Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti jugaron últimos presentado sus descargos y ahora solo resta que la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados apruebe, en dos semanas, los dictámenes de acusación. Es decir: los informes finales sobre los cargos por mal desempeño, arbitrariedad y abuso de poder que pesan sobre los cuatro jueces de la Corte Suprema y que, de conseguir el oficialismo una nueva mayoría, podrían derivar en la destitución de los magistrados. Se abre, sin embargo, una cuña entre los supremos, ya que Rosenkrantz y Rosatti decidieron -unilateralmente y rompiendo así un acuerdo al que habían llegado previamente con Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda- aprovechar la instancia de defensa que ofrecía la comisión. Mientras que Lorenzetti y Maqueda no. En el oficialismo sospechan que hubo una decisión del presidente y vice de la Corte de dejar expuestos a Maqueda y Lorenzetti y especulan con que las internas cortesanas puedan servirles para avanzar en la destitución. Si no este año, el que viene.
La próxima fecha marcada en el calendario de la comisión que preside Carolina Gaillard es el próximo martes a las 13. La reunión tendrá un solo objetivo: aguardar a ver si Maqueda o Lorenzetti asisten para hacer un descargo presencial. Ni Maqueda ni Lorenzetti tienen planeado asistir, por lo que el oficialismo se prepara ya para una reunión breve. Ese día no se avanzará en los dictámenes, sino la semana siguiente. El tiempo apremia, ya que la comisión tiene que dictaminar antes del 20 de noviembre, a menos que se prorroguen las sesiones ordinarias. Ahí dependerá de la señal que envíe el ministro candidato Sergio Massa y si quiere o no avanzar con un dictamen antes del balotaje. La expectativa de la comisión, sin embargo, es que se dictamine el jueves 16. Al menos de momento.
En el oficialismo, por estas horas, están satisfechos. Los descargos presentados por Rosatti y Rosenkrantz fueron una sorpresa y, pese a la impugnación que ambos hacen de la investigación, consideran que los escritos representan una suerte de legitimación de todo el proceso. "Ellos querían ningunear la comisión y cambiaron de opinión, que es lo más inteligente que podían hacer. Y así convalidaron todo el proceso", afirmaba una integrante de la comisión.
En sus descargos, Rosatti y Rosenkrantz se defendieron de cada uno de los cargos que habían formulado les diputades por tres causales: la acordada que aumentó la coparticipación porteña en beneficio del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el fallo de inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura -que puso a Rosatti como presidente del organismo- y el fallo del 2x1 a los genocidas. Ambos apuntaron, a su vez, a impugnar la investigación denunciando que hubo "irregularidades procesales" que afectaban "las garantías del debido proceso". Rosatti, por ejemplo, se quejó de que se hubieran "realizado pedidos de producción de prueba sin la intervención de un juez" y que se hubiera "intimidado" a los testigos. Rosenkrantz denunció el "carácter espurio" de la acusación y desmintió las imputaciones, aunque tuvo que arrepentirse de una: en el descargo había asegurado que cuando la Comisión Interpoderes se había reunido no habían participado los organismos de derechos humanos, pero luego se corrigió con una adenda (en la que reconoció que ellos sí habían participado y que no lo había hecho el secretario de Derechos Humanos).
La decisión de Rosatti y Rosenkrantz de presentar los descargos, sin embargo, generó un tembladeral dentro de la propia Corte. El acuerdo entre los cuatro cortesanos había sido, según pudo saber Página/12, que ninguno hiciera la presentación para evitar caer en una impugnación. El presidente y vice de la Corte cambiaron de opinión y el martes convocaron a Maqueda y Lorenzetti para hacerles el anuncio. La reunión no duró más de 15 minutos. "En la Corte ya no hay códigos, está rota hace tiempo", deslizó una fuente del tribunal. Cerca de Lorenzetti sospechan que, con esta movida, Rosatti -con el que están enemistados a muerte- busca desactivar algunas de las acusaciones vinculadas a los chats filtrados de su vocero, Silvio Robles, y el ex ministro porteño, Marcelo D'Alessandro.
En el Frente de Todos, mientras, observan con interés esta ruptura. Atentos a si la guerra interna en la Corte podrá serles útil al momento de intentar avanzar con la destitución de algunos de los magistrados. El más complicado, por el peso de la prueba recabada en la causal de irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial, es Maqueda. Pero el cortesano cordobés -que ayer recibió el respaldo del gobernador Juan Schiaretti cuando salió a tuitear en contra del juicio político a la Corte- cumple 75 años el año que viene, la edad límite para ejercer el cargo. Lorenzetti, por otra parte, es el juez que salió mejor parado: solo fue acusado por firmar la acordada que incrementó la coparticipación porteña.
El ojo está puesto, entonces, en Rosatti y Rosenkrantz. "Cundió el pánico. Ellos habían apostado a que ganaba Bullrich y ganó Milei, a quien habían agraviado. Y ahora tienen miedo de que los diputados de Unión por la Patria y los de Milei nos juntemos para destituirlos", comentó, irónico, un diputado del FdT.
