El juez Antonio Pastrana sobreyó de nuevo por inimputabilidad al abogado Matías Sanz Navamuel en las causas acumuladas en su contra por hechos de violencia de género en perjuicio de tres mujeres que fueron sus parejas. El abogado de una de las víctimas, Vidal Villalba Samaniego anunció que apelará y que incluso está a la espera de una nueva imputación porque el letrado acusado incurrió en amenazas en septiembre.
Pastrana también dejó sin efecto la prisión preventiva domiciliaria de Sanz Navamuel, para lo que libró "oficio a la UADME (Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico) a los fines correspondientes". Con ello se interpreta que Sanz Navamuel ya no será controlado mediante la pulsera electrónica.
Asimismo, el juez ordenó "una medida de seguridad definitiva" para Sanz Navamuel, quien deberá seguir con tratamiento psicológico y psiquiátrico ambulatorio. También dispuso que estará a cargo de una mujer y de un hijo y se le impuso una consigna policial personal "para mayor protección a las víctimas".
"Estamos trabajando en la apelación, no está todo definido. Es una resolución que golpea, genera un impacto. Una vez más da una sensación de inseguridad a las tantas mujeres que padecen y son víctimas de violencia de género. Una vez más es un mensaje de la estructura del Poder Judicial patriarcal y machista. Vamos a tratar de llegar hasta la última instancia recursiva para tratar de rebatir la resolución", dijo a Salta/12 el abogado querellante Villalba Samaniego. El letrado representa a una mujer identificada con las iniciales P.F.
Las causas de las que fue sobreseído Sanz Navamuel corresponden a 15 amenazas agravadas y 19 hechos de coacción agravada, turbación de la posesión y desobediencia judicial en perjuicio de P.F. También, estaba acusado por coacción agravada en perjuicio de I.E.G.L. y por amenazas agravadas en perjuicio de S.A. Las tres mujeres fueron parejas sucesivas del abogado.
El año pasado Pastrana ya había sobreseído a Sanz Navamuel por inimputabilidad basándose en un diagnóstico de trastorno bipolar. Sin embargo, la fiscala María Luján Sodero Calvet y el abogado querellante apelaron y el Tribunal de impugnación revocó el sobreseimiento y señaló que faltaban elementos para resolver.
Villalba Samaniego explicó que el juez Pastrana "lo que hace es subsanar" las actuaciones y convocó a una nueva junta médica. "Es la tercera junta y sobre esa base se declara la inimputabilidad", indicó.
"Hábil declarante"
"Para mí las conclusiones de la junta médica son subjetivas. En todo el trayecto. únicamente se resolvió en base a entrevistas, no se hicieron estudios más profundos", sostuvo el abogado querellante. Asimismo, señaló que a Sanz Navamuel sólo se le practicaron el test de Bender y el de "persona bajo la lluvia". "Se supone que se pueden hacer un montón de otros estudios, incluyendo aparatología, resonancias. Se obviaron todas esas cuestiones", consideró.
"Objetamos porque Sanz Navamuel es un hábil declarante en temas de psicología y psiquiatría. Si bien tiene una alteración mental pero no al grado de inimputable, viene haciendo tratamiento psicológico desde hace mucho. Incluso en algún momento se preparó para un examen para ser juez y aprobó todos los exámenes psicológicos porque se prepara para eso, estudia. Entonces no se puede hacer el dictamen en base a una entrevista porque él tergiversa y se prepara para eso", sostuvo.
Además, Villalba Samaniego dijo que ninguna de las tres juntas médicas estableció el momento exacto en que Sanz Navamuel no podía comprender la criminalidad de sus actos. "Eso es un punto crítico porque la misma resolución dice que él pierde el sentido de la realidad cuando está descompensado", y hay momentos de su vida en que no se encuentra en tal estado.
