Un grupo de empresarios turísticos nucleados en la Confederación del Turismo del departamento de Rocha, Uruguay, busca que este verano se aplique la “ley de vagancia” en ese distrito, una norma que existe hace más de 80 años en el país vecino contra la vagancia y la mendicidad, es decir, personas que no trabajen y “se entregan a la ociosidad”.
En declaraciones a medios locales, Robert Caballero, representante de la Corporación Rochense de Turismo, afirmó que los operadores piden más medidas de seguridad en el departamento a causa de los robos y la proliferación de viviendas ilegales. En esa localidad existen reconocidos puntos turísticos elegidos por los argentinos como Punta del Diablo, Valizas, Cabo Polonio, La Pedrera o La Paloma.
La ley existe desde 1941 y define a los “vagos” como aquellos que “no teniendo medios lícitos de subsistencia, no ejerzan profesión u oficio y, siendo aptos para el trabajo, se entreguen a la ociosidad”, consignó el medio local El País de Uruguay.
Por su parte, a los “mendigos” se los define como quienes “siendo aptos para el trabajo, se dedicaren -de modo habitual- a mendigar públicamente o, estando inhabilitados por invalidez, enfermedad o vejez, lo hicieren en lugares donde hubiere establecimientos destinados a asilarlos o socorrerlos; y los que vivan habitualmente de la mendicidad ajena, exploten a menores, enfermos o lisiados, o los instiguen a mendigar”.
Además, se sanciona a los “ebrios y toxicómanos habituales”, los proxenetas, “los que observen conducta reveladora de inclinación al delito” y los que “no justifiquen la procedencia del dinero o efectos que guarden en su poder” u oculten su identidad.
Qué pasaría con los infractores de la ley de vagancia
Para los que infrinjan la normativa, la ley define una serie de medidas de seguridad y sanciones, como la internación en establecimientos de régimen de trabajo obligatorio, el “aislamiento curativo”, la “obligación de declarar domicilio” o la “prohibición de residir en determinado lugar”, y el “sometimiento a la vigilancia de la autoridad”.
Sin embargo, como la ley actualmente no se aplica, estas penalidades no tienen efecto, algo que podría cambiar si la Justicia decide implementarla a raíz del reclamo de los operadores.
Antes de su reciente renuncia, el ministro del Interior uruguayo, Luis Alberto Heber, manifestó en su reciente visita a Rocha que se trata de “un buen instrumento" y que si la Justicia hace efectiva su implementación, "la policía apoyará la medida".
