Escurridizo y sin paradero conocido, el narco uruguayo Sebastián Marset se transformó en un fantasma perturbador para el gobierno de Luis Lacalle Pou. El escándalo del pasaporte otorgado al prófugo y con pedido de captura de Interpol se completa con la saga de contradicciones y mentiras en que incurrieron varios funcionarios del presidente. El canciller renunciante Francisco Bustillo llegó a decir cuando fue interpelado en el Congreso el 22 de agosto de 2022 que desconocía quién era el jefe del Primer Cartel Uruguayo (PCU). Incluso agregó: “es uno de los tantos futbolistas que hay por el mundo”. Una verdad risueña, pero a medias. Marset había jugado en dos clubes con identidad falsa, uno de Paraguay y otro de Bolivia, y esa exposición pública lo perdió. Pero ya cargaba con un extenso prontuario que incluye la imputación de haber mandado a asesinar al fiscal paraguayo Marcelo Pecci que lo investigaba. Ese crimen cometido en Colombia en mayo del año pasado, había provocado que Gustavo Petro, el presidente electo al mes siguiente, acusara al narco más buscado de la región de haber instigado el homicidio. Era imposible que en Montevideo se desconociera ese dato. Ya se trataba de una cuestión de Estado en varios países de la región.
Nadie sabe dónde está
Marset, Luis Amorim o Gabriel De Souza Beumer – los tres nombres con que se hacía llamar según el país que frecuentara – hoy es una incógnita. Nadie sabe dónde está, pese a que su rastro es seguido por la DEA, Interpol y al menos tres países: EE.UU, Paraguay y Bolivia. El narco de 32 años residió en los dos últimos.
Mientras el gobierno de Lacalle Pou continúa sometido a fuego cruzado, en Uruguay circula la habladuría de que su pasaporte “costó unos diez millones de dólares”, le cuenta a Página/12 una fuente que sigue de cerca este caso. La oposición del Frente Amplio se encuentra en sesión permanente por las graves derivaciones institucionales que tiene el tema. Y en la propia coalición oficialista aumentan las voces críticas.
El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva – la misma fuerza del presidente – declaró: “Yo puedo parecer boludo pero no lo soy. Que me mientan en la cara no me gusta”. Para un aliado de Lacalle Pou como el exmilitar Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, “esto es un tema tan grave que el presidente ya debería estar en Uruguay, pero tendrá sus razones para no estar acá”. Se refería a la presencia del mandatario en Estados Unidos donde se reunió con su colega Joe Biden en el primer encuentro de la Alianza para la Prosperidad Económica (APEP).
Álvaro Padrón, referente del Frente Amplio en temas internacionales y ex dirigente del PIT-CNT, la central de Trabajadores del Uruguay, declaró en un espacio partidario que “ya nadie cree que fue un descuido cuando se tiene una actitud proactiva” y agregó la palabra “coima”.
Despidos y explicaciones
El presidente empezó a dar esas explicaciones a su vuelta. Se reunió con altos funcionarios de su gobierno, los principales dirigentes de su partido y de la oposición del Frente Amplio. El escándalo del narco este sábado derivó los despidos de su ministro y viceministro del Interior, Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel, respectivamente. También provocó la salida del publicista Roberto Lafluf, el principal asesor del presidente. Lafluf asesora en temas de comunicación al Partido Nacional y a Lacalle Pou desde las elecciones de 2014, cuando Tabaré Vázquez derrotó al actual presidente. También está vinculado a la Conmebol y se encontraba en Río de Janeiro para la final de la Copa Libertadores.
Este personaje es uno de los denunciados por la exvicecanciller del gobierno uruguayo, Carolina Ache, una abogada del Partido Colorado que ya había renunciado en diciembre del año pasado. Secundaba a Bustillo en Relaciones Exteriores pero mantenía una tensa relación con él. La ex funcionaria incriminó a varios funcionarios y también a Lafluf. Lo acusó de pedirle que borrara pruebas clave de la investigación: unos chats de Whatsapp donde el viceministro del Interior, Guillermo Maciel, le decía que Marset era “un narco muy peligroso y pesado”.
El escándalo
El escándalo político desatado con la entrega del pasaporte a Marset -cuando estaba detenido en Dubái en septiembre de 2021- amenaza desestabilizar la gobernabilidad en Uruguay. El narco había sido encarcelado por ingresar a Emiratos Árabes con una identidad paraguaya falsa. En aquel momento y por un trámite exprés, su abogado Alejandro Balbi, quien a su vez es presidente de uno de los dos clubes más populares del país, Nacional de Montevideo, consiguió que le otorgaran el documento. Por esa gestión el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, lo citó a declarar este lunes. Es el único que no era funcionario cuando explotó el caso. En la causa ya atestiguaron Ache, Bustillo, el ahora exministro del Interior Haber y su segundo, Maciel. En total son catorce las personas involucradas en el expediente.
Costo político
El 27 de octubre de 2024 están previstas las elecciones presidenciales en Uruguay. El Frente Amplio según encuestas difundidas en septiembre pasado, supera por 12 puntos al oficialista partido Nacional. Pero con el aporte de todas las demás fuerzas de la coalición en el gobierno (los colorados, Cabildo Abierto y el Partido Independiente) le ganan a la oposición de izquierda con porcentajes que llegan al 46 por ciento contra el 41/42. El escándalo Marset podría cambiar el estado de ánimo del electorado. Lacalle Pou no puede ser reelecto de manera consecutiva y solo tendría chances de volver al gobierno en 2029.
