¿Cómo es la lucha de las 107 familias  que lograron frenar el desalojo de Casa Santa Cruz? 

Martes 31 de octubre de 2023. Seis de la mañana. De un lado de las vallas, 107 familias luchando por su derecho a la vivienda. Del otro, un mega operativo policial: motos, patrulleros y hasta un camión hidrante cercando toda una cuadra para iniciar un desalojo. Ni el poder ni el miedo pudieron vencer la fuerza y la unión de lxs vecinxs de la casa colectiva ubicada en Santa Cruz 140 en el barrio porteño de Parque Patricios.

Esa noche no durmió nadie, tampoco les 99 niños y niñas que la habitan, ni las personas que se acercaron de manera solidaria a acompañar la resistencia. El desalojo que había sido ordenado por el juez Jorge Virginio Cesari, a cargo del juzgado Nacional Civil N°60, respondía al pedido de Mario Ratuschny, un empresario inmobiliario que compró el inmueble a un precio irrisorio, incluso con familias viviendo dentro. Exigía que abandonen el lugar a sabiendas de que su único destino era la calle.

Una de las referentas de esta lucha es Iliana Llanos, llegó a Santa Cruz hace nueve años con una beba de cuatro meses, era eso o la calle. De a poco, al igual que el resto de les vecinos, convirtió su pequeño departamento en un hogar habitable, puso ladrillos, pintó y construyó un baño. Es una de las 350 personas que habitan el edificio de tres pisos que pertenecía a la fábrica textil SELSA, que funcionaba como un espacio de asistencia social de la empresa que quebró en 1990. El edificio permaneció abandonado hasta el 2002 cuando se convirtió en vivienda colectiva y llegaron las primeras familias que compraron unidades habitacionales por $5000 u $8000 dólares a Jacobo Scharman de la empresa Dalton S.A. Scharman desapareció y hoy en la justicia esas compras figuran como estafas.

Ese martes desde la madrugada, Iliana habló con los oficiales de Justicia, con la policía, con lxs defensores de menores, dio notas a los medios presentes y pensó nuevas estrategias para frenar el desalojo junto a sus vecines, acompañadxs además por Rosa Herrera, la abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, quien junto a un equipo defiende a las familias hace años y se puso al hombro la causa.

Durante toda la mañana del martes, Iliana solo descansó unos minutos para tomar unos mates que le convidó una vecina. Cantó y arengó a sus compañerxs sin parar, quería darles ánimo, mientras el juez se demoraba en resolver la suspensión de un desalojo que no reunía las condiciones suficientes para preservar la integridad de las niñeces, así lo afirmó la defensora Marisa Graham esa misma mañana cuando se hizo presente en el lugar.

Finalmente se llegó a un acuerdo que frenó el desalojo y llamó la atención del Gobierno de la Ciudad que durante más de 20 años ignoró a lxs vecinxs que hasta formaron una cooperativa para comprar un terreno y construir sus propias casas. La cooperativa se encuentra inscripta en el programa de la Ley Nº 341 - que garantiza el acceso a las viviendas sociales en tierras ociosas - pero según las autoridades del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) no hay presupuesto.

La lucha continúa, ahora las familias tendrán la oportunidad de buscar una solución habitacional durante seis meses con el compromiso de acompañamiento del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. Ese mismo martes a las 13 quedó firmado un acuerdo en Comodoro Py, Iliana estuvo ahí y en comunicación con Las 12 cuenta los detalles.

¿En qué consiste el acuerdo al que llegaron?

--Nosotros le hicimos dos propuestas de suspensión de desalojo al juez y las rechazó, la única forma que había de suspender el desalojo era si Ratuschny lo pedía. Planteamos si aceptaba “un contrato de locación”, la idea era pagarle por el alquiler de cada familia. En principio, pedimos que sea por un año para poder trabajar en una solución de vivienda definitiva pero Ratuschny solo aceptó por seis meses. El Gobierno de la Ciudad aceptó hacerse cargo de ese gasto. En términos económicos no estamos de acuerdo porque ya habíamos hecho dos gestiones para pedir la suspensión del desalojo y el juez dijo que no, esa fue la única opción que aceptó. Nosotros no teníamos ningún poder de gestión tampoco. El compromiso de las familias es realizar la relocalización, es decir, cumplidos los 180 días, nosotros deberíamos entregar la llave en mano con el edificio vacío.

¿Pudieron reunirse con autoridades del Gobierno de la Ciudad?

--En los próximos días tendremos reuniones con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Gobierno de la Ciudad. El lunes pasado nos reunimos con (Victoria) Tolosa Paz, fue solo una reunión de presentación. Queremos enmarcar esas reuniones en actas de acuerdos porque sino nadie se va a hacer cargo. El viernes 10 vamos a tener otra reunión más operativa explicando qué es lo que queremos las familias y cómo queremos trabajar. Obviamente que nos vamos a relocalizar en tanto y en cuanto sepamos que hay una solución definitiva a trabajar y firmada.

¿En qué consistiría esa solución definitiva?

