La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio por estafas reiteradas (en 183 hechos) y asociación ilícita para ocho personas implicadas en la causa Socco Internacional.

Facundo Daniel Córdoba, Celeste Valeria Salinas, Benjamín Jesús Córdoba y Rosario Del Milagro Carrazán están acusados y acusadas de ser autores de 183 estafas reiteradas. A Córdoba se le endilga también ser el jefe organizador de la asociación ilícita que cometió estos delitos.

Asimismo, la fiscalía acusa a otras cuatro personas en calidad de coautores de estafas reiteradas, y asociación ilícita: Facundo Tobías Ruiz (a quien se le atribuyen 136 hechos de estafa), Juan Francisco Bakun (63 hechos), Matías Adrián González (139 hechos) y Camilo Romero (119 hechos).

La fiscal Salinas Odorisio consideró que en su carácter de jefe Córdoba actuó en connivencia con el resto de las personas acusadas, pero actuando cada una con distinta distribución de tareas, mediante engaños y aparentando pertenecer a una empresa seria, cometieron actos de estafa entre junio de 2019 y abril de 2022.

Estas personas ahora acusadas ofrecían construir viviendas prefabricadas mediante la suscripción de contratos, con lo que generaban mayor confianza a las víctimas. Con ese pretendido fin solicitaron importantes sumas de dinero, que fueron abonadas por las personas damnificadas, sin que se cumplieran con la entrega de las viviendas.

En el escrito de pedido de elevación a juicio de la causa, remitido al Juzgado de Garantías 5, la fiscal aseguró que Córdoba y las otras personas acusadas “actuaron a sabiendas desde el inicio de la operación de que no cumplirían". En ese sentido detalló que Córdoba, "sabiendo claramente que no cumpliría con las entregas de las viviendas, desde que recibía a los potenciales clientes, distribuía las tareas a ejecutar" con las y los demás integrantes de la organización. Y que para ello analizaban "cada detalle de lo que se hacía para evitar las consecuencias legales y realizando incluso en algunos casos cumplimientos parciales para eludir la responsabilidad penal, haciendo parecer que se trataba de meros incumplimientos contractuales, logrando captar y manipular la voluntad de personas que, movidas por la necesidad y el anhelo de obtener la vivienda propia, fueron burladas en su buena fe, buscando únicamente obtener sumas de dinero para su propio beneficio”.

Esta causa se inició a principios del año pasado, luego de que la Unidad de Delitos Complejos recibiera denuncias de personas que daban cuenta de incumplimientos en la construcción de viviendas prefabricadas en Salta y otras provincias por parte de la firma Socco Internacional. 

Distintos denunciantes detallaron que tras la firma de un contrato, que estipulaba los tiempos de obra y entrega y la obligación del adquirente de abonar las sumas solicitadas, la empresa no cumplía con la entrega de las viviendas o cumplía solo en forma parcial, y dejaba de atender a través de las distintas vías de comunicación que había proporcionado.

Al entrecruzar datos, el Gabinete de Investigaciones de la UDEC detectó que el modus operandi para captar clientes consistía en una gran actividad vinculada al marketing, creando perfiles de Facebook, Instagram y Tik Tok, con diferentes nombres comerciales como Socco Internacional, Green Energy Argentina, Nigeco, Socco Groups Consultora Inmobiliaria, Socco Inmo – Casas Prefabricadas, Plan “Vivir Mejor”, Socco Viviendas y Ngc Inversiones.

La investigación estableció que de todas estas firmas de fantasía, sólo las tres primeras se encuentran constituidas formalmente y los responsables legales varían entre los gerentes de la primera. Además, se estableció que el titular de Socco habría creado una estructura societaria designando de palabra a sus empleados como socios o gerentes de la empresa, sin que exista un documento legal que los nombre como tal inicialmente, pero rubricando poderes en los que asumen responsabilidad sobre las operaciones.