El Tribunal Constitucional (TC) de España suspendió la ley del Parlamento de Cataluña que regula el referéndum sobre la independencia de la región autónoma y también el decreto que lo convoca para el 1° de octubre próximo, firmado por el Gobierno catalán.

El alto tribunal admitió los cuatro recursos del Gobierno de Mariano Rajoy contra la convocatoria de la consulta y contra otras resoluciones adoptadas el miércoles por el Parlamento catalán encaminadas a la celebración de la votación. La Corte dispuso apercibir a los 947 alcaldes catalanes y al menos 62 altos cargos de la Generalitat (el gobierno regional catalán) de su deber de no participar en la organización del referéndum.

"Esa consulta no se va a celebrar en ningún caso", había dicho más temprano Rajoy en una intervención ante los medios, en la que informó acerca de las apelaciones. "La convocatoria supone un claro e intolerable acto de desobediencia a nuestras instituciones democráticas", añadió.

Como respuesta, el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, aseguró en una entrevista al canal catalán TV3 que no teme las resoluciones del Constitucional y que mantiene los preparativos de la consulta. “Ante un tsunami de querellas habrá un tsunami de democracia", expresó. Tras el fallo del TC, ratificó el referéndum: "No suspenderán la democracia en Catalunya, ningún Consejo de Ministros, ningún tribunal", sentenció.

El Ejecutivo de Puigdemont firmó anoche el decreto de convocatoria del referéndum tras una tensa sesión en el Parlamento de la región en la que se aprobó, gracias a la mayoría de los partidos independentistas, una ley concebida para dar cobertura legal a la consulta. A pesar del fallo del Tribunal Constitucional, el legislativo regional continuó esta tarde con el debate de la "ley de transitoriedad" o “de ruptura”, que será la "norma suprema" en los primeros compases de la nueva república si gana la opción independentista en el referéndum.

Rajoy aseguró que hará todo lo necesario "sin renunciar a nada" para evitar el referéndum. Algunas voces piden al mandatario que aplique el artículo 155 de la Constitución, que en una situación extrema permite adoptar "las medidas necesarias" para hacer que una Comunidad Autónoma cumpla con sus obligaciones e incluso intervenir parte de sus competencias. El Gobierno español también podría acudir a la Ley de Seguridad Nacional, que aplicada al caso catalán permitiría al Estado nombrar funcionarios que asuman el control de la Policía regional y de los organismos públicos e incluso sustituir a los funcionarios políticos.