La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia para resolver un recurso de amparo presentado en 2019 por la asociación ambientalista Greenpeace a favor del yaguareté y en contra las provincias de Salta, Formosa, el Chaco y Santiago del Estero por el nivel de deforestación y la violación a lo establecido por la Ley de Bosques Nativos. 

La entidad civil ponderó en el amparo solicitado que los desmontes arrasan con el ambiente que precisa el yaguareté, especie “críticamente en extinción”, según la definición tomada actualmente en Argentina. Se estima que solamente quedan 20 ejemplares de esta especie en el Chaco Argentino, ecorregión que atraviesa las cuatro provincias demandadas.

El máximo tribuna argentino dio a estas provincias, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y a la Administración de Parques Nacionales 30 días para que respondan los plantos de los ambientalistas. 

La presentación judicial incluye una medida cautelar para que se suspenda “todo desmonte”, sea cual sea la actividad, “en zonas que hayan sido objeto de recategorización de zonificación alterando las categorias I (roja) y II (amarilla) que les habían sido asignadas en los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) en las provincias demandadas”, así como la suspensión de cualquier otra modalidad de explotación del bosque, como “manejo silvopastoril" o "manejo de bosques con ganadería integrada" en zonas categoría I y categoría II, “ exceptuándose la pequeña ganadería realizada por pequeños productores rurales e indígenas en la categoría II”.

También solicita la prohibición de la realización de nuevas recategorizaciones de zonificaciones establecidas en los OTBN que supongan “una regresión ambiental en las provincias demandadas”, y “la suspensión de toda actividad de desmonte, agricultura o ganadería en la zona de corredores biológicos de conservación en las provincias demandadas, y la prohibición allí de toda deforestación, fragmentación y degradación para permitir el normal desarrollo de la vida de los últimos 20 ejemplares de Yaguaretés del Gran Chaco argentino”.

Los ambientalistas pidieron además que la Corte Suprema convoque a una audiencia pública informativa, con el fin de contar con una mayor inmediación sobre la situación denunciada en las provincias. Se prevé que esta decisión judicial se conozca tras el análisis de los informes elevados por las partes demandadas.

A la espera de una resolución

Se estima que antes de que termine noviembre la provincia de Salta definirá un nuevo mapa de OTBN, dado que el actual se encuentra vencido desde 2014, cuando según la ley debería haber sido actualizado.

Frente a esta novedad, la jefa del Programa de Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente de la provincia, Mariana Chanampa, dijo a Salta/12 que si bien aún no hubo notificación formal de la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el trazado del nuevo ordenamiento “una de las especies que se tuvo en cuenta fue el yaguareté” para definir los colores rojo, amarillo o verde dentro de la zonificación.

Aunque hay ya publicación de al menos cinco audiencias públicas para fines de este mes y principios de diciembre, de particulares que solicitan un cambio de uso de suelo (CUS), lo cual implica deforestación, Chanampa afirmó que estos trámites se encuentran frenadas hasta culminar el proceso de actualización del OTBN. La funcionaria añadió que frente a la novedad judicial, aún después de esta actualización del Ordenamiento se continuará frenando los desmontes hasta que la CSJN resuelva el amparo. “Vamos a presentar lo que estamos haciendo y llegar a un acuerdo para preservar al yaguareté”, afirmó.

Indicó que por el momento se trabaja en un plan de monitoreo de la especie a través de cámaras trampa, y también con encuestas que permitan detectar avistamientos de pobladores de esta zona.

El negacionismo financiado

El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, criticó que el actual OTBN de la provincia de Salta vaya “desde cero” respecto de las violaciones a la Ley de Bosques Nativos y el OTBN anterior.

“Este es un mapa con muchas falencias y seguramente será impugnado judicialmente”, dijo Giardini en diálogo con Radio Nacional al indicar que una vez que salga el actual Ordenamiento la asociación que integra (que decidió no formar parte del Consejo Asesor que define el OTBN) evaluará la posibilidad de impugnación.

Frente al balotaje presidencial del 19 de noviembre, el coordinador indicó que si bien “como organización nunca nos pronunciamos respecto de a quién votar o no… cae de maduro que no hay asidero para las propuestas negacionistas respecto de la cuestión climática”. La referencia fue ante afirmaciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de “privatizar los ríos, lo que parece sacado de una película y no tienen ningún asidero”.

Giardini deslizó la crítica también a los gobiernos que discursivamente hablaron de proteger el ambiente pero no lo hicieron desde la práctica. Pero afirmó que el negacionismo del cambio climático “está comprobado que viene del financiamiento de petroleras”. Ese financiamiento también llega “a menos del uno por ciento de científicos del mundo, pero también financia a partidos políticos y pone en riesgo la democracia”, sostuvo. 

“Está comprobado que Milei está financiado por industrias petroleras que financian a un montón de partidos políticos que son negacionistas. Y todo para mantener un sistema de producción de energía que no da para más”, afirmó.