La Justicia de Jujuy suspendió el comienzo del llamado juicio de las bombachas. Un expediente en el que Milagro Sala está acusada de amenazar a dos policías. Las escenas son del 13 de octubre de 2014. Entonces, la hija de una integrante de la Tupac Amaru encontró ropa que le habían robado en una feria de San Salvador de Jujuy. Hubo una discusión. La policía detuvo a la vendedora, a la muchacha y se quedó con a la ropa. Milagro se enteró. Llamó a la Comisaría. Pidió que devuelvan la ropa y liberen a la joven. Y dicen que dijo: “¿Sabés qué? Si querés quedarte con las bombachas y con los corpiños, ¡quedate con todo! ¡Que te quede bien! Pero dejá libre a la hija de María”. Por eso la causa se llama como se llama. Es parte de la persecución a la líder de la Tupac Amaru y fue impulsada por abogados emparentados al gobernador Gerardo Morales: desde su hijo hasta su apoderado. El comienzo del debate se suspendió porque la defensa de Milagro Sala recusó al presidente del tribunal, Antonio Llermanos, un hombre emblemático en la provincia porque condenó a Romina Tejerina a 14 años de prisión en junio de 2005. La noche de la condena hubo protestas en la calle del enorme movimiento de mujeres, un espacio que también reunió a los integrantes de la CTA donde estaba Milagro. Pero no sólo recusaron a Llermanos. Como ocurre en Jujuy, donde a poco de escarbar cada nombre del poder aparece un cable directo conectado con el gobierno, la defensa acaba de impugnar al juez nombrado para analizar la recusación. En este caso se trata de Mario Ramón Puig, un reconocido hombre de filiación radical. 

“Cómo se verá a lo largo de este libelo procesal, tanto la trayectoria personal de Mario Ramón Puig como la existencia de ciertas actividades a las que se lo vinculó en el último tiempo hacen que su independencia e imparcialidad en un proceso que tiene como imputada a Milagro Sala se encuentren, como mínimo, en serias dudas”, describió el equipo de la defensa  integrado por Marcos Aldazabal y Luis Paz. “De acuerdo a la aproximación unánime a la imparcialidad como condición necesaria del juez, esta debe regir tanto en la faz subjetiva, referida a la actividad del magistrado en el proceso, como en la objetiva, que apunta a la apariencia de imparcialidad que su participación debe generar en las partes intervinientes y en la sociedad en general”. 

Puig fue designado para revisar a Llermanos con otros dos jueces, Luis Ernesto Kamada y Alejandra Tolaba. Los defensores lo impugnaron por su filiación radical pero también por su sociedad con el gobierno. Hasta ejercer el cargo de magistrado, cumplió “las más altas funciones públicas en representación” del Partido, dijeron. En 1985 y 1986 integró la Honorable Convención Constituyente de la Provincia de Jujuy como miembro de la Unión Cívica Radical. En las elecciones generales del 14 de mayo de 1989 fue elegido diputado provincial por el mismo espacio. Y actualmente es titular de un estudio jurídico contable en sociedad con José María Palomares, titular de la empresa estatal de energía Jemse. Según la defensa,  Jemse suscribió hace pocos meses una serie de contratos destinados a efectuar negocios con una empresa extranjera llamada Talesun. Y, explican, “Talesun necesitaba un domicilio legal para operar en la provincia de Jujuy y constituyó domicilio en el estudio jurídico contable de Palomares y Puig”. Más allá del “escándalo público que produjo la aparente intromisión de negocios personales en negocios estatales -señalaron–, lo importante, a los fines de esta presentación, es que Mario Ramón Puig es propietario de un domicilio utilizado por una empresa extranjera que trabaja directamente con el Poder Ejecutivo Provincial, a cargo de Gerardo Morales”. El cuadro lo completan con otro dato: el estudio también es domicilio legal de una sociedad llamada Cauchari Sociedad Anónima y en cuyo directorio está un hermano de Morales.

Por eso sostienen que el vínculo de Puig con el radicalismo no se limita a las funciones públicas ejercidas antaño, sino que llega hasta la actualidad. Explican, sin embargo, que la impugnación no es por su filiación a la UCR sino porque “las particularidades” del caso  “hacen que sea inadmisible que un conocido miembro de la Unión Cívica Radical intervenga en un proceso que tiene como objeto su juzgamiento” porque desde “la asunción de Gerardo Morales la Unión Cívica Radical de modo orgánico se ha manifestado a favor de la detención de Milagro Sala y la ha adjetivado constantemente con la más amplia gama de calificativos denigrantes y mendaces”. 

Mientras tanto habrá que seguir esperando el comienzo del juicio que el gobierno quiere hacer lo antes posible para conseguir un salvoconducto y trasformar la primera condena en suspenso en condena efectiva. Los motores son los hombres de Morales. Esta causa tuvo por denunciantes a Gastón Morales, el hijo del gobernador; a Eduardo Enrique Vergara, el abogado que lo representó en el juicio de los huevos y Luciano Rivas, actual secretario del Ministerio de Gobierno de Jujuy.