Tras el rechazo de la oposición y de las organizaciones de cartoneros porteñas, el oficialismo levantó de la sesión de este jueves el proyecto de modificación del Régimen de Faltas en el espacio público. La iniciativa original, que ya tenía dictamen de comisiones, incluía multas de más de cien mil pesos a las personas que retiraran o manipularan residuos de los contenedores de la vía pública y hasta un apartado con multas millonarias por "deterioro de la higiene" en casos de manifestación. La Federación de Cartoneros, que había organizado una movilización para este jueves, celebró finalmente la noticia y destacó que el levantamiento del proyecto se logró "gracias a la lucha". 

La información que corría entre los legisladores y legisladoras por la noche del miércoles, luego de la reunión de labor parlamentaria para la sesión del jueves, era que el oficialismo retiraría del proyecto el artículo de la polémica. Se trataba del apartado número 30, que buscaba incorporar al Régimen un inciso sobre "Manipulación de contenedores o puntos de disposición de residuos sólidos urbanos instalados en la vía pública". El artículo establecía multas de más de cien mil pesos y la "obligación de realizar acciones de reparación verde" a quien "manipule y/o extraiga materiales de los puntos de disposición de residuos sólidos urbanos instalados en la vía pública"

Por la mañana del jueves, horas antes de la sesión, la información se transformó y diversas fuentes legislativas ya confirmaban a este diario que el bloque de Vamos Juntos (VJ) levantaría del temario del día la totalidad del proyecto, que incluye 92 modificaciones del Régimen impulsadas por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbano, comandado por Clara Muzzio, próxima vicejefa de Gobierno de Jorge Macri. Tan es así que las organizaciones que habían convocado a movilizar a las puertas de la Legislatura cancelaron la marcha al enterarse de la noticia. Finalmente fue el jefe del bloque del oficialismo, Diego García Vilas, quien pidió la reserva del proyecto para dar fin a una sesión que duró poco más de una hora. 

"Se volteó gracias a la lucha", respondieron a Página 12 desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) tras confirmarse el levantamiento, al que calificaron como una "victoria". La Federación fue uno de los principales organismos que se manifestaron en contra del proyecto desde que la iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Justicia de la Legislatura, que preside la diputada de la Unión Cívica Radical, María Inés Parry. 

El viernes pasado, en la reunión en la que se firmó ese despacho, representantes de distintas entidades de cartoneros y recicladores se hicieron presentes para rechazar la iniciativa. Desde entonces comenzaron también un cronograma de lucha que incluyó una jornada de denuncia a las puertas de la Legislatura, asambleas en los distintos puntos de trabajo y un conferencia de prensa en la sede de la UTEP del barrio de Constitución. Otro de los puntos rechazados por la federación era el aumento de un 400 por ciento de las multas para las personas que venden sin permiso en la calle.

"Sabemos que lo que verdaderamente esconde el proyecto es aumentar la persecución tanto a los cartoneros formales del sistema de reciclado, como a los informales", advirtieron en un comunicado sobre la iniciativa. "¿En qué cabeza cabe que las autoridades de cualquier lugar puedan multar a una persona que está revisando un contenedor, ya sea en la búsqueda de material reciclable, comida o ropa?", se preguntaron y reclamaron que "el proyecto se discuta de cara a la sociedad, con audiencias públicas, reuniones de asesores y convocatorias al Poder Ejecutivo". 

Pero el artículo destinado a los contenedores no fue el único que despertó el rechazo de distintos sectores de la oposición. El Artículo N°83, sobre "deterioro de la higiene y daño al espacio público", también estuvo en el centro de la polémica, ya que esteblece multas de entre nueve y cincuenta millones de pesos al "titular y/o responsable" de una "actividad, emprendimiento, proyecto, programa publicitario y/o manifestación" que dañe "los espacios público, sus instalaciones y/o elementos, sean muebles o inmuebles y/o afecte la higiene, o impidan su utilización por otra u otras personas". 

Ese apartado fue particularmente objetado por las fuerzas que integran el Frente de Izquierda, que señalaron que busca "sancionar con cifras millonarias la protesta social". La diputada Vanesa Gagliardi, de ese espacio, presentó incluso una observación al proyecto en la que advirtió que se trata de "una forma más de demonizar y perseguir a quienes enfrentan a los gobiernos de turno en defensa de sus derechos". "Vamos a seguir con atención lo que pasa en los próximos días, porque esa iniciativa que ahora retiran revela una concepción antipobre y profundamente punitivista”, dijo la legisladora luego de la sesión. 

Sin el proyecto en el temario del día, la única iniciativa que se debatió en el recinto, más allá de declaraciones, resoluciones y pedidos de informes, fue la modificación de la Ley de Economía del Conocimiento de la Ciudad. La nueva norma establece una “adecuación en los beneficios impositivos" para fijar un tope del 10 por ciento por beneficiario y un monto global máximo en el "alivio fiscal" que ya establecía la ley original para las empresas. La ley fue aprobada con los votos del oficialismo, la abstención del Frente de Todos y el rechazo del FIT.