El Indec informó el jueves pasado que cerca de 2 millones de personas viven en condiciones de hacinamiento crítico en Argentina. A su vez, el 6 por ciento de las personas viven en terrenos ubicados cerca de basurales, lo cual afecta a unos 2,7 millones de argentinos, y el 8,1 por ciento de la población, unos 3,7 millones de residentes, habita en zonas inundables. Los datos surgen del informe de indicadores de las condiciones de vida de los hogares para el primer semestre de 2023. PáginaI12 dialogó con dos especialistas de las ciencias sociales, Noelia Torres, del colectivo feminista Paridad en la Macro y Lucas Spinosa, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e ICSyA UNAJ, para analizar el escenario y explorar alternativas para tratar de revertirlo.
Pobreza infantil
“Es muy llamativo que el 33,3 por ciento de las personas usan la salud publica como único medio de atención, según los datos de la EPH, y sabemos que el empleo no registrado está en niveles cercanos al 37 por ciento de la población activa”, analiza Noelia Torres, economista del colectivo feminista Paridad en la Macro. “Esto es casi tautológico porque, como siempre digo, el empleo no registrado es un problema del presente entre otras cosas porque son personas que no tienen un acceso correcto a la salud o a un sistema de riesgos del trabajo, pero también es un problema futuro por la cuestión previsional”, agrega.
“Además, dentro de las personas no registradas hay más mujeres que varones. Entre las mujeres contamos a las trabajadoras de casas particulares, que en su mayoría son jefas de hogares y que asumen deudas para comprar comida y medicamentos. Es decir, aún con asistencia pública se tienen que endeudar. Entre las personas que asisten a establecimientos de salud públicos un 43 por ciento son menores de 18 años, por lo cual es probable que muchos sean hijos o hijas de esas mujeres”, analiza Torres.
“La 'buena noticia' es que pese a las altas tasas de pobreza infantil, que alcanzan el 56 por ciento, la mayoría de los y las niñas asisten a la escuela. Allí tienen un espacio de contención pese a la vulnerabilidad del hogar, y por ello también es importante la educación pública. Igualmente es preciso seguir de cerca este indicador porque en los hogares más pobres hay más demandas de cuidados no remunerados –ya sea de adultos mayores o hermanos- que muchas veces recaen en adolescentes que deben abandonar la escuela por no poder acceder a un servicio de cuidado pago”, concluye.
Diferencias territoriales
Para Lucas Spinosa, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e ICSyA UNAJ, los indicadores de la EPH “reflejan la desigualdad socio-territorial que vemos en otros indicadores a diario: cuando decimos 'la riqueza se concentra en la ciudad de Buenos Aires’, esa riqueza no es un concepto abstracto sino que significa acceso a mejor educación, mejor infraestructura, obras de mayor envergadura, etc”.
“Ese deterioro social que vemos por ejemplo en el Amba, que es una de las zonas con mayor desigualdad del país, se traslada a los grandes centros urbanos o áreas metropolitanas de ciudades cabeceras, como Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Chaco, Tucumán, etc. El fenómeno es similar: una ciudad cabecera rica y con condiciones de vida que emulan a las grandes ciudades globales pero si nos alejamos del centro esas condiciones se deterioran”, describe. “Esto ocurre por cierto descuido de los gobiernos que no destinan igual cantidad de recursos a las zonas periféricas y porque el modelo administrativo de la coparticipación no termina por compensar esas desigualdades”, agrega.
Desafíos para la política pública
En términos de desarrollo territorial, Spinosa sostiene: “Debemos repensar las distintas escalas de gobierno, por ejemplo el Amba debe tener un área administrativa que lo comprenda. Pero también empezar a ver qué pasa realmente en las periferias, cómo se vive y cómo podemos destinar allí mayores recursos, con más eficiencia y con sostenibilidad en el tiempo”. La desigualdad del regimen de coparticipación habitualmente se ilustra con la comparación entre la Ciudad de Buenos Aires y La Matanza que poseen igual población pero recursos bien disímiles.
En tanto, Torres afirmó: “Los desafíos pasan por reducir el empleo no registrado para que las personas puedan acceder a una obra social y se reduzca la deuda por medicamentos de los hogares, y el mantener la asistencia escolar de los y las niñas en los niveles actuales pensando también en algún tipo de esquema de provisión comunitaria de cuidados para miembros de la familia”. "Es necesario un Estado que organice las tareas de cuidados y que trabaje para que los argentinos y argentinas tengan empleos de calidad y pleno acceso a sus derechos", concluyó.
