Vanina Grosso es abogada laboralista y, junto a su familia, socia del club Náutico Sportivo Avellaneda desde hace 17 años. Participa de las asambleas, y también representa a algunxs empleadxs con reclamos laborales, así como a dos ex profesoras que sufrieron violencia machista de parte de la conducción del club. El apoderado del club, Jorge Sala, la denunció por "ejercer violencia" en una asamblea, y -sin recibir a los 40 testigos que presentó la denunciada para demostrar que no había ocurrido-, el 30 de julio le impidieron entrar, además de sancionarla con 30 meses de suspensión y prohibición de ingreso. Sus dos hijos asisten allí. La hija practica patín, y sufrió dos lesiones en este lapso, pero a Vanina no la dejaron entrar ni siquiera para asistirla. "Lo único que hice en la asamblea fue objetar que el club aumentara de manera significativa la cuota argumentando la paritaria del sindicato Utedyc, porque los profesores no están debidamente registrados y en su mayoría cobran sus salarios en negro", explicó la abogada. 

El 12 de octubre pasado, la jueza Mariana Genesio dictó una medida cautelar para que "cese todo acto de hostigamiento por cualquier medio, incluidas comunicaciones telefónicas, de correo electrónico y redes sociales", ejercido por Pablo Creolani, presidente del club; Sala, el secretario Gustavo Montemartini y el tesorero Horacio Di Paolo. Además, el Colegio de Abogados de Rosario acompaña desde agosto a la profesional, con la activación del protocolo de abordaje de situaciones de violencia por razones de géneor, a cargo de Sofía Basso y Vanesa Vargas. 

"Soy una socia que participa en las asambleas, hace unos años nos empezamos a autoconvocar socios frente a aumentos desmedidos que imponía la Comisión Directiva fundados en supuestas paritarias, habiendo tomado conocimiento de que muchos profesores del club lamentablemente se encuentran sin registro alguno o parcialmente registrados o bajo las figuras de monotributo, entonces empezamos a asistir a las asambleas a interpelar a la Comisión Directiva, a preguntarles, a oponernos a esos aumentos que eran muy desmedidos y allí empezó la persecución", relató Vanina, quien fue insultada por "un grupo de socios que generalmente son los que aprueban las medidas de la Comisión Directiva". 

En esa asamblea había muchas personas. "El control de ingreso está a cargo de dos empleadas del club y dos policías, que están parados en el ingreso de la Asamblea y las trabajadoras controlan la cuota al día y demás requisitos que se exigen para admitir la comparecencia de las asambleas. O sea que yo no tengo potestad alguna para el ingreso a una asamblea", dice la afectada por violencia motivada en género, tal como lo entendió la jueza Genesio. 

Vanina representa a dos profesoras que fueron despedidas del club, una dictaba zumba y otra natación. La profesora de zumba denunció a Creolani por violencia, ya que la insultó públicamente. "Todo este hostigamiento coincidió también con la proximidad de la audiencia testimonial en la causa de la docente de zumba, María de Belén Giorgis, en el Juzgado Laboral número 6 de Rosario. "Tenían que comparecer las testigos a partir del 16 de agosto y unos meses antes esta violencia que vengo sufriendo se intensificó. Sala fabricó una falsa denuncia en mi contra", relató la mujer, que fue recibida esta semana en la Comisión de Feminismos del Concejo Municipal. 

La sanción por 30 meses fue sin darle derecho a defenderse. "A partir de la simple presentación que hace el abogado apoderado del club, quien ofrece como único testigo a su hijo, a partir de ese momento me niegan el ingreso al club. Yo me entero que no se me permite ingresar al club en la última asamblea cuando quiero pasar mi carnet para asistir. Cuando no pude entrar, me descompuse", contó Vanina. 

Cuando quiso presentar su descargo, en forma oral y escrita, ofreció 40 testigos, pero ninguno fue citado. Por eso, concurrió también al Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y a la justicia, donde Genesio consideró que "desde un análisis preliminar y provisorio propio de toda cautelar, surge que los hechos denunciados encuadran dentro de lo normado por el artículo 26 de la ley 26.485, pudiendo afectar la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial de la actora, como así también su seguridad personal". 

Así, la jueza determinó que el club debe permitir que Vanina ingrese al club cuando deba asistir a su hija y su hijo, adolescentes. Es que no la dejan entrar al club. "Mi hija se lesionó en patín, una vez fue en la rodilla, otra vez se esguinzó la mano, pero no me dejaban entrar para asistirla. Llamé al 911y fueron los propios oficiales quienes le señalaron al señor que estaba en portería que yo sí tenía derecho ya que es mi hija menor", cuenta Vanina. 

La profesional siente que le "corrieron el piso". "No pude compartir más con mi familia,  no pude asistir a mis hijos, ni supervisarlas, ya que son adolescentes y yo debo estar, porque siempre algo necesitan y son las otras mamás las que me están socorriendo en estos momentos", reclama. También dice que esta medida del club afecta su derecho "al esparcimiento, a la salud, a las relaciones familiares y sociales, que tanto cuesta construir". Para ella, el club era como el patio de su casa, allí están sus amigas de toda la vida, vive a cuatro cuadras. 

Lo que sí siente es el apoyo de otras socias y socios: "Hay muchos que se manifiestan públicamente, a través de redes sociales, y hay muchos otros que me acompañan en la intimidad y que me manifiestan que no lo pueden hacer público por temor a represalias. Tienen un poco de miedo, pero tengo el acompañamiento tanto de los socios de las familias de los socios".