Siete de los nueve militares y gendarmes retirados que llegaron a juicio por haber formado parte de las patotas represoras gerenciadas desde la Brigada de Infantería 7ª durante la última dictadura fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal de Corrientes les impuso penas de entre 4 y 25 años de prisión, mientras que absolvió a los otros dos acusados. “Fue importante haber logrado las condenas que logramos, es una manera de reparar una deuda histórica con las víctimas”, evaluó el fiscal federal Flavio Ferrini.

Desde el Tribunal Oral Federal de Corrientes, los jueces Fermín Ceroleni, Juan Manuel Iglesias y Eduardo Belforte consensuaron el lunes un veredicto para dar por concluido el juicio oral y público que desde agosto pasado juzgó a 9 integrantes retirados de las fuerzas militares y de seguridad implicados en secuestros y torturas de más de 100 personas víctimas del genocidio de la última dictadura. Los acusados cumplían funciones en la Gendarmería y el Regimiento de Infantería número 7 de Corrientes, donde funcionaba el Comando de la Brigada VII del Ejército, el epicentro de la planificación y ejecución del plan sistemático de represión ilegal durante la dictadura en lo que fue la subzona militar 23.

El TOF impuso penas para siete de los nueve acusados que transitaron el debate, en un veredicto que planteó diferencias con el alegato presentado por el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Los jueces dedicaron las penas más duras de su fallo al capitán retirado Juan Carlos De Marchi y al coronel retirado Horacio Losito, a quienes impusieron 25 años de encierro. Para el comandante de Gendarmería retirado Raúl Reynoso, la pena fue de 18 años. Los tres habían recibido la misma pena en el juicio que se realizó en 2008 por las violaciones a los derechos humanos sucedidas en el regimiento de Infantería número 9 de la provincia, por lo que el actual tribunal decidió unificarles la pena. Para la Fiscalía, estos tres acusados debían ser condenados a 25 años.

Para el general retirado del Ejército Eduardo Antonio Cardoso, la condena fue a 15 años de cárcel y para el coronel retirado Raúl Harsich, a 8. La Fiscalía había pedido 25 años para cada uno. Para el coronel retirado Abelardo De la Vega el castigo fue de 12 años de encierro, tres años menos que lo solicitado por la acusación pública. El sargento ayudante de Gendarmería retirado Pedro Armando Alarcón fue condenado a 4 años de cárcel, cuando la Fiscalía había considerado que merecía 12. Se trata de la primera condena por delitos de lesa humanidad que recibieron todos estos represores.

Por último, el TOF decidió absolver al teniente coronel retirado Alfredo Farmache y al comandante principal de Gendarmería Abelardo Palma. Para ambos la Fiscalía había considerado 10 y 4 años de cárcel respectivamente. Desde la Fiscalía aguardarán a conocer los fundamentos del veredicto, que sucederá el lunes próximo, para evaluar posibles apelaciones.

El juicio que derivó en las condenas y absoluciones mencionadas revisó la participación de los acusados en operativos que derivaron en secuestros y torturas de un centenar de personas en diferentes centros clandestinos de la provincia, como el propio Regimiento 9, la Jefatura de la Policía de Corrientes, comisarías o destacamentos rurales. La mayoría de las víctimas tenidas en cuenta en el debate nunca antes habían tenido la oportunidad de llevar sus casos ante la Justicia. En ese sentido, Ferrini ponderó el veredicto más allá de las diferencias con lo solicitado por su acusación –que compartió con los auxiliares fiscales Juan Pedro Resoagli y Diego Vigay–: “Fue importante porque se logró condenar a quienes hasta ahora no habían dado cuenta de lo hecho. Y también se pudo escuchar a víctimas que hasta ahora no habían podido tener su juicio”, completó.

Al momento de la instrucción, la intención era poder reconstruir la estructura e la Brigada VII. “Lamentablemente no hemos llegado a dar respuesta en ese sentido ya que la mayoría de los integrantes de la Brigada fueron apartados”, mencionó Ferrini. Esta causa estuvo lista para ser revisada en juicio oral y público en 2018. En el transcurso de la investigación, murieron cinco acusados: José Oscar Guastavino, Roberto Romeo Bin, Aldo Solís Neffa, Jorge Levatti y Julio Maidana. A la espera de comienzo del juicio oral, fueron apartados por incapacidad sobreviniente los exmiembros del Ejército Julio Barreiro y Cyris Dalmis Marcelo Feü, Eduardo Gómez y Juan Carlos Ibarrola. La primera audiencia del debate uno más quedó afuera el exjefe de inteligencia de la VII Brigada, José Emilio Mechulán.