho la voz de los 360 familiares de a quienes represento, todos piden una ley que castigue los discursos negacionistas y yo no estoy de acuerdo”. “Este despertar de estos discursos negacionistas ha generado otro despertar que es el despertar de quienes solicitan urgentemente ponerle freno”, aseveró.
“Los discursos negacionistas existieron siempre y tuvieron olas intensas. Esta será otra nueva ola intensa a partir de dos candidatos, dos representantes de un partido político que han tomado desde hace un tiempo ese discurso y copan escenarios de primera línea de ese ataque y esa negación”, añadió Llonto y propuso suscribir los sujetos exclusivamente a los funcionarios públicos, sacar de la esfera de punición a los particulares y pensar en el concepto de figura pública y pensar en la situación de los candidatos electivos en procesos electorales.
“Ya tenemos las herramientas” como los juicios con “300 sentencias condenatorias a los genocidas uno de los logros más fuerte de nuestra sociedad”, la educación, y el trabajo militante en derechos humanos, continuó Llonto y agregó: “En Argentina le venimos ganando al negacionismo en un partido que no terminó y va a ser largo. Para ganarle fue necesario construir las herramientas y las tenemos y tienen que ser reforzadas porque no resolvemos problemas del negacionismo con el engorde del código penal, estamos en contra de que el código penal engorde frente a las presiones de los grupos de derecha y ultraderecha en la humanidad”.