--La solución definitiva puede ser de distintas formas como, por ejemplo, a través de nuestra cooperativa para la construcción de viviendas, pero para eso tiene que aparecer un terreno disponible donde podamos construir, que es algo que en todos estos años se nos ha negado. Nosotros sabemos que una solución definitiva no se puede hacer de un día para el otro, pero también sabemos que la relocalización de las familias va a ser por un tiempo determinado porque terminada la construcción, las familias, vamos a poder empezar a mudarnos. También sabemos que puede que no exista un terreno único donde entren todas las familias y tengamos que buscar otros, esa es la discusión que estamos dando. Nosotros tenemos un acuerdo, quien asuma el nuevo gobierno tiene que suministrar los recursos y antes del 19 de noviembre tienen que ofrecernos terrenos o soluciones, si nos dicen por ejemplo, en tal localidad hay cinco casas para relocalizar a las familias podemos empezar por ahí, es mucho más sencillo.

En la Ciudad de Buenos Aires se repiten situaciones como la que viven ustedes, debido a la crisis habitacional ¿Qué le dirías a una familia que está pasando por lo mismo?

--Les diría que las entiendo y que es muy difícil porque todos creemos que solamente nos pasa a nosotros y que, en realidad, no tenemos ni siquiera derecho a reclamar porque hay una adicción a la propiedad privada muy fuerte donde hay que respetarla y mientras trabajas doce horas de corrido, no podes sostener tu espacio para vivir, ya sea porque el hotelero te lo aumentó, porque hizo recambio o porque no tenés los recursos suficientes, incluso habiendo trabajado 12 horas en la calle. Creemos que es nuestra culpa y en realidad no lo es porque deberían existir políticas públicas para darnos una solución y algún gravamen también para esos 200 mil inmuebles ociosos que están ahí juntando polvo a la espera de vaya a saber qué. A todas esas personas les diría que no es su culpa, que están haciendo lo que pueden y que es necesario organizarse para llegar a algún tipo de respuesta. Esto no tiene que quedar solo en el peso nuestro, sino que es el Estado el que tiene que empezar a resolver las situaciones que van explotando por la crisis habitacional que venimos arrastrando hace muchos años. Más allá de que nosotros como familias luchamos, los funcionarios tienen que tener una lógica pensada para nosotros y para resolver nuestros problemas. Por otro lado, también nos pasa que hay muy pocos abogados que trabajan el eje habitacional, son pocos los que entienden qué es lo que hay que hacer en estas situaciones y si no tenemos compañeros de este lado que puedan defendernos quedamos a la deriva.

¿Cómo siguen?

--Estamos seguros de lo que queremos, si empiezan a darnos vueltas como lo hicieron durante todos estos años, vamos a movilizarnos en las calles porque hoy tenemos seis meses y cada día que pasa es un día perdido. Nosotros vamos a cumplir con la responsabilidad que asumimos para que el acuerdo se pueda dar. Vamos a ir operativizando acciones en tanto y en cuanto empiecen también a comprometerse con lo que corresponde. No es solamente que nos digan ‘se tienen que relocalizar’ y de vuelta ponernos la responsabilidad solo a nosotros. Ellos también tienen que empezar a buscar un espacio, sino quedamos solos. Tiene que haber un acompañamiento fuerte.

- Los días previos y durante el intento de desalojo fueron momentos muy difíciles pero vos estabas ahí sosteniendo a tus vecinxs ¿De dónde sacaste tanta fuerza?

--A veces no tenemos nada para perder, porque no tenemos nada. Más allá de los vínculos que vamos generando. No tenemos nada, es eso o ir a la calle y lo digo en serio. ¿A dónde nos vamos a ir? Mucha gente conoce mi casa, sabe cómo vivo, durante todos estos meses que iba avanzando el expediente fui buscando alquiler y no conseguí nada, me pedían que pague en dólares. Soy una trabajadora precarizada, pago un monotributo. Imagínate, no me alcanza en términos generales para llegar a fin de mes, mira si me va a alcanzar para pagar un alquiler. Si yo no defiendo el lugar donde estoy criando a mis hijos, no lo va hacer otra persona por mí, eso lo tengo súper claro y vamos a pelearla con la responsabilidad que conllevan todos los actos que realizamos.

Es emocionante ver la forma en la que durante estos años lograron organizarse entre vecinxs, construyeron cuidados colectivos y se convirtieron en una comunidad muy unida. ¿Eso fue la clave para resistir?

--Sí, ojalá que mucha gente deje de perder el miedo a luchar, es necesario, porque sino pasan los desalojos por goteo y no nos enteramos o cuando vamos a acompañarlos en la resistencia es porque ya llegó el oficial de justicia, se termina perdiendo esa casa y queda tapiada a la espera de que el mejor postor la compre o queda vacía. Por eso es muy importante que las familias que están en una situación así puedan organizarse, creo que es lo más importante. Obviamente tiene que haber un acompañamiento del Estado, pero también quienes estamos transitando esta situación debemos ser conscientes de que cuando hay algún desalojo o cuando se acerca una familia y nos dice ‘no sabemos qué hacer’, tenemos que acompañar.