Cerca de 2 millones de personas viven en condiciones de hacinamiento crítico en Argentina, según surge del informe de indicadores de las condiciones de vida de los hogares para el primer semestre de 2023 que Indec difundió este jueves. Ese dato representa el 4,1 por ciento de los habitantes de los principales agrupamientos urbanos del país, porcentaje que no cambió respecto de 2022 pero sí contrasta con el 4,7 por ciento registrado en el primer semestre del 2020 pandémico. De las estadísticas surge que las condiciones de vida de la población mejoraron versus 2020 y 2021 pero no evidencian cambios respecto a 2022, son datos a favor de la actual gestión de gobierno.

En cuanto al acceso a los principales servicios públicos en los hogares, es decir, al agua corriente, gas de red y desagües cloacales, las mediciones de Indec muestran que una proporción mayor de la población no accede a algún servicio mientras que cerca de la mitad accede a los tres: el 50,8 por ciento de las personas pertenecen al primer grupo mientras 49,2 fueron parte del segundo. Cuando se escuchan declaraciones de potenciales legiladoras de La Libertad Avanza con soluciones individuales para los problemas acuciantes y que acarrean décadas en los barrios populares es importante tener estas magnitudes presentes: si afectan a la mitad de la población argentina, dificilmente la solución eluda al Estado o implique solo una coordinación individual.

Otra medición relevante que realiza Indec respecto de los hogares es su ubicación según la calidad del terreno, si existen o no amenazas en la zona donde residen las familias. Así, se evidencia que en el primer semestre del año el 6 por ciento de las personas viven en terrenos ubicados cerca de basurales, lo cual afecta a unos 2,7 millones de argentinos, en tanto el 8,1 por ciento de la población habita en zonas inundables, que representan 3,7 millones de residentes en el primer semestre del año. En el primer semestre de 2020 dichos ratios ascendían a 7,2 y 13,5 por ciento de las personas respectivamente.

En cuanto a la cobertura médica el Indec mostró que el 33,3 por ciento de la población argentina sólo asiste al sistema público. Nuevamente, es un dato valioso a considerar ante las propuestas de privatizar el sistema de salud que aparecen como única alternativa en el frente electoral libertario. Aquel ratio es similar al de 2022. Por grupos etáreos se advierte que mientras el 43 por ciento de las personas con edad hasta 17 de años acceden exclusivamente al sistema de salud pública, en el caso de individuos de entre 18 a 64 años ese porcentaje es del 35 por ciento y para los adultos mayores se reduce a 2,4 por ciento.

Por último, respecto de la asistencia a establecimientos educativos formales por parte de niños, niñas y adolescentes y de jóvenes de 18 a 24 años se advierte que el 5,6 por ciento de la población entre 15 y 17 años no asiste a ningún establecimiento educativo. Dicho ratio era del 6,4 por ciento en el primer semestre de 2020. Entre la población de 5 a 14 años la inasistencia escolar disminuye considerablemente al 1,1 por ciento del grupo, mientras que el 7 por ciento de los niños y niñas de hasta 4 años de edad no está escolarizado.

Las personas pobres alcanzan el 40,1 por ciento de la sociedad y las indigentes el 9,3 por ciento, tal como había dado a conocer el instituto nacional de estadísticas en su informe del mes de septiembre. Para esos dos grupos se relevaron algunos de los indicadores mencionados anteriormente, así se observa que entre las personas pobres apenas el 33,1 por ciento accede a los tres servicios públicos esenciales, mientras ese ratio se reduce al 27,3 por ciento en el caso de la población indigente. El 9,1 por ciento de las personas en condición de indigencia vive cerca de basurales y 12,6 por ciento en una zona inundable, ratios mayores a los anteriormente referidos.