La Secretaría de Derechos Humanos, organismos vinculados a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en relación con los crímenes del terrorismo de Estado y colectivos que trabajan sobre los efectos de otros genocidios que sucedieron en el resto del mundo presentaron dos proyectos de ley que buscan frenar la circulación de discursos negacionistas sobre la última dictadura y otros crímenes de lesa humanidad. Las iniciativas se sumaron a fines de esta semana al cúmulo de propuestas similares que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzó a debatir el miércoles pasado. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. y otros organismos defensores de derechos expondrán el martes sus posturas al respecto.

“Necesitamos una ley que limite los discursos negacionistas”, aseguró Carlos Pisoni, referente de H.I.J.O.S., agrupación responsable de uno de los dos proyectos de ley que proponen la modificación del Código penal para incorporar en ese cuerpo normativo al negacionismo como delito, y que se sumaron desde este viernes a otro puñado de iniciativas con el mismo objetivo.

No obstante, tanto la de H.I.J.O.S. como la que acercó la Secretaría de Derechos Humanos de Nación se diferencian del resto de las iniciativas que empezó a tratar la Comisión de Derechos Humanos de Diputados en dos puntos fundamentales. Ambas “castigan” a funcionaries públiques o candidates a ocupar ese tipo de cargos, directivos de empresas públicas e integrantes de las Fuerzas Armadas, y las sanciones son administrativas, no de prisión. “Si existiera una ley como ésta los integrantes de una de las fórmulas presidenciales, Javier Milei y Victoria Villarruel, que son funcionarios públicos en el ámbito legislativo, no podrían decir todas las barbaridades que dicen. Es fundamental que Argentina continúe con su agenda de memoria, verdad y justicia, ícono en el mundo, sancionando discursos que la niegan, como lo hicieron otros 20 países”, añadió Pisoni.

La capacitación obligatoria para les integrantes de los tres poderes del Estado en materia de derechos humanos y el proceso de memoria, verdad y justicia argentino es otro de los pilares fundamentales de ambas propuestas, que si bien no pudieron unificarse en una iniciativa de consenso en esta instancia, sus impulsores esperan que del tratamiento en la comisión legislativa surja una propuesta que aune las voluntades en un único texto. Redactores de ambas propuestas coincidieron en remarcar la unidad que existe en intención de “frenar el negacionismo”. El martes próximo, referentes de los organismos se sentarán frente a les diputades de la Comisión para exponer las razones por las que entienden necesaria la sanción de una ley como la que proponen.

Formación e inhabilitación

“Para la Secretaría de Derechos Humanos era importante generar un proyecto de consenso que accionara sobre la circulación de discursos públicos negacionistas o relativistas de los crímenes de lesa humanidad”, postuló el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. Según explicó, la iniciativa impulsada por la área que conduce surgió de una serie de reuniones de trabajo llevadas a cabo con referentes de organismos de derechos humanos, muchos de los cuales firman el proyecto –Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Familiares, APDH, APDH La Matanza, Asociación Buena memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Según amplió Pietragalla Corti, “el espíritu de la propuesta fue no sancionar con penas de prisión sino con sanciones administrativas y focalizar, en cambio, en la formación de todo el personal del Estado, ya sea quienes cumplen con responsabilidades políticas y quienes no”.

Su proyecto de ley de “formación obligatoria en derechos humanos y sanción del negacionismo” tiene como objetivo “prevenir y sancionar las conductas y discursos públicos que niegan, minimizan, justifican, legitiman o reivindican los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país; como así también los genocidios y graves crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino”.

Por un lado, establece la capacitación en la materia con carácter de obligatoriedad para “la totalidad” de les funcionaries y empleades de los tres poderes del Estado Nacional, actividad a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. Luego, propone incorporar al Código Penal la figura delictual “Negacionismo de los crímenes del Terrorismo de Estado y los genocidios” así como “la inhabilitación absoluta de cinco a diez años para ejercer cargos públicos” para todo funcionarie que “públicamente negara, minimizara, justificara, legitimara o reivindicara los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país; y/o los genocidios reconocidos por el Estado argentino, como el Holocausto o el Genocidio Armenio, entre otros graves crímenes contra la humanidad”, como posible sanción. Les integrantes de Fuerzas Armadas o de seguridad recibirían sanciones disciplinarias si incurren en esta clase de comportamiento.

Asimismo, el proyecto propone modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para que toda persona que niegue o relativiza esta clase de hechos no pueda ser precandidata o candidata, así como tampoco pueda ejercer cargos partidarios, quienes se encuentren procesados por negacionismo. Por último, también indica una modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con el objetivo de “evitar contenidos que nieguen, apologicen, minimicen, justifiquen, legitimen o reivindiquen” los crímenes de lesa humanidad que sucedieron en Argentina y otros países del mundo, postulan los fundamentos del proyecto.

El INADI como autoridad

La agrupación H.I.J.O.S es la responsable, junto con la Fundación Luisa Hairabedian y la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA –y los aportes de Abuelas de Plaza de Mayo–, de la redacción del otro proyecto que ingresó la semana pasada a la Cámara de Diputados, titulado “Ley antinegacionista por los 40 años de democracia - Dictadura Nunca Más”, y que coincide con el de la Secretaria en cuanto a la imposición de sanciones administrativas y solo para funcionaries públiques que nieguen o relativicen genocidios o crímenes contra la humanidad reconocidos oficialmente como tales por el Estado Argentino”. También propone la capacitación obligatoria en la materia para este sector.

La novedad de esta propuesta es que ubica como autoridad de control sobre la circulación de discursos negacionistas al actual Instituto Nacional Contra la discriminación, la xenofobia, el racismo (INADI), flagelos al orden democrático al que le sumarían el negacionismo. Así, la primera propuesta es sumar a las tareas de este organismos preexistente las de “elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir el negacionismo de genocidios y crímenes de lesa humanidad reconocidos oficialmente por el Estado Argentino impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin”, dice la letra del proyecto, presentado el viernes por la diputada Ana Carolina Gaillard, con la compañía de otres 14 legisladores oficialistas entre los que figuran el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky; el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez; Mónica Macha y Mara Brawer; Daniel Gollán y Leonardo Grosso; Eduardo Toniolli y Rosana Bertone entre otres. Gisela Marziotta es autora de una propuesta que propone multas económicas a quien realice declaraciones negacionistas.

“El espíritu del proyecto tiene su corazón en la educación con perspectiva de Derechos Humanos”, resumió Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S. En la educación y la formación en el área está la “verdadera herramienta”. “Necesitamos pensar en un plan nacional contra el negacionismo”, completó.

Les responsables de la iniciativa ubican su surgimiento en el simposio “Entre negacionismos, discursos de odio y sus múltiples formas de prevención”, llevado a cabo entre septiembre y noviembre del 2021 con auspicio de la UBA y su origen en lo que sucede en Argentina y otros lugares del mundo en los últimos años, “la aparición de nuevas formas de negacionismo, de la apropiación simbólica del lenguaje y de discursos de odio. Desde palabras sutiles y aparentemente inocentes hasta modos abiertamente flagrantes, en todo caso, se vuelve a poner en escena esta problemática que se decía saldada”, mencionan en los fundamentos de la propuesta.