Señaló también que el juez infiere que Sanz Navamuel "estaba descompensado" al momento de los hechos por los que se lo acusa. "¿Cómo hace el juez para adivinar, para conjeturar que en esos momentos estaba descompensado (...) Él juega a las adivinanzas, pone conjeturas que no se basan en elementos probatorios que sean objetivos", cuestionó.
El querellante también hizo hincapié en que en las últimas décadas Sanz Navamuel "ha ejercido la abogacía arduamente, (...) ha tenido una vida profesional de extensa trayectoria, ha sido asesor del Senado de la provincia. Entonces, si uno empieza a compensar toda su vida profesional, ¿por qué es inimputable justamente en los hechos ilícitos que se le encartan?", agregó.
Incluso destacó que el acusado hizo un convenio de pago con su abogado Fernando Teseyra, "ese convenio debería ser también nulo porque está tratando con un inimputable", aseguró. "Si (Sanz Navamuel) no comprende la criminalidad de sus actos, tampoco comprende los actos civiles de su vida. No se puede ser loco para unas cosas y completamente sano para otras, no se fracciona así la mente humana", sostuvo.
El sobreseimiento todavía no está firme porque resta agotar la vía recursiva, y la querella adelantó que la impugnará. Villalba Samaniego explicó que la apelación no tiene efecto suspensivo "porque ya le dio la libertad, ha caído el arresto domiciliario, si bien tiene una medida de seguridad, también es criticable porque es evidente que el sujeto es peligroso ya que después de ciertas restricciones que se levantaron, volvió a sus acechanzas, amenazó de vuelta, se han radicado las denuncias", advirtió.
El querellante dijo que la fiscalía "está dentro de los plazos" para citar a Sanz Navamuel a audiencia de imputación por amenazas recientes y anónimas contra la víctima que representa. "Eso eleva la peligrosidad, la forma en que lo hace, el modus operandi lo vuelve más peligroso todavía porque de cierta forma inhibe la posible defensa de la víctima al no saber cuándo ni cómo va a venir". "Estando afuera va a obstaculizar la investigación, va a hostigar a la víctima y detrás de todo esto está el sentido económico de la cuestión", sostuvo el querellante.
Fraude y violencia económica patrimonial
Villalba Samaniego se refirió de esta manera a la violencia económica patrimonial que viene ejerciendo Sanz Navamuel con "sus socios" en perjuicio de una de las víctimas, P.F. "Para mí es todo un contexto globalizado de violencia de género", sostuvo.
P.F. estuvo casada con Sanz Navamuel y se divorció luego de que él la golpeara en 2020, ella asegura que él intentó matarla esa vez. Ese hecho dio inicio a un largo proceso penal, en el que la mujer ha recibido amenazas constantes y sistemáticas.
El querellante dijo que Sanz Navamuel cometió fraudes contra P.F. y por ello también hay causas que se dirimen en la justicia civil. Lo último que pasó en estos días fue que la jueza María Fernanda Diez Barrantes ordenó el embargo de la cuenta bancaria de P.F., con lo que afectó su trabajo ya que tiene un local comercial.
"Sanz Navamuel tiene de socio a Carlos Aban (músico), Gerardo Peñalva (contador), y la abogada sobrina de Aban. Ellos se han quedado con el título de una propiedad (luego de) que Sanz Navamuel a golpes le hizo firmar (a P.F.) una escritura pública traslaticia", dijo el abogado querellante. Se trata de la casa de la víctima, que ella sigue habitando pero de donde intentaron desalojarla.
Villalba Samaniego dijo que mediante engaños y amenazas Sanz Navamuel hizo firmar aquel papel a PF, en el que Aban y Peñalva quedan como titulares del inmueble pero en ese documento también se preveía que estos hombres debían entregarle otros bienes a P.F., sin embargo, no lo hicieron. El querellante señaló todo esto como un "acto jurídico fraudulento" en un contexto de violencia de género en el que su representada se encontraba vulnerable. "La jueza Barrantes dictó una sentencia que no tenía perspectiva de género", consideró el letrado.