En medio de un inusual trajín, la fiscalía federal de Esquel dispuso una maratón de declaraciones testimoniales, que en realidad comenzaron con la presentación espontánea de las mujeres mapuches Soraya Maicoño y Neri Garay el martes y ayer siguieron con el defensor oficial Fernando Machado y otros miembros de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. La fiscal Silvina Ávila estaría embarcada ahora en escuchar a todos los protagonistas del caso, entre ellos los amigos que Santiago Maldonado hizo durante su estadía en El Bolsón. Machado ya había hecho su aporte en la causa y ayer volvió a contar los detalles de los hechos, incluidas las irregularidades referidas a la falta de resguardo de los vehículos de Gendarmería antes de ser sometidos a peritaje. Lo que no se explican los declarantes es la presencia de personal de Gendarmería en las audiencias. “Pareciera que están investigando a la par”, se quejó uno de ellos, en diálogo con PáginaI12.

Machado es el autor de uno de los tres habeas corpus presentados ante el juez federal Guido Otranto al día siguiente de la desaparición de Maldonado, en medio del operativo represivo a la comunidad mapuche de Cushamen que se había manifestado sobre la ruta 40 en una “acción” por el mes de detención de su lonko, Facundo Jones Huala. Fue el primero que descartó la posibilidad de que Santiago –un viajero, artista y tatuador de 28 años que estaba parando unos meses en El Bolsón– se hubiera ahogado en el río donde lo vieron por última vez los mapuches. Y estuvo entre quienes advirtieron las anomalías del accionar de Gendarmería, principal fuerza de seguridad sospechada, a pesar de que el comandante Diego Goñi, bajo las órdenes de su superior Fabián Méndez, dijo desconocer todo lo sucedido porque sólo había estado en el lugar el 31 de julio. Según el expediente, la mayor autoridad de Gendarmería al momento de la desaparición de Maldonado fue el comandante Juan Carlos Escola, del escuadrón 36 de Esquel, quien recientemente también intentó despegarse de los hechos.

El defensor oficial sostiene que acudió al predio de la comunidad mapuche porque había habido un episodio violento, con el objetivo inicial de asistir a los menores. Pero se encontró con que había una persona que no aparecía, y esa misma medianoche interpuso un habeas corpus por Santiago Peloso, tal el apellido materno del joven.

Luego de que la fiscal pidiera que le hiciera un “croquis” del lugar, Machado enumeró las medidas inmediatas, entre ellas el primer rastrillaje con perros, en el que uno de ellos encontró la gorra blanca que usaba Santiago, tal como consta en las fotos que la familia aportó al expediente. Los canes hicieron un trayecto que fue coincidente con lo que habían descripto los mapuches: Maldonado corrió para evitar las balas de los gendarmes y quedó con medio cuerpo adentro del río pero agarrado de las ramas de un arbusto, donde lo atraparon. Según el defensor oficial, en ese procedimiento pudieron levantar huellas de vehículos dentro de la comunidad, algo que el Gobierno negó hasta hace pocos días. En un documento que entregó al juez Otranto, Machado había dado cuenta de que las cuatro camionetas y un camión donde fueron a hacer relevamiento de olores, en Esquel y en El Bolsón, estaban “extremadamente limpias”, como si las hubieran lavado, y una de ellas tenía la faja de seguridad rota.

La fiscalía también citó para hoy a los integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Esquel, quienes no sólo estuvieron en la tranquera de acceso a la comunidad el día de la represión sino que, además, participaron de todos los procedimientos de la causa.

La ronda de declaraciones está volcando en el expediente el relato de los hechos que ya había sido plasmado en los testimonios que brindaron los mapuches ante la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin). “Estamos diciendo lo mismo, pero parece que la palabra del mapuche no vale, hay que decirla dos veces”, comentó una de las partes querellantes, que también expresó su malestar por lo que calificó como “una falta de respeto” hacia los declarantes que fueron interrogados en algunos casos sin que la fiscalía permitiera la presencia de sus abogados. “Más allá del miedo, que ya superaron –agregó la fuente–, hubo casos de personas mayores que además necesitaban consideración porque se expresaban en parte en su lengua originaria.”