La Libertad Avanza se empeña en criticar los juicios de lesa humanidad

Cuando Argentina registró 1200 personas condenadas en los juicios por crímenes de lesa humanidad, desde La Libertad Avanza (LLA) lanzaron nuevas críticas al proceso de verdad y justicia. Esta vez no fueron Javier Milei ni Victoria Villarruel, sino Guillermo Francos –uno de los referentes de la fuerza de ultraderecha–. “Hay varios casos de militares que están presos desde hace muchos años sin una condena o sin juicio”, se quejó el asesor de Milei. El cuestionamiento se produjo días después de que la activista pro-impunidad Cecilia Pando pidiera una “solución” para los militares que están “ilegalmente detenidos”.

Francos es uno de los pocos voceros que quedan en pie en LLA y suena como potencial ministro del Interior si Milei gana el balotaje. En una entrevista con Radio 10, le preguntaron si se contemplaba un indulto para los represores a quienes desde sectores afines llaman “presos políticos”. Francos no habló sobre cuál será la política de LLA frente a los detenidos por crímenes de lesa humanidad, pero sí procuró decir que Villarruel no aboga por los represores –días después de que Página/12 publicara una foto de Enrique García Medina en la que se la veía compartiendo una marcha con Pando en la que se pedía por una “Navidad sin presos políticos” en la puerta de los tribunales de Comodoro Py.

“Yo siempre entendí que la posición de Victoria estaba referida a un tratamiento igualitario entre las víctimas de la represión ilegal del Estado durante la dictadura militar a las víctimas de la subversión. Me parece que ella orientó su propuesta a esto, que es una cuestión de absoluta lógica”, dijo Francos equiparando el accionar de los grupos político militares de izquierda con el plan de exterminio implementado desde el Estado a través de más de 700 centros clandestinos. “Que se considere presos políticos a los condenados por delitos de lesa humanidad no creo que sea para nada una visión de Victoria Villarruel”, dijo.

“Hay varios casos de militares que están presos desde hace muchos años sin una condena o sin un juicio. Ése tal vez haya sido el planteo que puede haber hecho Villarruel”, continuó Francos. “Es un problema de nuestra justicia, que ha sido incapaz de resolver una cantidad de casos que están pendientes –en un sentido o en otro. No estoy diciendo que sean inocentes ni culpables. Estoy diciendo que les consta que hay muchos casos de gente que está detenida sin proceso ni cuestionamiento concreto. Habiendo pasado tantos años, es increíble que todavía tengamos esta situación”, se quejó Francos.

Después del Juicio a las Juntas Militares y de las investigaciones impulsadas durante el alfonsinismo, el proceso de verdad y justicia se vio interrumpido por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida – a las que después se sumaron los indultos. Los juicios se reanudaron en 2006. Desde entonces, son 1200 los genocidas que fueron condenados –de acuerdo a lo que informó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación después de que se dictara la sentencia por la Brigada de Infantería de Corrientes. El número fue considerado un hito en un proceso que es reconocido en el mundo por la oficina que conduce Horacio Pietragalla Corti.

Milei inicialmente salió a decir que no consideraba un indulto para los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo que provocó la ira de Cecilia Pando y sectores afines –que le recordaron a Villarruel cuando iba a la cárcel a solidarizarse con quienes desaparecieron, torturaron y se apropiaron de los hijos de sus víctimas. En busca de congraciarse con esos grupos, Villarruel aprovechó una entrevista para declarar que en los juicios de lesa se habían violado las garantías constitucionales al aplicarse la ley penal retroactivamente.

“Victoria Villarruel es una activa militante por la impunidad de los genocidas. La forma de militar la impunidad, en su caso, es la deslegitimación del proceso de justicia que nuestro pueblo ha logrado. Lo hace desde la apropiación del discurso humanitario, por eso habla de presos políticos o de violación de las garantías, intentando una falsa igualación entre los genocidas y sus víctimas”, dice la abogada querellante Guadalupe Godoy, que integra la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). “Ojalá hubiéramos podido juzgarlos hace 40 años, pero ellos procuraron su impunidad y la sostuvieron a fuerza de ataques a la democracia”, afirma.

“Equiparar crímenes de Estado con crímenes comunes es una ignorancia supina, que, además, desconoce toda la jurisprudencia”, responde, por su parte, Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. “Nosotros nos hemos quejado muchas veces por las demoras en Casación y en la Corte. En general, el cuello de botella se produce en Casación, donde tenemos muchos criminales condenados pero sin condena firme. La falta de celeridad en los juicios es algo que siempre hemos denunciado, así que celebramos que desde ese lugar pidan un juicio rápido, que, en definitiva, es lo que nosotros estamos solicitando a más de 40 años de los hechos, sobre todo porque hay víctimas que murieron y no tuvieron justicia”.

Para la diputada del FIT-U Myriam Bregman, lo que planteó Francos es una contorsión de la realidad. “Francos debería saber que si los procesos se están realizando ahora es porque hubo años de impunidad y que, en la demora de los mismos, tienen responsabilidad la miles de maniobras que los genocidas intentan diariamente y que extienden los procesos hasta el infinito. Al revés de lo que él dice, somos los querellantes y las víctimas quienes peleamos por la celeridad y la concentración de los procesos, contra la fragmentación y las dilaciones”, afirma.

“Lo que quiere Villarruel es la impunidad de los genocidas, por eso ataca a los que siempre luchamos por terminar con ella y acompaña a los peores criminales de nuestro país. Son los mismos que siguen sin decirnos dónde están los desaparecidos ni dónde están los niños apropiados y que cada día renuevan sus crímenes”, agregó Bregman.

En esa misma línea se pronunció el diputado nacional Eduardo Toniolli. “En la última sesión de Diputados, le pedí a Villarruel que, cuando visite a sus amigos genocidas en la cárceles, les pregunte dónde están los cuerpos de nuestros compañeros. Hoy me entero que frecuenta a Juan Daniel Amelong, condenado por la desaparición de mi viejo”, escribió en su red X (exTwitter). Amelong –que, además, es abogado– escribió un libro con Alberto González en el que impugna los juicios de lesa humanidad. González es el represor de la ESMA a quien Pando señaló como el ghostwriter de Villarruel.